Uno De los problemas estructurales de México con un largo historial de resistencia a ser extinguido es la informalidad que existe en el mercado laboral, es decir aquellos empleos o modos de producción que debido a las tesituras en las que se desenvuelven no han logrado-en la operatividad- las condiciones para ser institucionalizadas.
Este fenómeno inherente de la economía tiene una presencia constante y sus variaciones en la estadística, es decir crecimiento y su antítesis, representan un reto constante para las autoridades gubernamentales debido a que en buena medida reflejan las condiciones del trabajo -institucionalizado y no- de una área geográfica, por lo cual el objetivo es que una tendencia a su reducción.
Su presencia se atribuye a diversas causas entre las cuales podemos mencionar aquellas vinculadas históricamente a la organización de los procesos de producción y distribución, las migraciones, y una que es bastante interesante para México, el exceso de normas regulatorias en materia económica. La más reciente reforma laboral a cargo del ex Presidente Calderón, esto en el año 2012, tenía diversas pretensiones, una de las cuales era el combate directo a la informalidad laboral a través de una mutación en las reglas del juego laboral, autorizando figuras como el outsourcing, o la subcontratación.
En recientes declaraciones, el Secretario del trabajo –Navarrete Prida- argumenta que se ha logrado frenar el avance del sector informal, esto en términos estadísticos, y sostiene que la situación se ha logrado revertir. Sin embargo este frenó de emergencia no ha logrado bajar la velocidad del emancipante fenómeno.
Según sus cuentas al iniciar el mandato de la presente Administración Federal, de los 50 millones de personas que conformaban la PEA, 30 de ellos se encontraban trabajando en una situación de informalidad. La analogía que le ha merecido al funcionario, el mirar en retrospectiva, es que un país en esas condiciones “no camina”,y lo cual se ve antagónico al millón 700 mil mexicanos que migraron a la formalidad y a los más de 18 millones afiliados al IMSS, según comenta además de se ha reducido en 3 puntos porcentuales el total de trabajadores informales en el país.
De acuerdo a la Tasa de informalidad presentada por INEGI, en el cuarto trimestre del año 2012 esta se ubicó en 59.6%, lo que es apenas 1.8% mayor a los 57.8 puntos porcentuales que registra el dato más reciente –tercer trimestre de 2015- publicado por la mencionada institución.
El titular de la STPS justifica la inoperancia e ineficacia de los programas para fomentar el empleo y su regularización en el limitado crecimiento económico por encima del 2%, y la situación de la economía global. Lo cual, evidentemente, es consecuencia de apostarle a la fortuna de abrirle las puertas de par en par al exterior y descuidar el mercado interno restándole importancia.
La economía informal no es un caso aislado, su existencia y variación refleja en gran medida un espejo complementario de lo que ocurre en el otro lado de la moneda, la parte regulada.
Este país más allá de no poder caminar bien por los senderos de la concordia laboral, hace mucho tiempo que se viene arrastrando no sólo por la informalidad, sino por la falta de oportunidades y los salarios retribuidos que sustentan una competitividad muy lúgubre.
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