Saltillo, Coah., 6 de julio.- El ex gobernador Humberto Moreira convocó a los integrantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, a un debate público para exponer pruebas y no meras referencias periodísticas en torno a la actividad de grupos delincuenciales en territorio coahuilense durante su administración.
Tachó de “falaz informe” de ese organismo porque “se ha ejecutado sin ánimo alguno de llegar a la verdad, sino de provocar una condena mediante la aplicación de derecho penal del enemigo. Se ha elegido al responsable y a continuación se rellenan las supuestas pruebas, como una especie de traje condenatorio, hecho a medida”.
En una carta aclaratoria hecha llegar a la redacción de El Demócrata, el profesor Moreira asevera:
“Con fecha 5 de julio de 2017 en un documento de la FIDH, que actúa en representación y/ o asociación de una serie de entidades, se hacen afirmaciones referentes a mi persona, no solo falsas, sino carentes de toda consistencia, prueba y solvencia, que hacen impropia su acogida por la Federación Internacional de DDHH, sin haber procedido a la más mínima contrastación previa.
Siendo esto así, entiendo que tal falaz informe, No es esta nota el lugar adecuado para contestar a la sarta de inexactitudes y falsedades que se realizan, por lo que ofrezco a los representantes de la FIDH, un debate abierto y público en donde expongan las pruebas de que dispongan y no las meras referencias periodísticas, desmentidas hasta la saciedad, y demostrada la falta de verdad. O basadas en testimonios comprados e interesados, como los realizados por Rodrigo Humberto Uribe Tapia que ya fueron desmentidos en diferentes ocasiones desde el 7 de julio de 2016. Testimonios que han sido prestados con carácter venal para conseguir beneficios a cambio de inverosímiles imputaciones en una jurisdicción como la norteamericana que está haciendo mérito de no respetar las mínimas normas y garantías procesales.
Vaya por delante mi respeto, consideración y defensa de todas las víctimas, de las cuales mi familia y yo también formamos parte, pero no estoy dispuesto a que, bajo el manto de la impunidad, se hagan esta acusaciones, revictimizándonos con la mención del asesinato de mi hijo a manos de quienes no son más que crueles asesinos.
Deseo también, poner de manifiesto que presentaré el correspondiente escrito en el que quedarán demostradas las falsedades que, de forma reiterada, se vienen profiriendo en mi contra con un grave perjuicio moral y económico. El meritado escrito será enviado a la Fiscalía de la CPI, si se presenta esta denuncia y también a la FIDH a quien emplazo de nuevo, para debatir de una vez por todas estas acusaciones. Invito a las demás autoridades citadas a que también lo hagan.
Llama la atención, además de la inconsistencia y parcialidad del testimonio referido, el que las organizaciones firmantes no se hayan ocupado siquiera en contrastar que el procedimiento de Madrid, en lo referente a mí, fue archivado por el Magistrado Juez y este archivo confirmado por el Tribunal de la Audiencia Nacional española y que con carácter posterior, el propio juez español, ordenó que mi nombre desapareciera de los archivos policiales por la absoluta falta de relación con los hechos.
Fui gobernador del Estado de Coahuila desde 2009 y hasta enero de 2011 procurando el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas coahuilenses. Las organizaciones agrupadas en el informe de la FIDH, deberían de haber mencionado que los mandos militares al frente de la seguridad y responsables del citado centro de readaptación social CERESO de Piedras Negras, en donde se produjeron los terribles hechos que citan, se adscribían al Gobierno federal. Es decir, no actuaban bajo las órdenes del Gobernador sino del Presidente de la República.”
Hasta aquí la respuesta del controvertido político coahuilense quien amenazó, como lo ha hecho en anteriores ocasiones contra sus detractores, en actuar judicialmente contra quienes están procediendo tan solo con el afán de dañarlo moralmente.
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