Ciudad de México., 05 de julio.- Previo a la presentación de la denuncia por delitos de Lesa Humanidad ocurridos en Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un informe basado en una investigación y análisis jurídico realizado con el apoyo de más de 80 organizaciones mexicanas y en dicho documento, refieren la colusión entre autoridades estatales con el grupo de los Zetas para cometer dichos delitos entre 2009 y 2016.
En dicho documento se da un panorama general de la situación del tema de desaparición en México, pero al referirse a lo que ha ocurrido y ocurre en Coahuila, señala una política (estructura) dentro del estado de Coahuila que permite y tolera activamente los ataques contra la población civil. Estableciendo que la situación de violencia no es ocasional, ni que sea exclusiva de los cárteles de la droga.
«Después de evaluar la información recopilada, los autores del informe concluyeron que a partir del 2009-2011 / 2012, las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la ley conspiraron con los Zetas para cometer crímenes contra la humanidad. Además, las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la ley usaron fuerzas especiales para cometer crímenes contra la humanidad de 2011 / 2012-2016», se puede leer en el comunicado emitido por la FIDH.
Dicho organismo internacional establece que el informe que se presentará a la Corte Penal Internacional (CPI) se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, especialmente los expedientes de 73 víctimas.
Incluyen masacre en Allende y Penal de Piedras Negras
En el mencionado documento también se incluyen dos hechos violentos registrados en el norte de Coahuila y que se calificarían como crímenes contra la humanidad, refiriéndose a los casos de la masacre de Allende y lo sucedido en el interior del centro penitenciario de Piedras Negras.
«La matanza por parte de los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 residentes en Allende, en marzo de 2011. La evidencia sugiere que no sólo el municipio sino también el gobernador de la época estaban al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad. Y la gestión de la prisión de Piedras Negras, el CERESO, la cual bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012», señala el documento.
En el informe se puntualiza que los prisioneros podían salir a su antojo del penal, traficar diversos elementos, así como trabajar en transformar y remodelar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros.
«Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades», refiere el informe de la FIDH
La citada organización internacional establece que una vez que el examen preliminar sea abierto por la CPI y se reconozca la existencia del crímenes de lesa humanidad; dicha instancia determinará si tiene, o no, jurisdicción sobre este caso y determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas; sin dar a conocer los nombres de los mismos.
El mencionado documento presentado por la FIDH es frimado también por la asociación civil Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUUNDEM) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
En asociación con la organización Todos los Derechos para Todas y Todas las Redes (un grupo de más de 80 Organismos No Gubernamentales en México), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Asociaciones por el Justo y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. (Con información de La Rancherita del Aire)
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