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POR: Héctor Barragán.-
Definición sencilla de democracia, aceptación mexicana, sumamente comprimida, es que todo el pueblo que puede votar, lo haga. Si la mitad de los empadronados se abstienen de concurrir a las urnas, significa que esa mitad de ciudadanos no está conforme con las candidaturas.
Si el gobierno se ha tomado la libertad de disponer de miles de millones de pesos cada año para efectuar elecciones, sin conseguir la participación activa del pueblo en las elecciones, quiere decir que no se ha logrado elegir a los prospectos que a juicio del pueblo, podrían resolver sus carencias y llenar sus aspiraciones.
Como consecuencia, debe estar molesto por la disposición de recursos en esas cuantiosas sumas, para la celebración de eso que gustan denominar los jilgueros, una fiesta cívica.
Lo cual equivale a que tenga un dictamen negativo de la asignación de fondos millonarios a un instituto nacional electoral, heredado del instituto federal del mismo ramo y su sistema de derivar millones de las agencias y negocios publicitarios, a partidos de todos colores y candidatos de igual diversidad de tintas, de los cuales, según las declaraciones de sus contendientes carecen casi todos de las virtudes necesarias para desempeñar los cargos a que aspiran.
Por cierto que, las denuncias y acusaciones divulgadas por la prensa y nacidas muchas de ellas en las confrontaciones ante los medios, indebidamente llamadas debates, se ha equivocado el procedimiento legal para llegar a la verdad, a la comprobación y a las sanciones de aspirantes legítimos, viables.
Curiosamente los aspirantes al premio mayor mencionaron como uno de los problemas más importantes del país en la actualidad es la corrupción, sin ofrecer soluciones concretas, prácticas y creíbles, siendo de su conocimiento que el origen principal del fenómeno es la impunidad.
Y el honorable, INE y Fepade no aprovecharon la oportunidad para sancionar severamente a los infractores en cuanto a gastos de campaña y a la falsificación de documentos para el registro de candidatos independientes.
Con la cual disposición se habría iniciado el combate a la corrupción desde el principio, antes de que esos aspirantes, por lo menos, fueran sancionados o retirados, antes de que lleguen a ocupar los cargos que andan buscando a cualquier costo.
Existen otra serie de infracciones que se cometerán y serán suscritas por personal competente, en fecha próxima y será necesario seguir hasta sus últimas consecuencias, que verdaderamente sería un buen inicio del propósito general de lucha contra la corrupción, sobre la cual lamentablemente no compartimos la opinión presidencial de que es algo cultural en México.
Por lo menos hay que aprovechar esta oportunidad para adelantar en la administración pública mexicana hacia los niveles considerados razonables, equitativos, justos, aunque la necesidad de hacerlo deba extenderse al territorio todo, a los niveles gubernamentales completos y a los poderes que constituyen el gobierno.
Por cierto que es una corrupción hablar en la Constitución que hay 3 poderes, cuando no son independientes, como 3 niveles de gobierno, si ni siquiera la capacidad económica necesaria en cada uno para suponer que sean libres y soberanos a los Estados y los Municipios.
Concluyendo, el experimento democrático multimillonario mexicano ha fracasado, porque sin importar la inversión cuantiosa el electorado efectivo es reducido, predomina el voto blanco, según lo denominó José Saramago, es voto de protesta el mayoritario, si se suma a los no comparecientes con los anulados voluntariamente, los duplicados y anulados por ello, que señalarían la deficiencia o confusión de boletas. Y al no resultar efectivo debe anularse, por interés nacional.
Supuesto que hay asuntos prioritarios para la inversión y no hay interés verdadero de crear la democracia.
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