Corte suspende investigaciones contra “La Coneja” para proteger a Peña Nieto

ministro

Ciudad de México, 30 de octubre 2018.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender, de forma provisional, la investigación que la Fiscalía General de Chihuahua realiza contra el ex secretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y cualquier otro funcionario federal que haya sido imputado en el desvío de 270 millones de pesos para financiar campañas políticas del PRI.

En un trabajajo periodístico realizado por Juan Omar Fierro para Aristegui Noticias, se señala que la suspensión provisional fue decretada por el ministro y ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, con el argumento de que continuar la indagatoria del caso Gutiérrez Gutiérrez “podría generar una situación grave de impunidad generalizada”, derivado de que no existe certeza sobre cuáles son los fiscales y jueces competentes para investigar y procesar a los funcionarios federales involucrados.

La suspensión de los actos reclamados, explicó la Suprema Corte, “no prejuzga sobre la constitucionalidad” de las normas impugnadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, ni tampoco sobre “la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse sujetos a investigación o proceso penal”.

El consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa Cortés, anunció de inmediato que interpondrá un recurso de reclamación con el propósito de que sea revocado el auto de admisión, por considerar que el recurso legal promovido por el consejero jurídico del Presidente Enrique Peña Nieto, no cumple con los requisitos legales para ser admitido a trámite.

La controversia constitucional con número de expediente 183/2018 que fue turnada al ministro Medina Mora impugna todos los actos de investigación y procesamiento penal que la Fiscalía y el Poder Judicial de Chihuahua hayan iniciado o instruido en contra de cualquier servidor público federal, incluyendo al propio Presidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de estado, por la que la suspensión deja sin efecto cualquier citatorio, comparecencia, orden de aprehensión, arraigo o de aprehensión girados en su contra.

Mediante un comunicado, la Suprema Corte informó que el ministro Medina Mora admitió la controversia siguiendo otros precedentes del Máximo Tribunal referentes a la invasión de competencias de la Federación por parte de una entidad federativa, por lo que el proyecto de resolución sobre este caso deberá determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

A pesar de que la Corte señala que hasta el momento “no se tiene conocimiento de quienes podrían ser, en su caso, los funcionarios federales que son investigados por el Gobierno de Chihuahua”, el consejero jurídico de esa entidad federativa, Jorge Espinoza, recordó que la controversia constitucional tiene como fin principal impedir cualquier acto de investigación que involucre al Presidente Enrique Peña Nieto con el presunto desvío de recursos públicos.

De acuerdo con la Corte, los funcionarios que están sujetos a investigación por el gobierno de Chihuahua solo se podrán conocer hasta el momento en que ese órgano jurisdiccional reciba todas las constancias del caso, es decir, hasta que las partes demandadas entreguen copias del expediente completo relacionado con el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y sus coacusados Antonio Tarín Garcia y Gerardo Villegas Madriles, ex funcionarios del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, actualmente prófugo de la justicia.

La suspensión de los actos reclamados estará vigente hasta en que la Suprema Corte determine “si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades estatales”, señala el comunicado del máximo tribunal.

Derivado de la controversia constitucional, fueron emplazadas las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas en calidad de autoridades demandadas, así como los tres poderes de Chihuahua y la Fiscalía General de esa entidad para que en un plazo máximo de 30 días entreguen sus alegatos de respuesta, expone la información de Aristegui Noticias.

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