Por: Dra. Ylsel Areli Gutiérrez Alonso
Integrante de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 6 billones 304 mil 452 millones de pesos, monto que representó una desaceleración real anual de 2.8%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El resultado refleja un debilitamiento en la estructura de los recursos públicos, particularmente por el comportamiento de los ingresos petroleros y la menor aportación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque la recaudación tributaria consiguió mantenerse en terreno positivo, con una mejoría marginal de 0.7%, su desempeño estuvo condicionado por el dinamismo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los gravámenes al comercio exterior, que contrarrestaron parcialmente el rendimiento desfavorable de otros componentes.
La configuración de los fondos evidencia dos tendencias contrastantes: las rentas petroleras supusieron el 12% del total y retrocedieron 21.5% en términos reales; mientras que los no petroleros, responsables del 88% restante, avanzaron apenas 0.4%.
Dentro de la categoría de los no petroleros, los tributarios sumaron 4 billones 292 mil 633 millones de pesos. Sin embargo, detrás de esta estadística se encuentra una creciente disparidad entre los principales instrumentos.
ISR: OCHO MESES CONSECUTIVOS EN TERRENO NEGATIVO
El Impuesto Sobre la Renta, la fuente más importante de ingresos tributarios del Gobierno Federal acumuló 2 billones 205 mil 168 millones de pesos entre enero y septiembre, exponiendo un decremento real anual de 5.3%. Se trata de uno de los registros más adversos dentro del esquema hacendario, debido a que este gravamen concentra poco más de la mitad de los recursos obtenidos por concepto de impuestos.
De acuerdo con la SHCP, el retroceso del ISR obedeció fundamentalmente a menores pagos de personas morales, particularmente por la conducta de las declaraciones anuales de empresas presentadas durante marzo. No obstante, este factor no debe analizarse de manera aislada, pues también existen señales que apuntan a una debilidad estructural en la incorporación de empresas y trabajadores a la economía formal.
Al cierre de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contabilizó 1 millón 8 mil 760 patrones, una reducción anual de 2.9%. Si bien el Instituto ha señalado que parte de esta variación responde a procesos administrativos de depuración y actualización de registros, limitar la explicación a estos factores deja de lado un problema de mayor alcance: la insuficiente formalización de la actividad económica en el país.
El mercado laboral mexicano preserva una elevada dependencia de actividades informales. Durante el segundo trimestre de 2026, el INEGI estimó la tasa de informalidad laboral en 55.1%, lo que significa que más de la mitad de la población ocupada trabajó sin acceso a la seguridad social o bajo esquemas laborales que no reconocen formalmente su relación de trabajo.
Esta situación constituye una limitante para ampliar la base de contribuyentes, dificulta la incorporación de unidades económicas al padrón fiscal y restringe el potencial de los recursos públicos provenientes de la actividad productiva. La dimensión de esta situación evidencia que la formalización económica sigue siendo una asignatura pendiente para las finanzas públicas.
En septiembre, la percepción por ISR se contabilizó en 208 mil 352 millones de pesos, lo que supuso una caída anual de 1.9%. Con esto suman ocho meses consecutivos de variaciones reales negativas. Después del progreso de 14.4% presenciado en enero, los resultados fueron a la baja en febrero (-6.3%), marzo (-16%), abril (-12.9%), mayo (-3.8%), junio (-8.4%), julio (-4.8%), agosto (-2.5%) y septiembre (-1.9%).
La trayectoria sugiere una moderación gradual de las pérdidas, particularmente después de las contracciones de dos dígitos observadas durante marzo y abril. Sin embargo, la persistencia de tasas negativas mantiene el riesgo de que el ejercicio cierre con un desempeño inferior al del año anterior.
A este panorama se suma el rezago frente a las previsiones presupuestarias. De acuerdo con el calendario mensual de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, para septiembre se contemplaba una recolección acumulada de 2 billones 342 mil millones de pesos por concepto de ISR. Frente a ello, lo recaudado efectivamente representa un faltante de alrededor de 137 mil millones de pesos.
En consecuencia, para alcanzar el objetivo anual de 3.07 billones de pesos, durante el último trimestre será necesario acelerar el ritmo de captación, en un contexto en el que el instrumento tributario todavía no muestra una recuperación sostenida.
EL IVA Y LAS IMPORTACIONES SOSTIENEN EL AVANCE TRIBUTARIO
En contraste con el ISR, el IVA se consolidó como el principal soporte tributario. En el periodo estudiado aportó 1 billón 335 mil 770 millones de pesos, con un avance real anual de 12%, el mayor para un periodo similar desde 2021 cuando se expandió en 13.5%.
Asimismo, la cifra superó en aproximadamente 144 mil millones de pesos lo previsto en el programa presupuestario, lo que refleja un rendimiento superior a las expectativas oficiales. Su evolución adquiere especial relevancia porque permitió compensar parcialmente la menor aportación del ISR y sostener el saldo positivo de los ingresos en su conjunto.
Otra variable favorable fue la correspondiente a los impuestos a las importaciones, que totalizaron 143 mil 716 millones de pesos, con un crecimiento anual de 10.1%. Convirtiéndose en la captación más alta para un periodo similar desde 1990, año en el que comienza la serie histórica de la SCHP.
Esta evolución estuvo respaldada por la actualización de los aranceles aplicables a más de 1,400 productos provenientes de países con los que México no mantiene tratados comerciales, así como por el fortalecimiento de la vigilancia y el control aduanero. Entre los países alcanzados por las modificaciones aduanales se encuentran China, Corea del Sur, India, Rusia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Turquía, Taiwán y Sudáfrica.
A pesar del récord, el monto presenta una diferencia respecto a las previsiones presupuestarias: el observado por este concepto quedó 44 mil millones de pesos por debajo de lo programado. Hacienda atribuyó esta brecha a la apreciación del peso, que redujo el valor en moneda nacional de las importaciones sujetas al gravamen.
En tanto, el IEPS distinto de combustibles aportó otro elemento positivo, con un aumento del 10.4%. Esta trayectoria ayudó a amortiguar parcialmente el deterioro en el rubro aplicado a gasolinas y diésel.
ESTÍMULOS A COMBUSTIBLES PRESIONAN EL IEPS
En sentido contrario, lo compilado por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios disminuyó 2.3% durante los primeros nueve meses del año.
La principal presión provino del gravamen aplicado a gasolinas y diésel, que decreció en 9.2%. En un entorno de tensiones geopolíticas y encarecimiento de los energéticos, que han presionado las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, el Gobierno ha recurrido a la aplicación de estímulos fiscales a través de la reducción de las cuotas efectivamente cobradas por litro para moderar el impacto de los precios internacionales de los combustibles sobre los consumidores.
Un ejemplo de ello se documentó durante la semana del 12 al 18 de septiembre, cuando Hacienda estableció estímulos de 51.43% para la gasolina regular, 45.69% para la gasolina premium y 100% para el diésel.
El impacto sobre las finanzas públicas fue particularmente visible en septiembre. Durante ese mes, los ingresos por IEPS a gasolinas y diésel se ubicaron en 24 mil 900 millones de pesos, frente a los 40 mil 930 millones obtenidos en septiembre de 2025. La diferencia correspondió una pérdida de 16 mil 30 millones de pesos y una pérdida real anual de 39.2%.
De los nueve meses transcurridos, seis presentaron variaciones negativas. Aunque el primer trimestre mostró un comportamiento alentador, a partir de abril se consolidó una trayectoria descendente que alcanzó su punto más pronunciado en septiembre.
El efecto de estos estímulos plantea un dilema para la política fiscal: por una parte, permite amortiguar el traslado de los incrementos internacionales de los combustibles a los precios internos; por otra, reduce las entradas que el Gobierno podría recabar mediante este gravamen.
FINANZAS PÚBLICAS BAJO PRESIÓN
El balance de los primeros nueve meses de 2026 muestra que el problema de las finanzas públicas no radica en una disminución generalizada de todos los impuestos, sino en la pérdida de dinamismo de algunos de sus elementos más importantes.
La situación plantea un desafío para la sostenibilidad de los ingresos públicos: depender en mayor medida de la evolución del consumo y del comercio exterior puede generar vulnerabilidades si estos componentes pierden impulso, particularmente cuando el principal gravamen directo no consigue recuperar su trayectoria.
De mantenerse estas tendencias, el Gobierno Federal enfrentará la necesidad de fortalecer el cumplimiento tributario, mejorar la eficiencia de la fiscalización y ampliar la base de contribuyentes, sin depender exclusivamente de los resultados favorables de determinados impuestos para compensar las debilidades del resto del sistema.
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