Pretende embargar bienes a 180 mil familias.
El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Ismael Ramos, convertido en gran inquisidor dio inicio a la persecución “legal” de los deudores que tiene el estado en materia de derechos vehiculares.
La medida recaudatoria fue ordenada para fortalecer la menguada economía del estado que le impide hacer frente a sus compromisos más urgentes, incluyendo pagos a contratistas de obras públicas en proceso.
A pesar que se le hizo ver al Inquisidor moderno que son tiempos en que la gente tiene encima los gastos de escuelas, útiles escolares y uniformes, el tesorero giró la instrucción de embargar a los propietarios de 180 mil vehículos que tienen adeudos con la administración de Rubén Moreira Valdez. Las medidas que se adoptarán son o se decomisa la unidad cuyo propietario no tenga los pagos en regla o se inician procesos de embargo contra los deudores.
Sin dar oportunidad a convenios o negociación alguna y exigiendo el total del adeudo, más los respectivos intereses, en un hecho voraz del encargado de administrar (Pase a la página 2) los dineros de los coahuilenses.
Según el Gran Inquisidor Coahuilense, los deudores tuvieron muchas oportunidades para liquidar sus adeudos y ya se les terminó el tiempo y con ello los programas de apoyo a los contribuyentes vehiculares que se pusieron en marcha el año pasado.
Ramos Martínez aseguró que se brindaron importantes estímulos a quienes pagaron a tiempo y más meses de lo establecido en la ley para recibir pagos fuera de tiempo sin ningún recargo.
Sin embargo, se tuvo conocimiento que los supuestos “arreglos” que tuvo la autoridad fiscal con los deudores incluía abusivos contratos que mañosamente manejan en UDIS, lo que hace impagables las deudas que se tienen con el estado.
De esta forma inició la cacería de deudores, 180 mil en total que encuentran irregularidades y adeudos de impuestos en sus automóviles. Entre esas anomalías están el no contar con placas, circular con placas vencidas, como las rojas que perdieron vigencia hace tres años y las de números verdes que ya no tienen validez oficial desde el año pasado.
El Gran Inquisidor solicitó el apoyo de la Policía Estatal y de las corporaciones policiacas municipales a fin de proteger a representantes de la Administración Fiscal General quienes les indican qué vehículos motorizados deben ser incautados y enviados al corralón hasta que sus propietarios acudan a liquidar los adeudos contraídos con la tesorería General de Coahuila y, en caso de no hacer la liquidación respectiva se analiza la posibilidad de ponerlos a remate para recuperar los recursos que deben ingresar a las arcas estatales.
Lo grave del caso es que el Inquisidor Ramos trata a los deudores de placas como si fueran vulgares delincuentes y les arrebata sus propiedades en hechos a todas luces ilegales mientras que esconde y calla todo lo relacionado en torno a los criminales de cuello blanco que saquearon a Coahuila en el sexenio pasado, en donde, para variar, también era funcionario estatal.
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