Tolera el gobierno la existencia de infractores de leyes

GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Sucede que la Carta Magna, la Constitución General de la República, consagra diversos derechos a los mexicanos y los habiantes del país, aunque no tengan esa nacionalidad.
Es la primera garantía la libertad y en seguida la educación que será gratuita para la primaria y laica, es decir sin información y adoctrinamiento religioso; la igualdad está ante la ley de mujeres y hombres; la facultad de dedicarse a actividades lícitas que se desee limitada por los derechos de terceros; el derecho inalienable a la retribución por el trabajo, salvo contadas excepciones como las derivadas de acciones legales, el de las armas, las de jurado y cargos consejiles, electorales y censales; libre expresión de ideas, o de escribirlas siempre con el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública; derecho de petición y obligación de la autoridad de dar respuesta pronta.
Y hasta aquí lo expresado en esa magna ley hasta su artículo 10, exclusivo, de lo cual nacen una serie de inquietudes, como que una parte importante de la eduicación es proporcionada por particulares mediante pagos y en los planteles gubernamentales, de antaño y bajo el esbozo de asociaciones de padres de familia, se solicitan cuotas, muchas veces voluntarias para atender a los educandos. Por supuesto que se viola el requisito de impartir educación laica pero eso lo sabe la autioridad desde hace mucho tiempo.
De gran interés resulta la lectura de la Constitución, de lo que derivan sorpresas en cuanto a lo que se debe atender, a cuanto no se ha cumplido y lo que falta parfa lograr lo que los constituyentes pensaron necesario.
Es patente que varias leyes se han modificado y no prcisamente para bien general; igualmente que leyes derivadas o secundarias han limitado los beneficios del mismo caracter general, como serían los del fuero, a manera de ejemplo singular, pero hay mucho más.
Sobre la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, es de comentar que no existe la igualdad de oportunidades lo mismo dentro del sector público que con relación al privado y lo corrientes es que por igual trabajo se castigue la remuneración a las mujeres pero, en lo general, también es importante la discriminación hacia los pobres, más grave que la existente para credos y colores, generalmente aparejada la pobreza con la deficiente escolaridad y preparación, con los resultados naturales de mayor pobreza.
En cuanto a la libertad para dedicarse a cualquier actividad lícita, parece real, el problema es que no hay disponibilidad de actividades permitidas, como consecuencia de la incapacidad del sistema económico para generarlas, de una parte y la multitud de trabas burocráticas para hacerlo, y la persecusión fiscal permanente.
El nuevo elemento que obstruye el establecimiento de nuevas o adicionales actividades económicas, es la inseguridad, la extorsión de criminales organizados o clandestinos sin organización, que gravan fuertemente a los productores, los amenazan y en no pocas ocasiones desplazan y amedrentan a los elementos activos.
Se señala jurídicamente el derecho a una remuneración adecuada, lo cual no se respeta, porque no se paga al trabajador lo necesario para que viva cómodamente, cubra sus necesidades básicas y tenga algo para proteger su futuro y aun disponga de algo para diversiones «honestas»; como consecuencia, los trabajadores mexicanos resultan ineficaces en cuanto a consumidores, para las necesidades nacionales.
Los empresarios, siempre ha habido algunos, amasan fortunas a costa de los intereses económicos de los productores nacionales. De una parte, venden materias primas privando de ello a la industria nacional; por otra comercian comprando barato en el extranjero para hacer competencia desleal a los productores locales. La labor de los cobradores de impuestos resulta ineficiente para equilibrar los precios «nacionales» con los de mercancías producidas en el extranjero.
Ninguna ley establece la posibilidad de fijar el nivel conveniente de los sueldos, además de que se deberían revisar seguido, para garantía del mercado y de los trabajadores. La moderna tecnología desplaza obreros bajo la idea de que tener menos trabajadores permite bajar costos y elevar utilidades, pero el mercado pierde clientes.
Por una parte los empresarios utilizan medios de ahorrar mano de obra que aumenta las vacantes y en el mismo sentido en el gobierno y los laboratorios impulsan la salud y la longevidad, es decir que luchan con bastante éxito en aumentar la masa poblacional, la laboral por supuesto, pero hasta ahora sin conseguir aumentos en el número de plazas ocupadas y de alto rendimiento.
La crisis de sobreproducción y subconsumo seguirán sucediendo y el dinero disponible para pensiones y jubilaciones se contrae relativamente, al no incrementarse el número de trabajadores en activo y cotizando, problema que afecta prácticvamente a todo el planeta.
Cabe mencionar por supuesto que el gobeirno mexicano ha trabajado por aparecer con una mano de obra barata, para atraer empresas extranjeras «con su tecnología elevada (que bien podría comprarse de una vez, lo que significa menor poder de compra de los trabajadores activos, mercado endeble, sistema pensionario en decadencia y en peligro de quiebra.
Y la inversión extranjera directa es relativamente favorable, si se compara con las inversiones del sector público, desligadas del aumento en producción y productividad y por tanto, impagables. Es posible que, como se pregona, dejen tecnología, disciplina laboral, pero su ámbito de influencia es reducido y alejado de la necesidad de generar los famosos empleos formales adicionales por año, de un millón cada año, lo que no se logra hace décadas y jamás se compensará.
La ley fundamental supone, por otra parte, la propiedad privada, particular, el patrimonio de cada quien, además de prohibir casi terminantemente la pena de muerte.
Y el guardián de la gente es el gobierno al través de las leyes, pero acontece que por diversas razones, con diversas explicaciones, tolera la existencia de infractores de las leyes, particularmente contra la integridad de las personas y sus pertenencias.
Grupos criminales, llamados delincuentes organizados, toman a su cargo la libertad personal, secuestrando y torturando, tomando sus bienes, actividad criminal, delicitiva, que va en aumento a pesar de las crecidas inversiones pecunarias, de esfuerzos y aun de vidas de civiles y de los propios agentes del orden.
La delincuencia no organizada también ha tomado su parte y creciente del patrimonio social, vidas y haberes.
La fuerza oficial desplegada ha sido, hasta ahora, insuficiente con lo que los ganadores son los delincuentes y la sociedad dañada es la perdedora.
El ambiente general es de temor y propicio a la inactividad, el resultado de la impunidad resultante incrementa la delincuencia y la desocupación incita a dejar de lado los valores que caracterizaron la sociedad mexicana.
La prohibición de tener armas se agudiza, pero solamente la sociedad civil parece respetarla. El delito en esta materia que se mencona es el de castigar o procesar al menos a los que encuentran en posesión de armamento exclusivo para las fuerzas armadas, es decir el resto de armas parece tolerado, aunque se persigue a los particulares, en multitu de casos, ignorando, haciendo caso omiso de la respetabilidad de los hogares. La sospecha se ha vuelto pretexto para la invasión de los derechos particulares.
Porque en vez de la investigación, de la persecusión selectiva, se continúa con la práctica policial adoptada por Calderón de su presidencia: la guerra.
COMISIONADOS
Los designados para una labor determinada son considerados capaces para desempeñarla adecuadamente, mejor que otra persona cualquiera.
Pero, tenía que haber un pero, en México sucede que no se toman en cuenta sus antecedentes, la experiencia en tarea tan importante que requiera hacer el nombramiento de una persona para realizar lo que no se había solucionado.
Los casos suman millares, pero el mas reciente , a mediados de octubre del 2014, es de llamar la atención.
Mada menos que el colegio de veteranos, léase por favor, Senado de la República, designó a una persona bien calificada en diversos aspectos y a sus colaboradores, a una comisión para investigar el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que cuando hacía manifestaciones que nada tenían que ver con sus estudios para mentores, fueron secuestrados hacía cerca de dos semanas y no se sabe hasta ahora de su paradero.
Al jefe d ela comisión, entrevistado por periodistas, se le cuestionó sobre su calificación para la investigación y declaró que su carrera política y administrativa y académica era amplia.
Pero quedó bien claro que ni esa persona ni los demás respetables integrantes de la importante comisión tenía experiencia alguna en materia de investigación.
De donde los resultados, como en cientos de casos parecidos, son previsibles, sin que se necesite leer las cartas o consultar las bolas mágicas.