El caso de la Sección 5: la eficiencia nacional vs la local

BAILE Y COCHINO…

Por Horacio Cárdenas.-

La semana pasada la amanecimos con una nota tremenda, aparecida en El Universal, que retrataba de cuerpo entero la simulación del sistema de procuración y administración de justicia en este país, y aunque solo se refería a los casos de denuncias por desvío de fondos públicos y malversación por parte de servidores públicos, es el botón de muestra de la ineficiencia y la corrupción que lo afecta en todas las esferas de la convivencia en la sociedad mexicana, la cual uno esperaría que se rigiera por la concordia, o en su defecto por la ley, y por el contrario, es coto para que el más fuerte venza a los que lo son menos.

Cosa de buscarla para que se nos vuelva a retorcer la tripa de coraje, pero a grandes rasgos la nota decía que en 22 años, la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría de lo mismo, había recibido algo más de mil, mil tres para ser exactos, denuncias por desvío de fondos y malversación de recursos públicos. De esas denuncias, que le pegan al estado mexicano donde más le duele, en las arcas públicas, solamente 5 (c-i-n-c-o) habían terminado en sentencia condenatoria para los inculpados, el resto… paseándose por el mundo como si fuera su casa, sin que nadie pudiera tocarlos con el pétalo de una orden de aprehensión, o mejor aún, una de embargo de sus bienes o cuentas bancarias para resarcir el daño causado a la nación.

Cinco de mil… esto es, una eficiencia de 0.5% para el subsistema que cuida de que los crímenes contra el estado no queden impunes. Esta cifra es consistente con la que desde hace décadas se ha venido manejando como la cifra negra de impunidad en nuestro país, dato que afecta a la totalidad de los delitos de los distintos ámbitos de competencia de la justicia, lo penal, lo civil, lo administrativo, y todo lo demás, y esto referido solo a los crímenes que sí se denuncian… sean grandes o chiquitos, que interesen o no interesen mayormente a las autoridades que deciden lo que se persigue y lo que se deja dormir. Aunque de eso no se puede tener un dato remotamente cierto, se especula que apenas un 10% del total de los delitos cometidos en el país, se denuncia, el resto, la gente se aguanta, se los traga, o se toma la justicia por propia mano, lo que significa al final de cuentas cometer más delitos, que como pueden ser de los que se denuncian y se investigan, puede que caigan en ese agujero negro que es la justicia en la tierra de nadie que es México.

Pero fíjese que curioso ¿ha visto alguna vez alguna película norteamericana sobre falsificación de billetes en los Estados Unidos?, independientemente de que en ellas los buenos, los honestos, los incorruptibles, los que viven en la austeridad republicana siempre triunfan sobre los malos, glamorosos, guapos y llenos de billetes, aunque sean falsos, el argumento siempre es parecido en esto: en el país de aquí arriba el peor delito que alguien puede cometer, peor que el asesinato, que las masacres, que el narcotráfico, que el que se le ocurra mencionar, está el ataque al estado, al gobierno o a sus representantes. Allí sí, que como dice la expresión tan coloquial, no se la acaban, por eso mientras que otros delitos se dejan correr en la medida de las posibilidades y recursos para perseguirlos, los ataques a los policías, funcionarios, moneda, etc. no se dejan impunes, literalmente no descansan hasta no atrapar a los delincuentes.

Las cosas en México, inexplicablemente son distintas, más bien lo contrario, los crímenes contra el estado, por lo general no son cometidos desde fuera, aunque los hay, sino desde dentro, por gente que en algún mal momento fueron contratados o electos como servidores públicos. Los delitos que cometen los externos, por llamarlos así, son mínimos, comparados con los crímenes en que incurren los de dentro, quienes con una religiosidad digna de mucho mejor causa, se apegan al precepto aquel del Tlacuache Garizurieta de: no pidas que te den, sino que te pongan donde hay. Y mire que se surten con la cuchara grande. Y como los que son, o deberían ser los encargados de perseguirlos, en general “son de los mismos”, colegas, compañeros, amigos, conocidos, recomendados de alguien, el caso es que rara vez, rarísima vez ocurre una persecución en forma, una como la que se enderezaría contra alguien que no se conoce, y a quien se busca para que pague por los citados crímenes contra el estado.

Bueno, eso es lo general, ahora lo particular, nomás por no dejar, valdría la pena hacer un ejercicio de comparación entre el dato estadístico que ofrece el estudio de El Universal respecto a la Fiscalía (Procuraduría) General de la República, y su fuente alimentadora la Auditoría Superior de la Federación, y lo que sucede a nivel local, en nuestro estado de Coahuila, donde casualmente, suponiendo que en política y en procuración de justicia exista la casualidad, donde la Fiscalía General del Estado también tiene su cifra negra en cuanto a la eficiencia en la persecución de delitos cometidos por servidores públicos, en la modalidad de desvío y malversación de fondos públicos.

En días pasados se ha ventilado, con cierto grado de escándalo, como corresponde y debe ser en el aburrido pueblo que no deja de ser Saltillo, el caso de corrupción en la Sección Quinta del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación, donde su dirigente electo, más su camarilla, se despacharon a lo grande con los recursos de los agremiados, para destinarlos a cuanto placer se les pudiera venir a la cabeza, al corazón o a las gónadas. De cómo o amparados en qué, un grupúsculo de profesores tomó la decisión de utilizar como propios el fondo de ahorro, el seguro del maestro y otros del total de la comunidad de trabajadores de la educación agrupados en la Sección Quinta, sería motivo de un análisis criminológico forense, aunque mucho nos sospechamos que simplemente responde a lo que dijimos que decía El Tlacuache, o que al ver pasar a tantos líderes corruptos antes, se guiaron por el quítate tú para ponerme yo, y ahora sí, a darse la vida que siempre envidiaron a otros.

Vamos a suponer que a Ponce y compañía les echa el guante la Fiscalía de Coahuila, que los embotella y los obliga a devolver lo robado, y además rápido,  bueno y santo, pero… eso se inscribiría en el 0.5% de los casos concluidos exitosamente, ¿y el otro 99.5%?, el de la ineficiencia, el de los casos verdaderamente gordos que tiene atorados la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo y la propia Fiscalía General de Justicia, ¿de eso qué?, si pidiéramos hacer una lista… ¿por dónde comenzar?, por la megadeuda, por el desfalco de miles de millones al fondo de pensiones, por el desvío de recursos en la Sección 38, ¿por dónde le gusta?, porque sí, que bueno que refundan a todo el comité directivo de la Quinta en una celda, por tristes sesenta millones, pero de la megadeuda fueron 36 mil millones, de pensiones se calcula en otro tanto, de la 38 no baja de los mil millones, y así por el estilo.

Es lo malo de las comparaciones, que son verdaderamente odiosas… y sirven para maldita la cosa.