Ciudad de México., 19 de julio.- La parcialidad con que actuaron los consejeros del INE en el caso Coahuila y que lleva a perjudicar abiertamente al PRI y proteger al PAN obliga a tomar la decisión de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña y existen todas las pruebas para acreditarlo.
Tal afirmación fue hecha por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza tras lamentar que las decisiones del INE no contribuyen a dar certeza jurídica al procedimiento de fiscalización de la elección para gobernador del estado de Coahuila, al introducir criterios en el momento de presentar los resultados de la fiscalización en la sesión de hoy, cuando en todo caso debieron de haberse conocido antes del inicio del proceso electoral.
En un comunicado hecho llegar a El Demócrata, el líder priísta explica que las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral “Deja a nuestro partido en indefensión, al no conceder el derecho de audiencia o de plano convertirlo en un trámite sin posibilidad de argumentar efectivamente lo que a nuestro derecho corresponde y de que sean valoradas nuestras pruebas”.
Ochoa Reza explicó que el caso más evidente y grave es la aplicación de un presunto gasto en Facebook, señalándolo como no reportado a pesar de que el proveedor entregó las facturas correspondientes y la Comisión de Fiscalización lo había avalado previamente. Al mismo tiempo que aplica al PRI 653 mil pesos de gasto, evita aplicar al PAN más de dos millones 200 mil pesos en el rubro de publicidad en Internet y gestión en redes sociales. Ha quedado testimonio del deliberado ocultamiento de este tema, que ni siquiera fue discutido por los consejeros.
Mostrósu preocupación por la forma en que los consejeros cambian a destiempo las reglas del juego “es motivo de gran preocupación, ante el inminente inicio de los procesos electorales de 2018.”
Recalcó que ante las fallas y parcialidad del INE será indispensable acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que restablezca de nuevo el orden y la certeza jurídica para todos los partidos políticos.
Con relación a la indebida propuesta de prorrateo, introducida por los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, es evidente que contradice lo que dispone el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.
De último momento, dichos consejeros pusieron sobre la mesa nuevos criterios de comprobación de gasto, dejando en estado de indefensión a los partidos de la coalición, por negárseles su derecho de audiencia y valoración de pruebas.
Explicó que la pasada sesión del INE deja profundas preocupaciones respecto a la responsabilidad con que algunos consejeros han decidido poner en entredicho el rigor jurídico, el apego a la Constitución y a la legalidad, que han distinguido al instituto.
Por otro lado, es evidente el intento de Ricardo Anaya de confundir a la opinión pública, hablando de presuntas nulidades, pese a que su candidato sí rebasó los topes de campaña. Es necesario recordar que la única autoridad para pronunciarse al respecto son los tribunales electorales, con base en lo que efectivamente señala la Constitución y las leyes en la materia.
El PRI reitera que será respetuoso de las decisiones del Consejo General del INE, pero agotará todos los recursos jurídicos a su disposición para que se respete la voluntad de los coahuilenses, expresada con votos en la elección del pasado 4 de junio.
eso les pasa por no fiscalizar el pago a los funcionarios de casilla !!!,… ñaca, ñaca !!!