ESOS SUELDOS

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Por: Héctor Barragán.-

La revisión de sueldos y salarios ordenada por la flamante administración federal ha motivado polémica periodística y electrónica y con sobrada razón, como que es el pivote de la economía, cuando constituye el instrumento de compra y por tanto es el motor de la economía.

Sobre todo el llamado salario mínimo, que en esencia significa la paga mínima para sostener una familia en sus necesidades primordiales, alimentación, vestido, vivienda y algunas cosas importantes más. Aunque en la realidad mexicana, se ha convertido en un punto de referencia para fijar las percepciones de los trabajadores, si bien solamente alcanza para cubrir una parte del costo de la canasta básica.

Por esta razón es que hay tantas vacantes en las fábricas y los comercios, derivados de una altísima frecuencia en la rotación de personal. Los empleados y obreros cambian de empleo constantemente, porque la paga es escasa y los ofrecimientos de ganar unos pesos más son atendidos rápidamente; la opinión pública cree que hay tantas vacantes porque la gente no quiere trabajar, pero la realidad es que no se está dispuesto a contraer un compromiso a largo plazo en las condiciones ofrecidas. Y esta es la cruda realidad.

De otra parte, los sueldos son considerablemente elevados, sin comparación de los de la mayoría de trabajadores, al grado que la mayor parte de lo que consumen son productos de importación, de lujo, ostentosos y por tal razón benefician a los fabricantes de otros países a los grandes empresarios globalizados.

Ejemplo notable es el del gobierno donde los altos mandos perciben sumas gigantescas, varios cientos de miles de pesos por mes y jugosas prestaciones que llegan a importar varias veces el sueldo. Utilizando el ventajoso sistema jurídico favorable a sus particulares intereses e inasequible al grueso de la población, se defienden en sus privilegios y se sienten “humillados” por la intención de someterlos a niveles razonables de sueldos, en función de su desempeño, la importancia de sus labores y otras consideraciones justas.

En rigor jurídico no se le debe reducir el sueldo a nadie, aunque hay que reconocer que los niveles de ingreso de algunos funcionarios se han pasado de la raya, bajo la generosidad de los diputados o su irresponsabilidad, que les permitió llegar a esos niveles insultantes y abusivos… posiblemente para compartir los frutos de la generosidad o ceguera del pueblo mexicano.

Resulta absurdo el lujo, el boato, costa del pueblo al que se sirve, cuando es pueblo carece de tantas cosas elementales.

El enfrentamiento de los funcionarios ( que necesariamente funcionan proporcionalmente, pero no hay manera de obligarlos, todavía) con el Presidente no es correcto ni justo, el planteamiento es correcto en cuanto al fondo, pero  formalmente corresponde al Poder Legislativo, fijar los sueldos de todos los poderes, así como el presupuesto de cada institución y dependencias, pero seguramente no dispondrá la supresión de instancias que no son indispensables y son muy costosas.

Como se debe calificar al instituto nacional electoral, sus tribunales, fiscalías y demás dependencias sistema que no ha contribuido a una democracia razonable y es el centro del dispendio adicional para mantener partidos políticos y sus oficinas y campañas. Este organismo, con ser tan joven es de los destacados presupuestalmente, para avergonzar a cualquier administrador medianamente inteligente.

Y de ser de nuevo cuño y renovado, presenta recursos legales para frenar la intención de aplicarles sueldos moderados. Es el colmo, casi tan de lamentar como el de los defensores de los derechos constitucionales, antes que los intereses de los gobernados.

Distintas administraciones federales han sostenido que para conseguir el desarrollo nacional es preciso que haya acumulaciones considerables de recursos, esto es, negocio a la sombra gubernamental y sueldos estratosféricos, pero los millonarios formados, no son en su inmensa mayoría empresarios florecientes sino empresarios cobijados por los políticos, sin lo cual sucumben.

GOBIERNO ¿EN QUIEBRA?

Gobierno es una función destinada al bienestar de una comunidad, que incluye seguridad, respeto a vida y propiedades, derechos humanos y jurídicos y donde falta alguno de esos objetivos o finalidades, sin importar el grado, no se puede asegurar que exista el gobierno.

La razón de la deficiencia no es justificable, aunque resulte explicable y generalmente se aduce a la falta de recursos económicos.

Sin embargo esa falta de fondos puede tener dos orígenes a una parte de cada uno, que los habitantes no contribuyan con una parte proporcional del costo de los servicios o la mala aplicación de esos fondos a las finalidades que la comunidad espera de sus representantes.

La opinión generalizada es que las contribuciones a los gobiernos de México son de las más bajas del mundo, es decir que por definición son reducidas, pero la opinión general en el país es que los diversos gobiernos gastan demasiado en administración, en burocracia y al mismo tiempo en lujos o servicios y organismos innecesarios, tales como autos de lujo, blindados, cortesías a diputados y jueces, ministros, en cuanto a cosas y respecto de servicios, una comisión de derechos humanos para complementar la falta de eficiencia en policía y justicia, o respeto a la democracia, en pagos a burócratas y militantes de partidos, administradores y servidores de la identificación y renovación de credenciales en vigencia permanente.

La sensación de insuficiencia económica de los gobiernos estatales se agudizó con el anuncio del programa de austeridad y de incremento en atención social del entrante gobierno Federal.

Hace solo meses se acostumbraba aumentar las participaciones federales a las entidades federativas, cuando necesitaban recursos o sobraba dinero de la venta de petróleo crudo al gobierno central y todos contentos. Los despilfarros, dispendios y gastos injustificados entraban automáticamente en el olvido.

El programa federal de volver gratuita la educación en México representará cifras gigantescas, fuera seguramente de la capacidad derivada de los ingresos fiscales, lo mismo que el apoyo económico a la población de gente grande, las becas y ayudas a los más pobres del país.

Igual sucederá con la creación de empleos para todo el que lo necesite, que probablemente sea de más de dos tantos del número de trabajadores permanentes registrados por el INEGI o el IMSS.

Con todo y que se proceda, sin lugar a dudas, a depurar la relaciones de beneficiarios de los programas, para que no haya desviaciones, malos manejos ni beneficios para quienes no llenen los requisitos, vicios viejos que hay de enriquecimiento ilícito, de créditos a la palabra para productores de alto poder económico, prácticas ilegales que han reducido los beneficios que eran de esperarse y reducido su alcance.

PERDON Y OLVIDO?

Se ocurre que no corresponde al Presidente, en su calidad actual, ofrecer amnistía a los delincuentes de pasada administraciones públicas, por cuanto es a otro de los poderes que integran el gobierno la impartición de la justicia.

La aplicación de las leyes corresponderá al poder judicial, con la investigación suficiente, que establecerán el importe de los daños y los perjuicios causados a la sociedad y procurarán la restitución, en su caso de los recursos tomados para regresarlos a sus legítimos propietarios.

La benevolencia ofrecida sería competencia, llegado al caso, de la comunidad o por conducto de sus legítimos representantes sin menoscabo del pago económico que proceda a la misma sociedad, sin que proceda especular sobre los dichos de personas carentes de la competencia legal y responsabilidad correspondiente.

Porque en todo caso se trata de una fuente de recursos amplia, para cubrir el ambicioso programa presidencial de beneficio a la sociedad y al meollo de su futuro, que es la educación de calidad, de amplitud total a todo aspirante.