Baile y Cochino.-
Escribe: Horacio Cárdenas.-

Un hecho, un sólo hecho, nos da la pauta de lo que muy seguramente será la nueva edición del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Como se había anticipado, el que resultó electo como presidente, obviamente por unanimidad de los once magistrados, unos lampareados por recién incorporarse a la crema y nata de la justicia coahuilense, y otros porque saben de que lado se le unta la mantequilla a su pan, fue Miguel Mery Ayup, quien hasta momentos antes era un humilde magistrado de la sala regional de La Laguna, y quien siguiendo la tendencia de los tiempos, llega a la capital del Estado para completar el control lagunero de la política y la administración pública.
El hecho que nos interesa señalar es que quien hizo, respetuosa pero encomiosamente la propuesta del abogado Mery para presidir los destinos de la justicia en Coahuila, fue ni más ni menos que Luis Efrén Ríos Vega, emisario del moreirismo reciclado, que como dijimos arriba, fue más que aceptada, acatada por el pleno de sus pares, quienes veían perfectamente clara la línea, y que colmilludos como lo son todos, mucho se cuidaron de contravenir al hombre señalado por el dedo del Palacio Rosa para hacerse cargo del tercer poder en el estado.
Desconocemos los protocolos del tribunal, seguro deben tener sus particularidades, como los de cualquier otra organización o institución, pero viéndolo desde fuera, y donde además queremos permanecer por siempre, se nos antoja un poquito mucho forzado el hecho de que un recién nombrado, sea quien haga la propuesta de quien deba ser el presidente, en vez de dejar ese honor a alguien que por lo menos hubiera calentado el asiento de su sala durante algunos años, pero no, alguien decidió que fuera un recién llegado, algunos lo barajaron hasta como un advenedizo, quien llevara la voz cantante, obligando a los demás a plegarse a lo que les ordenaban desde donde se ordenan esas cosas en un poder libre e independiente, ajá… Un improvisado proponiendo a otro improvisado, porque casi podríamos apostar que Luis Efrén no sabía, y a lo mejor sigue sin saber, si hizo puente, ni siquiera donde está el baño, donde está su oficina, el nombre de su secretaria, ni para qué son las llavecitas que le entregaron en manojo.
Lo mismo con Mery, si nos ponemos a hacer cuentas curriculares, trabajo en juzgados, pero no de chupatintas, sino tomando decisiones como jueces, no juntan entre los dos ni para que les toque una semana completa de vacaciones, y esos son, para desgracia de los coahuilenses (es una pesimista hipótesis que nos atrevemos a adelantar aquí), quienes regirán la impartición de justicia en un un estado y un país que si por algo se caracteriza, es por su escandaloso grado de impunidad. Mery tuvo algunos meses para aclimatarse al “sector judicial”, tan diferente de los entretelones de la grilla priísta, cuando el PRI significaba algo en la escena política, pero así como que tenga una visión “de conjunto” de la situación que guarda el Tribunal, luego del desganado paso de Miriam Cárdenas y del tenebroso de Goyo Pérez Mata, a quienes lo que menos interesó durante eso que llaman sus gestiones, fue meterse a buscar la eficiencia en la impartición de la justicia, dejando su ámbito de competencia, de mando, como una desolada tierra de nadie en la que campeaba y sigue campeando la impunidad.
De veras es de extrañar, y por supuesto de sospechar, la unanimidad en la selección de un “hombre de la calle”, para hacerse cargo del rumbo del tribunal. Nadie, ni uno solo de los magistrados votó en contra, ni siquiera por el decoro de significar con su gesto: este fulano no sabe nada de juzgar, vamos ni siquiera nadie se abstuvo, ni siquiera alguno de los magisters hizo mutis con el pretexto de ir al baño, nada, nadie, todos se sumaron de manera por demás entusiasta a la orden de elegir a Mery Ayup como presidente, y a Luis Efrén como su personero. Podríamos decir que los entendemos, ¿Quién se va a jugar un “retiro voluntario”, dejando el suculento salario de magistrado que tienen asegurado por quince años?, nadie en su justo juicio, por que aquí no aplica lo de sano. Nadie se traga aquí lo de que las decisiones del legislativo, en torno a los nombramientos del poder judicial, son inamovibles, el que manda manda, está en el Palacio Rosa, y los demás obedecen.
Solo para hacer un parangón con algo que ha estado en el ambiente en los últimos días, para ocupar los altos puestos de mando en el Ejército Mexicano se debe acreditar primero que nada, la formación, segundo la pertenencia a algún grupo selecto, los diplomados de estado mayor o los egresados del Colegio Mexicano de Defensa, experiencia acreditada en mando de tropas, una o dos agregadurías en alguna embajada, digo para que les den una pulidita. No se puede poner al número 30 en el escalafón de la lista de generales de división en el puesto de secretario… bueno, en la cuarta transformación sí se puede, y ha quedado demostrado que es algo que no se debe hacer, allí están a la vista en Culiacán las consecuencias.
En el poder judicial de Coahuila se ha estado dando que las magistraturas las ocupe gente que viene directamente de la calle, no de litigar, que a veces los abogados litigantes se convierten en los mejores jueces, sino de andar grillando, de caerle bien a los gobernantes, de ser socios de algún negocito que hay que proteger, pero que salvo lo que vieron en sus clases de la facultad de derecho hace años o décadas, no conocen la entidad encargada de impartir justicia más que como un edificio al que nunca quisieron entrar porque implicaba trabajo. Por lo general no sólo son mediocres abogados, sino lo son sólo porque ostentan una cédula, y nada más.
Guardando las proporciones, una mala elección en los mandos de la Secretaría de la Defensa es equivalente a una mala elección en el tribunal estatal. En el “Eje” las decisiones equivocadas, pusilánimes, se traducen en objetivos no logrados, en la pérdida de hombres y materiales, por no hablar del descrédito entre el pueblo y entre los periodistas que andamos sin bozal, y no porque ningún gentil presidente nos lo haya quitado; en el tribunal, en uno que actúa por unanimidad, donde no va a haber tesis enfrentadas, donde no va a examinarse a fondo el espíritu de las leyes, sino acatar lo que dice la presidencia o lo que le ordenan que diga la presidencia, las consecuencias pueden ser muy amargas para el pueblo, en general y en particular para el demandante de justicia.
Si a esas vamos, perfectamente podrían destituir de una vez a la docena de magistrados y poner como pelele a alguien que comunique las decisiones ya tomadas, los coahuilenses nos ahorraríamos una lana, y el edificio podrían usarlo para la academia de derechos humanos u otro juguetito de Rubén.

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