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Ley mordaza y mordaza sin ley

ruben1LEY MORDAZA: Ley mordaza es un término con el que se califica una ley para criticar lo que perciben, como la restricción de libertades tales como la de expresión y de información.
MORDAZA SIN LEY: Es la aplicación de medidas arbitrarias y acciones de presión para evitar que los periodistas cumplan su función de mantener informada a la sociedad porque al hacerlo lesionan los intereses abusivos de quienes gobiernan, como sucede en el caso de Coahuila, donde se ha informado a la opinión pública los abusos del gobierno hacia los ciudadanos al arrebatarles sus bienes, el manejo «privado» de los recursos del estado para favorecer al pequeño grupo de poder que encabeza Rubén Moreira y ahora los abusos cometidos por los policías de élite que tiene el estado bajo su mando, como son los GROM y los GATES, mismos que se han visto inmiscuidos en desaparición forzada de personas, secuestros, crímenes y abusos al por mayor causando pánico y desconcierto entre la sociedad que es a la que supuestamente protegen y le brindan paz y tranquilidad.
En esta ocasión la Mordaza sin Ley se aplica en el Estado mexicano de Coahuila para reprimir cualquier acto de manifestación impresa en medios informativos, tanto electrónicos como impresos y los periodistas que hemos sido críticos con el Gobierno del Estado, somos perseguidos y acusados como narcoperiodistas por denunciar los excesos en los que han caído las diferentes corporaciones de policía del estado.
Este calificativo de narcoperiodistas fue expresado en una entrevista a representantes de diferentes medios informativos por el propio Secretario General de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, a manera de iniciar una persecución en contra de los periodistas que hemos denunciado la corrupción del gobernador Rubén Moreira y de sus principales colaboradores así como el uso de la fuerza desmedida en contra de los ciudadanos por parte de la Policía Estatal y las corporaciones policíacas de élite, llámense GROM o GATES.
No se puede hablar de un respeto a los derechos humanos, como lo hace el gobernador Moreira en foros internacionales, cuando se viola el derecho a los libre expresión por parte de los comunicadores, porque es evidente que los policías se han convertido en verdugos de la población civil y peor aún el Gobierno del Estado es quien ordena que se comentan crímenes y luego protege a los verdaderos delincuentes.
Esta persecución inició luego de que se dio a conocer una información en diferentes medios información sobre cadáveres sepultados en el «Rancho los Magueyes», a un costado del Motel La Torre, que fuera propiedad de la familia del ex alcalde de esta ciudad, Jericó Abramo, hoy convertido en candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional.
Cabe recordar que hace apenas unos días, elementos de la Marina Armada de México detuvieron a un comandante de la corporación metropolitana denominada Grupo de Respuesta Operativa Metropolitana (GROM), por haber dado muerte y sepultado clandestinamente a dos personas así como por cometer presuntos actos de corrupción. Tras su detención más de 20 elementos desertaron de esa corporación.
Ahora resulta que no se puede ejercer el periodismo de denuncia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, un estado en el que nació el mártir de la democracia, Francisco Ygnacio Madero y González, en Parras de la Fuente Coahuila y el estado en el que nació el primer comandante del ejército mexicano Venustiano Carranza y Garza, icono de la grandeza de México.
Es realmente un hecho lamentable que ahora los comunicadores seamos perseguidos y acusados de estar vinculados con los cárteles de la droga, lo que se torna peligroso para quienes ejercemos el periodismo y que además nos deja en estado indefenso ante una detención de las policías o del ejército y lo peor de todo es que quien denuncie sea el propio Secretario General de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, obvio es decirlo, por instrucciones de su jefe el gobernador Rubén Moreira Valdez.
A través de este medio hago un llamado a Amnistía Internacional y a la Corte Interamericana de los derechos Humanos, asi como a la Sociedad Interamericana de Prensa, para que intervengan a fin de prevenir cualquier acto que se presente como injusto en contra de los comunicadores de Coahuila y: que quede asentado que cualquier atentado que se presente en contra de los periodistas de Coahuila, principalmente los críticos de la actual administración el primer implicado será el Gobierno del Estado.
Ante todo estos acontcimientos es mi deber como periodista hacer este llamado a los organismos internacionales para que se tome en cuenta a los comunicadores coahuilenses, que no por denunciar la mala actuación, el abuso y corrupción de las autoridades de gobierno y de los policías del estado, nos convirtamos en algo más que enemigos del gobierno, en narco periodistas.

Escribe: Carlos E. Robledo

(robledoesparzac@yahoo.com.mx)

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