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¿Y LA PROFECO, APÁ?

BAILE Y COCHINO…

Por Horacio Cárdenas.-

TOSCANA1

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dice en su segundo párrafo que “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.” Este párrafo fue adicionado en la reforma publicada el 4 de febrero del 2004, sobre la Ley original, que data del 22 de diciembre de 1992, que a su vez deroga el ordenamiento precedente, que data del año 1975.

Se consideró importante agregar este párrafo, porque el anterior no estaba suficientemente claro, o sí lo estaba, pero parecía pura coerción, extraída del código penal o el de procedimientos penales, que de una ley de orden más bien administrativo, así es como estaba originalmente: “Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado”.

No que México sea un país diferente de cualquier otro del mundo, en lo que a la relación entre un proveedor de bienes y servicios y el consumidor de los mismos se refiere, una relación que si no es de amigos, por lo menos debería ser de buena fe, y que sin embargo a lo largo de la historia ha sido motivo de cuanta transa, desencuentro, pleito y bronca pueda uno imaginar.

A tal grado llega esto, que, y aquí sí, el gobierno de un país normalmente tan aletargado como es el de México, consideró necesario crear un ordenamiento jurídico para normar esa relación, que desde el puro nombre da idea de a favor de quien está, identificando perfectamente quien es la víctima, no por nada se llama ley de protección al consumidor, y esto se ha de deber a que rarísima vez es el proveedor el que lleva la peor parte de una compraventa que resultó fallida.

Desafortunadamente las leyes en nuestro país no las redacta gente común, gente que entienda lo que quiere y cómo lo quiere, sino por pretendidos expertos incrustados en los poderes ejecutivo y legislativo, que promueven, aprueban y promulgan ordenamientos que, sí, a lo mejor desde el puno de vista jurídico son impecables, pero en la práctica dejan demasiados huecos por los que se puede colar casi cualquier interpretación, es el caso de lo que nos interesa en este momento, la propina.

Desde 1975 y quizá antes, el tema de la propina en los restaurantes, cantinas, fondas, bares y otros “establecimientos” ha sido motivo de debate jurídico, de pleito entre parroquianos y personal de los sitios, algunos de los cuales han terminado en balazos, con las consiguientes clausuras, juicios, sentencias y bote, todo porque no queda claro lo que se debe entender por propina, algo tan simple en apariencia, y que sin embargo es motivo de desamores entre el consumidor y el proveedor, al grado que por una triste propina, uno no vuelve a pararse en el negocio del otro.

La ley, que en teoría debería servir para dejar claras las cosas… ni siquiera la menciona, recién publicada la LFPC, y todavía hasta ahorita a pesar de tantas reformas como ha habido en el ordenamiento, la palabra propina no aparece, quizá por ser demasiado mundana y pedestre, en el pomadoso y engolado lenguaje jurídico. Años y más años, pleitos y más pleitos, y sí, resulta que cuando se habla de un diferendo entre el cliente y el establecimiento motivado por el no pago de propina, la interpretación legal es que cae en la órbita del artículo 10 de la Ley, el que transcribimos al principio de esta nota.

Malo que uno sea periodista y no abogado o peor, diputado, un periodiquero cualquiera hubiera puesto Artículo tal más cual: queda prohibido pedir propina, y sanseacabó, pero no, había que darle más vueltas que las que da un perro antes de decidirse a echarse, y por eso sigue un problema que ni siquiera debería existir.

Y alguien dirá ¿de qué está hablando este cuate?, ah, pues déjeme decirle que por una de las más elegantes y congestionadas avenidas de Saltillo, el bulevar Eulalio Gutiérrez se ha convertido en un sitio favorito para los jovencitos y adolescentes, que sintiéndose como que traen la tarjeta de crédito del papá en la bolsa, se apelotonan en los restaurantes ubicados sobre esa vía, donde sus propietarios y administradores nomás los ven entrar se relamen los colmillos de las facturas que les van a encajar, actitud que se refleja en que sueltan a sus meseros para que igual, les hinquen el diente, toda la dentadura, para exigir que les entreguen una propina fija, de acuerdo al monto total de la factura.

Entre que los ven, porque están muy verdes, y porque en sus escuelitas particulares no les enseñan sobre las leyes que los protegen, se ha vuelto costumbre sangrar a las parvadas de escuincles, asustándolos con… con nada, porque no se puede exigir nada por encima del precio pactado por el bien o servicio, sobre todo porque el servir una hamburguesa, una pizza como las gachas de la Toscana o los hot cakes del IHOP, que bajo ninguna circunstancia generan un valor agregado equivalente a lo que quieren cargar y de hecho cargan a los clientes… que se dejan, usualmente los mentados jovencitos.

Y a todo esto ¿Dónde está la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia encargada de hacer valer la ley?, pues en ningún lado, y no le eche la culpa al actual sexenio y su política de desmantelar las delegaciones federales en los estados, porque esto data de siempre, sexenios priístas, panistas y ahora morenistas, y siempre es lo mismo, el abuso de los encargados y empleados hacia los clientes, y ya ni donde ni con quien quejarse.

Por lo pronto, si quiere ahorrarse un coraje y la propina exigida, no vaya ni al IHOP ni a la Toscana, su úlcera y su bolsillo se lo agradecerán.

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