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La Mano Blanda

NOTICIAS DIVERSAS.-

Por: Héctor Barragán.-

Las declaraciones presidenciales por lo regular se inclinan a la benevolencia, lo cual molesta a muchas personas, debido a que semejan una política de impunidad, que propicia la mala conducta.

Sin embargo en algunos casos las decisiones resultan demasiado duras, como por ejemplo en el caso de las guarderías infantiles, tan útiles para apoyar a las madres trabajadoras, que se ordenó cerrar, por suponer malos manejos.

Era de esperarse una revisión minuciosa, investigación suficiente, para sancionar a los responsables de los malos manejos, falsificación de informes y documentos, y según la gravedad, sustitución de personal y finalmente el cierre.

La medida tomada fue el cierre de todas las guarderías, con el ofrecimiento de proporcionar la ayuda económica a los padres de las criaturas, sobre lo cual durante mucho tiempo se dejó de informar si esta medida se adoptó, o ero a raíz de la orden, se suscitaron multitud de manifestaciones de protesta y demandas de ayuda.

La suspensión de operaciones de los fideicomisos, se tramitó debidamente, con la idea de ahorrar lo más posible, despilfarros eliminarlos, dispendios igualmente, en lugar de verificar la limpieza o no de operaciones de esos organismos, que en caso contrario corresponderían con fincar responsabilidades, expedir sanciones, eliminar las fuentes de las fugas y el resarcimiento de los malos manejos, de manera de evitar la suspensión de labores de los fideicomisos valiosos, importantes, trascendentes y manejados honradamente, y ahorrarse las molestias de las manifestaciones contra la autoridad, ataques en los medios informativos, sin fundamento alguno, recurriendo incluso a los medios internacionales, demostrando así que los tales ataques y críticas obedecen a intereses particulares sumamente poderosos.

Otro lamentable caso fue el de la desaparición de la policía federal, que no se planteó a cada uno de los integrantes, que olvidados de su carácter de servidores públicos, se manifestaron en rebeldía, y en contra de sus autoridades, acusándola de violar los derechos adquiridos, ofrecerles reinstalación con menores emolumentos a los que percibieron durante años, etc.

La organización de la Guardia Nacional, que operó exitosamente en siglos pasados y se eliminó para restarle fuerza a los gobiernos locales, que la tenían considerable, se hizo con gran celeridad y anunciando logros que solamente tendrá dentro de varios años, al completar su instrucción y adiestramiento, previa depuración y especialización de diversas modalidades, fue motivo de severas críticas, quizá sin el debido fundamento y haciendo caso omiso de sus evidentes virtudes.

Caso en que se informó deficientemente al primer mandatario de la nación, entre otros casos, es de orillarlo a prometer entregas en efectivo a los deudos de los obreros mineros de Pasta de Conchos, olvidando que el gobierno Coahuilense otorgó cuantiosos recursos a viudas y huérfanos, además de becas a los pequeños, bastante generosas, es decir, se duplicarán las prestaciones indebidamente, gracias a gestiones de coyotes interesados.

Por cierto que los hicieron prometer el rescate de los cadáveres, tarea en sí difícil y cara, siendo factible en cambio, reabrir la mina, para que al obtener carbón se llegue naturalmente al sitio en que probablemente se encuentren restos o vestigios de los trabajadores fallecidos.

Los intereses económicos y financieros siguen empujando al gobierno federal a fomentar la producción de gas natural por el procedimiento de fracking, fractura de rocas, que es un procedimiento altamente contaminante y que se efectúa con tecnología y equipos e insumos de procedencia extranjera, es decir que será un renglón  más de subordinación financiera del país; similarmente se busca la producción de electricidad con la fuerza del viento, que también significa compra de los rehiletes y equipos complementarios, de procedencia extranjera y que no se tienen en México.

Con base en ello insisten en satanizar la construcción de la refinería de Dos Bocas, y la rehabilitación de las demás refinerías, dejadas caer en varios sexenios anteriores, y hasta el pasado, que ahorrarían millones de dólares por la suspensión de importaciones de combustibles y derivados que se registran desde hace varias décadas.

El combate al combustóleo, utilizado industrialmente y elevado contaminante, por los medios publicitarios, no se atiende del ángulo gubernamental, mediante la investigación e industrialización de ese hidrocarburo para volverlo menos agresivo al medio ambiente, y de manera semejante ocurre con el carbón de la región coahuilense, con objeto de hacerlo menos nocivo y elevar su poder calorífico, para que se use en el país y deje de comprarse al extranjero. Resolviendo así los problemas de la Comisión Federal de Electricidad, de negociar con los mineros y el social, de que estos han venido perdiendo sus salarios paulatinamente desde hace varias generaciones.

Los problemas del combustóleo y del carbón que son ambos hidrocarburos, deberían haber sido resueltos, al menos teóricamente, por el Instituto Mexicano del Petróleo, fundado hace algunas décadas y apoyado fuertemente en lo económico, institución de la que no se tiene noticia hace tiempo.

LA JUSTICIA

El capítulo de la seguridad pública ha sido uno de los problemas heredados de administraciones anteriores, aunque es posible que se haya incrementado en el presente, o para ser más preciso, en el año en curso y merced a la pandemia del coronavirus o más específicamente a la recesión económica provocada por ella.

La desocupación laboral ha alcanzado niveles inusitados, por lo que el crimen organizado ha fortalecido su fuerza de trabajo con mucha facilidad, además de que tanta gente se ha arriesgado a cometer ilícitos que nunca se le habían ocurrido y conoce solamente por la televisión y la nota roja, que todavía se publica en los diarios, que han visto reducida su circulación.

La policía preventiva nunca, que se recuerde, ha sido suficiente para mantener la paz y la seguridad en el país, pero ahora lo es menos, por la población sin ocupación, ni siquiera la juventud estudiosa liberada de sus asistencias a planteles. Al parecer en los bandos de policía y buen gobierno, título heredado de la colonia, no aparece como infracción el carecer de actividad económica, científica o estudiantil, por lo que al tránsito libre, que es constitucionalmente permitido es ahora abundante, al no ser sancionable andar por las calles sin razón indispensable.

Luego de la detención del sospechoso o infractor, comienza la tarea del Poder Judicial, tradicionalmente lento, demasiado, tardado y tortuoso, además de caro, por lo cual la criminalidad aumenta desmedidamente en estos difíciles tiempos.

Los delincuentes mayores, a juzgar por las noticias recientes, se escapan a las instancias nacionales, lo cual no se puede explicar por la saturación del sistema por la abundancia o sobresaturación de la prolongada escalera de la tramitación legal.

Como tampoco es explicable porque algunos asuntos tengan 20 o 30 o aún más años en trámites.

Pero estos últimos párrafos no corresponden a la responsabilidad del presidente de la República, lo cual deben tomar en cuenta los antílopes, o para ser más claros, los anti López Obrador, a quien es preciso reconocer sus aciertos y sus políticas tendientes a hacer menos pobres a los más y lograr que se modere la situación de los opulentos.

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