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¿Merece Parras esta ausencia de Justicia?

BAILE Y COCHINO

Por: Horacio Cárdenas.-

La política a la mexicana es algo muy especial, o bueno, a lo mejor no tanto, si nos apegamos a aquel lugar común tantísimas veces citado, de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, la política que se hace en México está caracterizada porque los gobernantes hacen lo que les viene en gana, pasando por encima de leyes, de la voluntad, del enojo de sus gobernados, de denuncias por todos los medios y modos posibles, con que se conserven en el ánimo del sistema político del que forman parte, prácticamente está garantizada su impunidad.

Estamos conscientes de que no estamos diciendo nada nuevo, si acaso lo que nos toca en este momento es actualizar la información, que no por ser más de lo mismo, deja de ser escandalosa y escocer en lo más profundo de nosotros como mexicanos, que vemos con desesperanza, ya que no con la furia que nos motive a hacer algo drástico cómo un gobierno que prometió acabar de raíz con la corrupción en la administración pública, se sirve con la cuchara grande, y no solo eso, sino que curándose en salud de lo que pudiera venirle de responsabilidad en algún futuro, se ha negado a proceder en algunos de los casos más sonados de malos manejos de recursos públicos, de los cuales ellos mismos sí que se han encargado de hacerles la máxima publicidad, todo para que termine en nada.

A nivel nacional destacan tres casos, el de Rosario Robles Berlanga, que fuera secretaria de Desarrollo Social y luego de Desarrollo Territorial del gobierno de Enrique Peña Nieto, el de Emilio Lozoya Austin, que se desempeñara como director general de Petróleos Mexicanos, y el de Alonso Ancira Elizondo, quien no figuró en las nóminas oficiales, pero que durante sexenios fue beneficiario de la protección de los sucesivos gobiernos, lo que le permitió amasar una fortuna impresionante. Uno podría estar tentado a pensar y decir que aquella otra frase hecha ¿qué, la justicia está pintada?, hace referencia a hechos bien concretos, y a una experiencia ancestral, en estos tres casos, la justicia, el aparato de justicia del gobierno, que es diferente de las leyes, que son inamovibles, y para las cuales no cabe una interpretación y menos una aplicación discrecional, efectivamente está de adorno, o a lo mejor no tanto, pero sí para dar un uso político a la ley, algo que por sí solo debía mover a poner bajo la lupa al gobierno, pues ¿para qué tanto esfuerzo para crear leyes, si estas se convierten en moneda de cambio para obtener ventajas políticas?
Los casos de Lozoya y Robles son similares, en cuanto que se les ha ofrecido ser testigos protegidos que denuncien a sus cómplices, que en ambos casos no puede ser otro que el presidente de la República anterior, Enrique Peña Nieto. ¿Qué caso tiene perseguir con tanta atingencia a los subordinados de un fulano al que el actual mandatario ofreció públicamente no perseguir, fuera el que fuera el delito que hubiera cometido?, ninguno en lo que a honrar la ley y la justicia se refiere, pero políticamente es muy útil fomentar el odio contra el partido al que pertenece Peña Nieto. El caso de Ancira es un poco distinto, lo que le interesa al presidente es obtener, que no necesariamente recuperar, 220 millones de dólares que se habrían pagado como sobreprecio por la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos. Si Ancira paga, Ancira sale libre ¿y la ley, y la justicia?, bien gracias.

Acá en Coahuila estamos viviendo, guardando las debidas proporciones, un caso parecido. El presidente municipal constitucional de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, ha venido acumulando una serie ya casi incalculable, de violaciones a toda clase de ordenamientos municipales, estatales, federales, civiles, administrativos y hasta penales. Como el alcalde se echó bien pronto de enemigos a los integrantes del cabildo parrense, estos se han encargado de documentar todas y cada una de las faltas, y no solamente para guardarlas en los archivos, sino para armar expedientes que han sido enviados a distintas dependencias gubernamentales en la capital, esencialmente el Congreso del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

A tal grado ha llegado la gravedad de los hechos atribuidos a Pérez Arciniega, que se han presentado mínimo dos solicitudes de juicio político, a fin de que el presidente municipal sea separado de su cargo, trámites que han sido desestimados por el congreso estatal, al que al parecer le ha dado demasiada flojera meterse a un procedimiento de instrucción. No lo hizo la legislatura pasada, pues ya iba de salida, así que inventó cualquier pretexto para invalidad la petición. Total que si la volvían a presentar, ya no les tocaría a esos diputados entenderse de la cuestión.

Lo que debió haber ocurrido en ese momento, y dada la magnitud de los hechos, más el descontento de amplios sectores de la población, era que quien tuviera ese poder, turnada a las autoridades correspondientes el expediente, así como un análisis de lo que podría pasar, pero o no lo mandaron o no llegó a la secretaría de gobierno, entre cuyas amplias responsabilidades entra el desactivar los conflictos antes de que estos ocurran, pero en el caso Parras se dejó crecer hasta el actual estado de cosas, en que el presidente municipal, violando todo ordenamiento, destituye al cabildo en pleno, para llamar a los suplentes de regidores y síndico, a ver si el cabildo armado a modo decide legitimar lo que el anterior rehusó hacer. Este solo hecho es grave como pocos, pues una cosa es que el alcalde haya gastado en esto o aquello, decidido lo de más allá, y otra que el cuerpo edilicio lo avale, ya no es uno solo el que viola las leyes, sino el conjunto del cabildo, lo que en vez de diluir la responsabilidad, como quizá sea la intención de Ramiro Pérez, la hace extensiva a los recién llegados.

Vaya usted a saber qué factores influyeron en que nada se haya hecho en los meses anteriores para desactivar la bomba parrense, recordamos que hace casi un año, el mismísimo gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme “regañó” al alcalde en un discurso en un evento en Parras, era para que este hubiera oído y entendido, y para que otros hubieran parado la oreja de lo que le importaba al mandatario estatal, pero no pasó ni una cosa ni otra. También está el detalle de que siendo Pérez Arciniega un alcalde morenista, su partido pretendiera hacer un caso político de algo que es meramente administrativo devenido en penal, a como son estos cuates, armarían campaña contra el gobierno estatal, diciendo que trae ojeriza contra el pobrecito alcalde parrense.

Todo esto se ha conjugado para que Parras esté viviendo momentos críticos, y ya el congreso mandó decir que no se resolverá pronto lo que le toca, pues la instrucción se lleva mínimo un par de meses, tiempo en el que le podemos anticipar que las cosas no van a mejorar, al contrario. ¿Parras tiene el gobierno que se merece?, ¿merece el pueblo mágico que la justicia de plano no haga nada mientras que la gobernabilidad y la estabilidad se desmoronan ante sus ojos?

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