*** Uno da libertad a delincuentes peligrosos a cambio de dinero mientras otro embarga a ciudadanios por adeudos con FAMSA y cobrosde agiotistas.-
Torreón, Coah., 04 de diciembre.- Graves hechos de corrupción se han registrado en parte del Poder Judicial que opera en la Laguna. Un magistrado y un juez, por lo menos, están involucrados en hechos que lesionaron los intereses de los ciudadanos para proteger a delincuentes y prestamistas.
De acuerdo con una investigación realizada por El Demócrata, en el aparato judicial la corrupcion se ha hecho un ejercicio diario, constante e inevitable, por lo que la ciudadanía tiene que pagar los platos rotos. Para muestra un botón de esta corrupcion e impunidad es el magistrado Luis Martín Granados Salinas del Segundo Tribunal Distrital con sede en Torreón y el Juez Tercero Mercantil, Mario Ramos Aguilar.
El primero de ellos ha dado manga ancha a sus secretarios para convertir esta tribuna en la Cueva de Alí Babá y en una maquiladora de órdenes de libertad parea delincuentes peligrosos a cambio de fuertes sumas de dinero.
En el caso del Juez Tercero en materia Mercantil, este se ha convertido en cómplice de abogados corruptos que, sin tener sustentos legales y al vapor, realizan embargos hasta por valor del mil por ciento de supuestas deudas que exigen los “prestadores”.
Este juez está al servicio de empresas como FAMSA, que le proporciona televisores y mobiliario a cambio de que dictamine a su favor los juicios mercantiles que llegan a sus manos consiguiendo con ello que los clientes que no terminan de pagar sus adeudos sean objeto de cobros irracionales con intereses que caen en la figura de la usura, penada hasta con cárcel en el estado de Coahuila.
Lo increíble es que la justicia en Coahuila castigue la usura y sea el Poder Judicial el que apruebe que los usureros y ladrones se apoderen de las pertenencias de los ciudadanos mediante argucias legaloides en las que debería de enjuiciarse a los propios jueces por su deslealtad y por venderse al mejor postor en lugar de cumplir sus obligaciones por las que devengan un salario más que justo.
Ante esta serie de anomalías y corrupción, ya es tiempo que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú haga una limpia de jueces y magistrados corruptos y que la Judicatura del Estado se convierta en un organismo que revise el proceder de estos personajes y deje de ser un adorno en la administración.
PRESENTAN QUEJAS CONTRA MAGISTRADO
Varios abogados de la Comarcas Lagunera han denunciado públicamente que el Magistrado Luis Martín Granados Salinas, titular del Segundo Tribunal Distrital con sede en Torreón Coahuila viene vendiendo la justicia al mejor postor, que desde su coto de poder recibe dinero como pago a quienes beneficia con sus resoluciones y sentencias, sin importar que las averiguaciones se encuentren bien integradas por los agentes del Ministerio Publico y los jueces de primera instancia.
En esta práctica de corrupción intervienen los secretarios Humberto Estala, Sergio Blanco, y otro de nombre Samuel quienes son los encargados de entrevistarse con los abogados que pretenden que les den resoluciones favorables para sus clientes.
Pero no solo existe estos señalamientos de corrupción, lo mas graves es que dicen que se trata de cuotas que se comparten con la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, al menos así se maneja en esas oficinas.
Uno de los casos más recientes de que se vende la justicia al mejor postor, es en la resolución 033/2016 donde se revocó el auto de formal prisión en contra de una doctora, quien fue acusada de fraude junto con Patricia Viera, gerente de una sucursal de Bancomer, quienes despojaron de más de dos millones de pesos a una indefensa anciana.
El magistrado Granados Salinas emitió resoluciones para ratificar la libertad bajo fianza de Patricia Viera y revoco el auto de formal prisión para la doctora Padilla Muñoz, a pesar de que existe una averiguación bien integrada.
Se habla que los abogados defensores de estas dos personas les untaron la mano con 300 mil pesos para obtener los favores del magistrado, quien además tiene varias quejas por acoso sexual en contra de varias empleadas del tribunal.
Otro de los casos de corrupcion fue la liberación de José Lino Esquivel, quien fue detenido cuando iba a cobrar una extorsión, estos hechos sucedieron el año pasado el 27 de noviembre. Varios casos donde se han revocado autos de formal prisión de narcotraficantes y quienes han cometido otros delitos graves.
Este año también se revocó el auto de formal prisión a dos secuestradores que plagiaron a una persona del sexo femenino, bajo el argumento de que la averiguación previa estaba mal integrada por el Ministerio Público, a pesar de que se trataba de peligrosos delincuentes que fueron detenidos por la Policía Federal y el Ejercito.
Se sabe entre el medio de los abogados que es fácil corromper al magistrado Granados Salinas, quien utiliza a los secretarios Estala y Blanco para hacer las negociaciones y así evitar señalamientos y acusaciones.
Varios abogados ya preparan quejas ante el Tribunal Superior de Justicia contra quienes manejan este Segundo Tribunal Distrital con sede en Torreón, Coahuila, incluso estas quejas serán presentadas ante el propio Gobernador del Estado.
QUE INTERVENGA EL TRIBUNAL SUPERIOR Y EL CONGRESO
Es necesario que intervenga el Congreso del Estado para investigar si es verdad que está involucrada la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, y que investigue lo que esta pasando en el Segundo Tribunal Distrital, en donde abundan las revocaciones de los autos de formal prisión, manifestó el dirigente de un Colegio de Abogados de esta ciudad.
Varios colegios de abogados de la región se mostraron molestos con la conducta del citado magistrado y están pidiendo su remoción, ya que se trata de una corrupcion que perjudica el trabajo de los abogados.
Es importante que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila intervenga para investigar lo que está pasando en este Tribunal donde es fácil conseguir la revocación del auto de formal prisión y obtener la libertad quienes cometen delitos graves como fraude, extorsión, delitos contra la salud, homicidios y otros.
Entre los empleados del Tribunal se habla que las cuotas para recibir los favores del magistrado van desde los cien mil, pesos hasta los cinco millones de pesos, según la gravedad del delito y la solvencia de los detenidos.
Que bárbaro este periódico, solo comentarios sin ningún sustento. Pensé que eran más serios.
Muchas cosas sin sentido se dicen en esta nota:
1. La función de los magistrados revisores es verificar si las actuaciones del ministerio público se encuentran apegadas a derecho o no, por lo tanto, si se trata de una averiguación o carpeta de investigación deficiente, el magistrado no puede pasar por alto esa deficiencia, no obstante que se trate de «peligrosos delincuentes».
2. En el caso de los jueces mercantiles, entre sus funciones está ordenar embargos por adeudos a negocios como FAMSA, COPPEL y otros. Eso no tiene nada de raro si se trata de deudores que incumplieron con sus pagos, es decir, es el trámite ordinario.
3. Ni los jueces ni los magistrados del fuero común tienen la ultima palabra en los casos que conocen, es decir, si alguien está inconforme con lo que ellos decidan puede acudir al juicio de amparo para que ahí sí se resuelva en definitiva. Por eso resulta inverosímil que un juez o magistrado local reciba 300 mil pesos por resolver en determinado sentido, si tal resolución puede ser modificada por otra autoridad.