PALCO DE DERECHOS
Por: Fernando Mendoza Elvira.-
COVID-19: Marco de derechos para reanudar actividades
El 30 enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la enfermedad causada por el coronavirus 2019 (COVID-19) se consideraba una emergencia de salud pública de importancia internacional por lo que a partir de ese momento se iniciaron los trabajos para coordinar en el marco de las Naciones Unidas las acciones de preparación que los países tendrían que implementar para afrontar la pandemia. En México esas acciones se formalizaron oficialmente hasta el 27 de marzo de 2020 en que el presidente López emitió el decreto de acciones extraordinarias en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el COVID- 19. A partir de ese momento se han ido emitiendo una serie de disposiciones con medidas para atender la emergencia que incluyen la suspensión de actividades no esenciales, de aislamiento, distanciamiento social, entre otras.
Ahora el gobierno de la república ha anunciado que es necesario reiniciar actividades bajo lo que denomina una Nueva Normalidad. Para tal efecto, el secretario de Salud del gobierno federal emitió el Acuerdo “Por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”, vigente a partir del 14 de mayo de 2020, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo contempla tres etapas. En la primera, que inicia de inmediato, indica la reapertura de actividades escolares, laborales y la movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, en los municipios sin casos de COVID-19 y que no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19. En el resto de la república, a partir del 1o de junio la apertura de realizará gradualmente mediante un sistema de semáforo por regiones. Durante el periodo del 18 al 31 de mayo del 2020 se indican una serie de acciones en preparación para la reapertura de actividades en general, que incluyen la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, la capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, la readecuación de espacios y procesos productivos, implementación de filtros de ingreso y sanitización e higiene del espacio laboral.
A la fecha, la Secretaría de Salud emitió un “documento técnico” denominado Municipios de la Esperanza y contiene una relación de “todos aquellos que en los últimos 28 días no han tenido casos y cuyos municipios vecinos tampoco han
tenido casos en los últimos 28 días” de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Uno de los problemas de la información de vigilancia epidemiológica es que al inicio de la epidemia se conformó con el método centinela que, como reconoció el propio subsecretario López-Gatell, sólo contiene información parcial para proyectar matemáticamente un cálculo de los casos ocurridos. La danza de cifras proporcionadas por la autoridad ha demostrado que no otorga certeza respecto de los datos de ocurrencia de contagios. La única forma confiable tendría que haber sido con la realización de pruebas masivas.
Por otro lado, la Secretarías de Salud, de Economía, del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitieron otro documento denominado Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral los cuales contienen una serie de requisitos que tendrán que cumplir las empresas y que serán verificadas por el IMSS bajo un procedimiento burocrático poco claro. Por un lado, se menciona que la actuación del IMSS será como asesoría y acompañamiento a las empresas, pero por otro lado se condiciona el reinicio de actividades de las empresas a la aprobación del Protocolo de Seguridad Sanitaria por parte del IMSS.
En el ámbito educativo, el secretario de Educación se ha limitado a declarar que el regreso a clases, en cada entidad, se realizará cuando el semáforo de control de la pandemia esté en verde, conforme las medidas sanitarias indicadas por el Consejo de Salubridad General lo permitan, sin que se tenga conocimiento de que se encuentren diseñando medidas o estrategia para un regreso a clases presencial con salvaguarda de los derechos de la comunidad educativa.
El regreso a clases presenciales en las escuelas es un aspecto fundamental para el cumplimiento de derechos, en específico, el de niños y niñas a recibir educación de calidad en un entorno protector, como lo mandata la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Política de nuestro país. Para ello, es pertinente contar con una estrategia que atienda la problemática y salvaguarde los derechos tanto a la educación, como a la salud de docentes y de los niños y niñas, tomando en cuenta su opinión bajo el principio del interés superior de la niñez.
UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU emitieron el documento Marco para la reapertura de las escuelas como una guía sobre “el proceso de toma de decisiones sobre el momento oportuno para reabrir las escuelas; también es útil para ayudar en la preparación de los países y para orientar el proceso de reapertura, como parte de la planificación general en materia de salud pública y educación. Responder a las condiciones locales y satisfacer las necesidades de todos los niños respecto del aprendizaje, la salud y la seguridad exige tener en cuenta el contexto e introducir adaptaciones constantemente”. Contiene acciones que implementar previas a la reapertura, durante el proceso y de manera posterior.
El Banco Mundial ha señalado que los países ahora tienen una gran oportunidad en la planeación del retorno a clases ya que es momento de usar las estrategias más efectivas de recuperación de la crisis como base para implementar en el sistema educativo mejoras a largo plazo en áreas como evaluación, pedagogía, tecnología, financiamiento y participación de los padres.
En cuanto el aspecto laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió la Guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19: Regresar al trabajo de forma segura que contiene “directrices e información general a los empleadores sobre la forma de evitar la propagación de la COVID-19 en el lugar de trabajo, a fin de que los trabajadores puedan volver a la actividad laboral en condiciones de seguridad, manteniendo al mismo tiempo al mínimo posible el riesgo de contaminación al mínimo posible. También facilita algunas ideas sobre cómo proteger el bienestar mental de los trabajadores durante la pandemia basadas en materiales desarrollados por muchas organizaciones del mundo.”
Resulta claro que los empleadores tendrán que responder ante la nueva realidad con estándares altos con Responsabilidad Social Corporativa, y las personas trabajadoras a la vez asumir prácticas de higiene y de autocuidado, así como de solidaridad social.
Las disposiciones emitidas por el gobierno mexicano para reanudar actividades después del confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19 no solo resultan insuficientes e imprecisas, sino que no tienen una óptica de cumplimiento de derechos, ni perspectiva de género.
Existe el debate sobre la pertinencia de la apertura gradual de actividades con base en dos criterios fundamentalmente, por regiones identificadas -primero aquellas que han logrado la contención de los contagios- o la apertura por sectores de actividades -con base en aquellos que implican menor riesgo o son básicos para la sociedad-. Argumentos a favor y en contra se discuten entre expertos y científicos para incidir en las políticas públicas; en nuestro país pareciera que es una combinación de ambos criterios, pero la autoridad no ha revelado las razones para ello. A manera de ejemplo, la industria minera podrá reiniciar actividades de conformidad con el Acuerdo, sin que se explicite en sus considerandos la motivación por los que se determinó que ese sector de la actividad económica sí y otros no, mucho menos, como se tomó en consideración principios como el del interés superior de la infancia en la emisión del Acuerdo, a lo cual está obligada la autoridad conforme los convenios internacionales de derechos humanos.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, desde mediados de marzo ha insistido en que la mejor herramienta que tiene los países que implementar es pruebas, pruebas y más pruebas.
El retorno a las actividades debe estar acompañado de medidas planificadas y eficaces que comprendan, al menos, la realización de pruebas generalizadas, el aislamiento de las personas contagiadas, la identificación y control de los contactos que hayan tenido dichas personas y la cuarentena de esos contactos.
Al presidente de la República le urge reanudar sus giras por la república, seguramente pronto acudirá a los municipios de la esperanza y continuará con su permanente proselitismo de autopromoción y a favor de su partido político, rumbo a las siguientes elecciones, pero desde aquí le conmino a que adopte una posición prudente y de jefe de Estado, y convoque a todos los sectores a una seria discusión para implementar un gran Acuerdo Nacional para combatir a la epidemia y reiniciar el desarrollo, en la que se inviten desde luego a universidades, centros de investigación científica, organismos públicos y civiles de defensa de derechos humanos, sindicatos y cámara de empresarios, asociaciones de padres y madres de familia para que con la participación de niños, niñas y adolescentes; mujeres; pueblos y comunidades indígenas; personas con discapacidad; personas de preferencias sexual diversa -LGBTT-, representantes empresariales y de trabajadores; iglesias, y de la sociedad civil en general, aporten puntos de vista, estrategias y sobre todo, hagan valer sus derechos en el diseño de una plane concertada en ese gran Acuerdo Nacional hacia un desarrollo sostenible con inclusión.
Veamos hacia adelante por un México de derechos y en libertades en una nueva era post-covid.
Fernando Mendoza Elvira es abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Activista en la promoción de derechos humanos.
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