PALCO DE DERECHOS
Por: Fernando Mendoza Elvira.-
La pandemia que vivimos en el mundo, por causa de la COVID-19 desde comienzos de este 2020, ha trastocado la forma en que la humanidad venía viviendo y conviviendo. Uno de los grandes temas que ha sido puesto a prueba es el asistencialismo a las personas adultas mayores.
En México la población se encuentra envejeciendo en los últimos años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica la proporción de personas de más de 60 años aumento de 6.2 a 12.3 por ciento entre 1990 y 2018 en que se realizó dicha encuesta por el INEGI; casi se duplicó. Lo anterior implica que de la población que reside en el país ya más de 15 millones de personas son adultas mayores.
El envejecimiento demográfico en los países como México implica no sólo que se tengan que diseñar políticas públicas para atender las necesidades de ese grupo poblacional, sino que además se cuente con acciones diseñadas e impulsadas desde el gobierno para cumplimentar los derechos de las personas adultas mayores e indicadores para su medición y evaluación, ligadas por supuesto a la asignación de recursos públicos y privados para ello.
Las personas mayores son un grupo poblacional susceptible de presentar una o más discapacidades. Según datos del INEGI, de cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores de 60 años o más.
Los alberges privados para adultos mayores cumplen una labor fundamental para que las personas adultas mayores puedan contar con servicios de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médicos y de asistencia, en condiciones dignas, sin discriminación y con respeto a sus derechos. Gran parte de la función de albergues privados son prestados por Instituciones de Asistencia Privada, conocidas como IAPes que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social. Se mantienen con donativos de particulares y subsidios gubernamentales.
El paradigma de filantropía que parte de la base de la ayuda, supuestamente desinteresada al desvalido y en el que la caridad se practica en un sentido vertical sin pretender modificar ni las relaciones de poder ni las condiciones socioeconómicas prevalecientes en la sociedad, fue el que prevaleció durante siglos, pero fue ampliamente expandido por la oligarquía de los siglos XIX y XX.
Esa visión aparentemente fue superada por el asistencialismo impulsado por sistemas gubernamentales en la búsqueda de darle un sentido de justicia social, en el cual, la clase dominante aminora las desigualdades a través de acciones por las cuales se brindan ciertos bienes para satisfacer las necesidades básicas de las personas en condición de vulnerabilidad.
La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que data de finales del siglo XX y que fue expedida por uno de los gobiernos supuestamente progresistas de la Ciudad de México, conceptualiza a la asistencia social como el conjunto de acciones dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales, patrimoniales y sociales de los individuos, familias o grupos de población vulnerables o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o disfunción física, mental, patrimonial, jurídica o social y que no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas y ejercer sus derechos, con el objetivo de lograr su incorporación a una vida familiar, laboral y social plena. La asistencia social comprende acciones directas de atención de necesidades, de otorgamiento de apoyos, de previsión y prevención y de rehabilitación, así como de promoción de esas mismas acciones por otros agentes. La asistencia Privada es la asistencia social que realiza una institución con bienes de propiedad particular.
Como podemos observar, si bien los apoyos y las acciones tendentes a proveer de satisfactores a las personas en condición de vulnerabilidad, de nueva cuenta, desde una posición de verticalidad. El asistencialismo busca resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de generar soluciones que modifiquen las condiciones estructurales que acrecientan las desigualdades. La persona en condición de vulnerabilidad se ve como sujeto de protección y no como sujeto de derechos.
Por su parte la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su artículo 6 reconoce el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez por el cual los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, y para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos y eviten el aislamiento.
La crisis que ha desatado la pandemia de la COVID19 ha puesto a prueba la manera en que se prestan los servicios asistenciales por albergues para adultos mayores, en especial los que son prestados por IAPes que no se encuentran debidamente supervisadas. Al ser entidades privadas, no se encuentran bajo la competencia de instancias fiscalizadoras como las instituciones públicas. Incluso los organismos protectores de derechos humanos a que se refiere el artículo 102 constitucional, no tienes atribuciones para conocer de quejas por actos arbitrarios, o discriminatorios que estas instituciones cometan.
Si bien la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, tiene atribuciones para vigilar y supervisar que el funcionamiento de las IAPes se apegue a las disposiciones que les rigen y los servicios que prestan sean proporcionados “sin ningún tipo de discriminación, mediante personal calificado y responsable, a fin de garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, así como la dignidad e integridad personal de los sujetos de asistencia social”, en la práctica no opera de ese modo. El actual presidente de la Junta, designado por la jefa de Gobierno Sheinbaum, es Juan
Fernando Balzaretti Ramírez, quien fuera director general de la institución de asistencia privada Montepío Luz Saviñon. Es decir, los supervisados pasan a ser los supervisores, o viceversa.
En el marco de la contingencia por la COVID19 se ha evidenciado una ausencia de protocolos, lineamientos y supervisión a las IAPes que prestan esos servicios y, por supuesto, una ausencia de perspectiva de derechos en la atención de la crisis. Distintos eventos y reacciones podemos enumerar.
En un albergue para adultos mayores en el centro de la Ciudad, perteneciente a la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, I.A.P., fallecieron 21 residentes a raíz del coronavirus, dieciséis de los cuales fueron confirmados con COVID-19, cinco diagnosticados con “neumonía atípica” con sospecha de Covid-19.
En la Casa Hogar Isabel La Católica, de la Fundación Hermanitas de los Ancianos Desamparados I.A.P., no se tiene conocimiento de contagios, pero sí de la práctica de exclusión para expulsar a residentes, con el pretexto de prevenir que puedan contagiar a los demás, y de esa manera reducir sus costos de operación. Al menos 8 personas no han podido regresar a su residencia.
La Junta de Asistencia Privada brilla por su ausencia y, aun habiendo sido solicitada su intervención, la respuesta que se obtiene es que los plazos se encuentran suspendidos.
El modelo asistencialista está rebasado, A partir de la pandemia se hizo además evidente. Es necesario transitar hacia un
esquema en que las personas en condición de vulnerabilidad, en especial quienes tienen alguna discapacidad, sean considerados sujetos de derechos y tratados como tal por las instituciones que deben transitar, del esquema colonial de la filantropía, y el caduco asistencialismo hacia la instrumentación de acciones con perspectiva de derechos y con base en el desarrollo sostenible. El sector privado debe dirigirse hacia el cumplimiento de derechos humanos a través de la Responsabilidad Social Corporativa con Desarrollo Sostenible.
Caminemos hacia ello sociedad, empresas y gobierno. Desde aquí, desde esta Palco de Derechos, exhortamos a ello.
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