GATEs, GROMs y Forzados: sus desaparecidos

BAILE Y COCHINO.-

Por Horacio Cárdenas.-

FUERZITA1

Cada sexenio que comienza es como cada año que inicia, se renuevan las esperanzas de que las cosas van a mejorar, fenómeno que lleva aparejada la intención de poner lo mejor de nuestro esfuerzo para que eso que esos defectos de nuestra persona o de nuestra realidad, se corrijan.

Todo sabemos lo que suele ocurrir con los propósitos de año nuevo, a la vuelta de los pocos días, cuando mucho de un par de semanas, hemos abandonado nuestra intención de bajar de peso, de ejercitarnos, de leer más, de pelear menos, o lo que consideremos que debemos cambiar, en un ritual que se repite año con año desde que adquirimos conciencia por un lado de nuestros defectos y por otro del calendario como oportunidad de corregirlos. Y fíjese usted en la permanencia que tiene esto de los buenos propósitos, que si realmente comiéramos bien, estudiáramos mejor o conviviéramos como se debe, a los dos o tres años ya no tendríamos defectos que querer corregir.

Lo mismo pasa con los sexenios en el calendario político mexicano, cada nuevo gobierno representa para nosotros la oportunidad de corregir, o de que se corrijan todos aquellos problemas que se nos han venido acumulando al paso de los años o las décadas. Aquí podríamos pensar que no es tan personal como los buenos propósitos individuales, pero así como nos lo venden, los gobernantes recogen en campaña las inquietudes y preocupaciones de los ciudadanos, para convertirlos en programas de gobierno, que al llevarse a la práctica, funcionen para eliminar aquello que les dio origen. Haya uno votado por el gobernante, por alguno de sus contrarios o aún si se abstuvo de sufragar, el gobierno lo es para todos, de allí que cada seis años para el caso de los gobiernos estatales y el federal, lo tengamos como la oportunidad de acabar con la corrupción, con la inseguridad, con la pobreza extrema, con tantos problemas que nos aquejan.

Ahora que está estrenándose el sexenio de Miguel Riquelme Solís en Coahuila, es el momento en el que la población gobernada renueva su esperanza de que los problemas puntualmente descritos, señalados e identificados en algunos casos sus responsables, se puedan resolver. El tema de seguridad es uno que ha sido candente durante los últimos años, en Coahuila, como también en todo México, y es uno que es necesario reconocer como de la mayor trascendencia para la gente. Tan sencillo como que sin seguridad, para vivir y para trabajar, todo lo demás simplemente sale sobrando, ese es el grado de importancia que el ciudadano le concede al tema de la seguridad.

¿Pero qué pasa cuando los cuerpos de seguridad son percibidos más como parte del problema por parte de la gente que como parte de la solución?, allí sí que el gobierno tiene un problema, y grande, y es eso precisamente lo que le toca al gobierno enfrentar en este inicio del sexenio. En días pasados el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad, organismo de la sociedad civil que a querer o no, se ha convertido en un interlocutor de la administración pública, tanto federal como estatal, señaló que desde el año 2001, han desaparecido doscientas sesenta personas en territorio coahuilense, en cada uno de los casos se menciona el involucramiento de las corporaciones que operan en el estado, los GATEs, Grupo de Armas y Técticas Especiales dependiente hasta hace algunos meses de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy transformada en Fiscalía, los GROMs, corporación de élite fundada en la administración de Jericó Abramo Masso como alcalde de Saltillo, y que pasó de ser Grupo de Reacción Operativa Municipal a lo mismo pero Metropolitana, supuestamente dependiente de la Secretaría de Gobierno bajo el mando único, y Fuerza Coahuila, heredera de la policía estatal preventiva, ahora bajo el modelo auspiciado desde la Federación para que cada entidad federativa le presuma a su pueblo que son fuertes y para eso tienen gente fuertemente armada y encapuchada, empericada en camionetas chiveras pintadas de color negro decrepitud.

La cuestión importa, toda vez que según la ONG, de la fecha establecida como referencia, el año 2001, para acá, se puede rastrear la intervención de las autoridades en uno de cada tres casos de personas no localizadas. Lo primero que piensa el ciudadano de a pie, es que estos uniformados deberían estar para cuidar a la gente, y en caso de perderse, para encontrarlas, no para lo contrario, hacerlas perdidizas.

Parece que hay voluntad para meter en orden a las policías. El gobernador dispuso por lo pronto la separación de la función de seguridad de la secretaría de gobierno y la reinstauración de la secretaría de seguridad pública, mandando el mensaje con el nombramiento de su titular, de que se mantenía la nueva área al margen de los vaivenes políticos, y privilegiando la experiencia y los contactos que pudiera aportar un alto mando de la Policía Federal Preventiva, que entre sus primera acciones pidió que se descolgaran por estos arenales un grupo de la Policía Científica para diagnosticar el estado que guardan las corporaciones coahuilenses.

De qué le dijeron al secretario y este al gobernador, de eso no se cuenta nada. Pero entre lo que dice el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad y lo que lee uno a diario en los periódicos, en que agentes de Fuerza Coahuila, cuando no están involucrados en un choque, andan borrachos disparando sus armas, o peor, se ven involucrados en secuestros y otros crímenes, rompiendo un día sí y otro también el precepto de operar discreta y sigilosamente.

Algunos casos en los que los GATEs, los Forzados y los GROMs han participado en desapariciones están plenamente documentados con fotos, videos, testimonios, acusaciones y procedimientos judiciales, otros no, pero había faltado voluntad y mando para revisar cada uno de los casos, esperamos que los nuevos mandos no vengan con ganas de querer congraciarse con la tropa, y para ello le den borrón y cuenta nueva a los expedientes de desapariciones.

Las condiciones están dadas: nuevo sexenio, mandos foráneos sin compromisos locales, nueva estructura administrativa con rango de secretaría, sin despreciar una fuerte presión de la sociedad civil, ahora solo le queda al gobierno responder como se debe: donde hay culpas, imponer castigos, y donde no las hay, limpiar a sus agentes, que también tienen derecho a respaldo cuando actúan correctamente.

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