TRAS LA JUSTICIA

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Noticias Diversas.-

Por: Hector Barragán.-

Una de las mayores aspiraciones de la gente es la justicia y para ello se ha ido construyendo al través de los siglos y las diversas comunidades y culturas la estructura que la garantice, una serie de disposiciones, agrupaciones humanas especializadas, policía, sanciones, centros de readaptación, en fin, muchos esfuerzos se han desplegado.

A todo mandamiento o disposición se estipularon sanciones, desde la amonestación, al ostracismo, es decir, la expulsión de los infractores, de su comunidad; los castigos corporales, azotes, mutilaciones, pena. de muerte, privación de libertad, trabajos forzados y la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente.

Es patente el interés de corregir los males de los individuos y sus perjuicios, aunque a la luz de la actualidad muchos de los medios utilizados se consideren Y con todo no existe el medio idóneo para evitar los daños y abusos de unos sobre otros de los integrantes de la comunidad.

A pesar de ello es de reconocerse que cada medio aplicado fue aceptado en su tiempo y resolvió o intentó, soluciona el problema y evitar la repetición del mismo a base de amedrentar a los infractores, De cualquier modo, la reincidencia era probablemente erradicada.

Es de señalar que es preciso que los castigos del tipo que sean deben aplicarse en cada caso, para que no se difunda la impunidad y con ello el desorden, el caos, la ingobernabilidad, tras ‘la debida investigación y circunstancias que pudieran atenuar la responsabilidad y las culpas.

Pero la bondad, la excesiva tolerancia son el reverso exacto del delito, es decir, son otra forma de injusticia.

EI caso de los profesores ilustra debidamente ambos problemas, ante una injusticia como es la privación de los sueldos devengados, del producto del trabajo efectuado, que es un delito grave (inconstitucionalidad) responden con actos delictuosos, como es La suspensión de labores, el cierre de calles, la obstrucción de vialidades, y aún actos vandálicos.

Los daños por ausencia la impartición de clases es invaluable, a diferencia del importe de pérdidas económicas a trabajadores, comercios y empresas industriales afectadas por las restricciones viales. Todas estas importantes, pero el hecho de que personas que recibieron suficiente instrucción a elevado costo, para ser los mejores ciudadanos, los constructores indirectos del futuro nacional, como se acostumbra expresar en las celebraciones a los maestros, hace aparecer como imperdonable que se les permita seguir en la profesión educativa, que sería la pena menor a sus infracciones.

Porque la reparación de daños a la colectividad y a los vecinos inmediatos, les resultaría impagable, fuera de su capacidad económica.

Luego de conseguir por medios ilícitos o irregulares, los profesores michoacanos retiraron su obstrucción, pero no porque encontraron peticiones que no ofrecieron desde los primeros momentos, así Que son reincidentes en su actitud delictiva e intransigente.

han demostrado que tramitan por la vía legal J administrativa su petición de justicia, sobre Io cual tienen todo el derecho a insistir, supuestamente, de ser? verdad la suspensión de pagos y llevar la demanda hasta las autoridades es más elevadas, exigiendo el castigo justo a los “responsables” de la irregularidad deli amo sería el caso.

Va la oportunidad de aplicar la ley caiga quien caiga y depurar el padrón de profesores para impedir nuevas manifestaciones ilegales.

De pasada es de mencionarse que muchos de los “profesores no Io son, algunos tienen horario de trabajo superior al que han venido cumpliendo, exigen prestaciones a las que de modo alguno tienen derecho como los bonos y etc. Materia para la depuración de cuentas y personal, que hacen falta.

Probablemente haya razón en las peticiones, como también y en ambos casos parcialmente, en la suspensión de pagos, que debe determinarse con exactitud, para desarmar la violencia entre las partes y proceder al negocio de dar a cada quien Io que corresponde y tomar igualmente Io que se deba, profesores, gobierno estatal y federación.

En caso que se cuente con información suficiente contra algunos de los elementos descontentos por acciones de luctuosas determinadas cabalmente, seguir el procedimiento legal para que se paguen sus culpas 0 cabe de ninguna manera el perdón y olvido, que no competen al Poder Judicial y mucho menos al ejecutivo.

ROBOD CHICOS Y GRANDES

La novedad es que el asunto del robo a los ductos de Pemex de gasolina y diésel es asunto viejo, de varias décadas, además, es creíble que fuera del conocimiento de los directivos de la antes respetable empresa, porque cuenta con algunos medios de conocer las pérdidas de presión combustible al largo de sus conductos transportadores

Claro que grande saber que en los últimos tiempos el robo de los ductos representa la increíble suma de 60 mil millones de pesos al año, con Io cual se corrobora la sospecha de que están involucrados personas de la empresa del más alto rango y, repitiendo al volumen increíble y su precio, igualmente es de suponer que los “beneficios” permean a los altos niveles gubernamentales de los Estados y la Federación.

A pesar del rico almacén de leyes y decretos mexicanos, se sugiere que no hay legislación específica para el robo de combustible a la petrolera nacional (dado su gigantesco en adeudamiento), ni hay calificación de que se trate de un delito grave.

Lo cual habla de las limitaciones de los fabricantes de leyes para prever la aplicación de normas a cuestiones de sentido común, como la magnitud de los daños que hacen a cualquier delito grave o la naturaleza, el orí gen, por ejemplo, si se trata del patrimonio de la nación o de la seguridad nacional. Los jueces y magistrados deberían tener esos sencillos criterio combustibles y carburantes la de flexibilidad de clasificar y resolver con cuanto al huachicoleo, el robo de la red nacional, es preciso distinguir por la magnitud del delito, aunque siempre se trata de daño a la nación.

Pero los grandotes, son los que tienen camionetas, venden los bidones, disponen de pipas, transportes adecuados, herramientas, equipos, dinero para esos menesteres, Lugares de distribución, relaciones con compradores, relaciones políticas, es decir son mayoristas; Los demás son gente pobre que roba un s cuantos litros, a no muchos pesos, que no resuelven sus carencias con el hurto, sino que son curiosos, oportunistas y en gran medida inocentes ” cómplices’ de los poderosos.

Tal diferenciación resulta básica para las disposiciones del presiente funcional de solicitar el auxilio de los pobres y perdonarles su participación, conde no hay lucro ni mayor beneficio, sino un elevado riesgo, como se demostré en Huehuetlipan o algo parecido Estado de Hidalgo, aunque había sucedido desde hace años en pequeñas proporciones.

Y quien tenga la responsabilidad por las facultades Legales, atenderá el gigantesco robo a la nación, que deberán castigar con la mayor energía y sin consideraciones, que no las hay, para atenuar las culpa y las sanciones del caso.

Y se respetaría el pensamiento del Jefe máximo del Estado de aplicar la justicia y no caer en las revanchas y venganzas, que deterioran la calidad humana.

La filosofía que se capta en el modelo ambiente político nacional, al nivel superior es darle prioridad a la austeridad, La honradez, la confianza, tan ausente en las relaciones personales y del gobierno hacia el ciudadano y viceversa (como ejemplo insultante el de las prácticas para expedir la credencial de elector, la supervisión del documento, el padrón con fotografía, la aplicación de la huella y el entintado del pulgar, la vigencia limitada del documento y el sello en este en cada evento electoral) , al valor personal, a la laboriosidad, esencia del progreso personal, de la sociedad y del país, con la familia como pivote fundamental, el regreso para nos de sus recursos, la tierra, sus riquezas ocultas y la aunque sobre ellos corresponde a sus habitantes, en con técnicas preferentes para quienes disponen de mayores recurso y los mexicanos de sus recursos, la tierra, sus riquezas ocultas y la preferencia a que sobre ellos corresponde a sus habitantes, en contra de las prácticas preferentes para quienes disponen de mayores recursos y tecnología.

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