Por: Telma Herrera

Hay historias que no deberían ocurrir pero que, cuando suceden, terminan exhibiendo mucho más que un acto de crueldad. El caso de Rocky, ocurrido en Saltillo, Coahuila, es una de ellas.
Todo comenzó el sábado 18 de julio de 2026, cuando se dieron a conocer videos en los que se observa a un perro de aproximadamente 14 años, de raza Gran Pirineo, atado a una camioneta y arrastrado en el fraccionamiento Villas de San Miguel. Las imágenes provocaron indignación entre vecinos, ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales.
Rocky fue trasladado de emergencia a una clínica veterinaria, donde recibió atención especializada; sin embargo, sus lesiones fueron demasiado graves. El miércoles 22 de julio, a las 9:05 de la mañana, perdió la vida a consecuencia de un trauma medular agudo y daños neurológicos irreversibles.
La indignación no tardó en cruzar las fronteras de Coahuila. El caso llegó a medios nacionales y redes sociales, donde figuras públicas como Luisito Comunica, Laura Bozzo, Andrea Legarreta, Lupita Jones y Fátima Bosch expresaron su rechazo y exigieron justicia. Lo que comenzó como una denuncia ciudadana terminó convirtiéndose en una causa que movilizó a cientos de personas.
Pero ¿por qué este caso tuvo semejante repercusión?
Quizá porque las imágenes dejaron al descubierto un sufrimiento que nadie podía ignorar. Porque Rocky no podía defenderse, no podía explicar lo que estaba viviendo ni pedir ayuda con palabras. Y porque miles de personas entendieron que el maltrato animal no es un asunto menor ni una simple diferencia entre propietarios y mascotas: es un problema de violencia que debe tener consecuencias legales.

Hay otro aspecto que merece una reflexión: durante mucho tiempo se ha asociado el maltrato animal con sectores de escasos recursos, como si la crueldad dependiera de la condición económica o del nivel social. El caso Rocky obliga a cuestionar ese prejuicio. La violencia no distingue clases sociales, y tener dinero, propiedades, relaciones o una posición privilegiada no convierte a nadie en una persona incapaz de cometer actos de crueldad.
La justicia tampoco debería distinguir entre unos y otros.
Hoy, a casi cuatro meses de aquellos acontecimientos, el caso continúa en los tribunales. Liliana “N”, señalada como presunta responsable, fue detenida el 21 de julio y permanece bajo prisión preventiva. El pasado 10 de noviembre, una jueza rechazó nuevamente la solicitud de la defensa para que pudiera continuar su proceso en arresto domiciliario.
Y aquí hay algo que no debemos perder de vista: no se trata de negar derechos ni de desconocer la importancia de una familia, sino de comprender que las decisiones judiciales deben sustentarse en la ley, en los riesgos procesales y en las pruebas, no en la posición económica ni en la presión de determinados sectores.
Rocky ya no está. Sus restos fueron entregados en noviembre, pero su historia sigue presente. Y mientras el proceso judicial continúa, también permanece una exigencia ciudadana: que este caso no termine convertido en una noticia pasajera.
Porque si algo debe quedar claro después de Rocky es que ningún animal merece ser víctima de la crueldad humana y que ninguna influencia, apellido o posición económica debería estar por encima de la justicia.
Rocky no puede volver, pero su historia todavía puede servir para cambiar la manera en que una sociedad protege a quienes no tienen voz.

Rocky debe tener justicia