El Senado de la República aprobó este martes por 68 votos a favor y 58 en contra, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen no estaba considerado para ser votado en la sesión de este martes, sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, solicitó agregar la iniciativa y citar a una segunda reunión unas horas más tarde, propuesta que fue apoyada por la bancada de Morena.
Durante el debate, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, criticó que la reforma viola otras leyes e infringe acuerdos internacionales como el de París y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Van a pasar a la historia porque empeñaron el futuro, la salud y el medio ambiente de nuestros hijos. Aprobaron una ley que viola la constitución y acuerdos de los que México es parte”, externó.
Por parte del grupo parlamentario del PRD, el legislador Miguel Ángel Mancera, cuestionó la intención de monopolizar el mercado eléctrico por parte de la CFE dando un trato discriminatorio a las compañías privadas.
“Expone a nuestro país a demandas y posteriores mecanismos sancionatorios”, acotó.
A favor de la iniciativa se posicionó la bancada del PT, al asegurar que únicamente se busca poner orden y definir reglas claras en el subsector de la industria eléctrica nacional.
“Instaura un nuevo orden en el sistema del despacho, establece la rectoría del estado para dirigir las actividades de planeación del sistema eléctrico por parte de la secretaría de energía”, defendió la senadora Cecilia Pineda Alonso.
Legisladores de oposición también criticaron que no se realizara un parlamento abierto previo a la discusión y votación en el pleno del Senado, además, afirmaron que se redujo el tiempo de participación de los senadores para fijar sus posturas sobre la reforma.
¿Qué propone la reforma eléctrica de AMLO?
La reforma daría prioridad de despacho a la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las centrales privadas de energías renovables.
También cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) y eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que pueden participar las empresas privadas para abastecer a la CFE.
Asimismo, forzaría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la energía que consumen.
Organizaciones han criticado que la iniciativa también podría provocar un incremento de hasta 2 mil 750 millones de pesos en la generación de electricidad en el país, lo que obligaría a la CFE a subir las tarifas por el consumo doméstico.
Una de las modificaciones establece que la CFE estaría facultada para revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE) y en su caso, cancelarlos de manera unilateral.
Con información de Latinus.
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