fbpx

Embestida a la independencia judicial ¿Cortina de López hacia el 2024?

PALCO DE DERECHOS

Por: Fernando Mendoza Elvira.-

“Un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa… concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales… solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio…”

Así la arenga del presidente López Obrador en su conferencia de prensa del 15 de marzo del 2021 -año electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-. El misil al Juzgador federal por parte del titular del Poder Ejecutivo se disparó porque tuvo la gran afrenta de proteger con la suspensión del acto de autoridad -la Ley a quien, en un juicio de amparo, alegó que es violatorio a sus derechos humanos. El acto de autoridad reclamado es el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo, por el que limita la participación de las empresas de energías renovable en la generación de energía eléctrica.

Más allá de la discusión de fondo sobre la reforma legal, la afrenta del presidente de la República al Poder Judicial, en particular a un juez cuya función primordial es la protección de los derechos humanos impartiendo justicia, es de gravedad para la vida democrática y constitucional de la Nación.

López Obrador, en su conferencia, continuando con la lectura de una carta que dirigió al Ministro Arturo Zaldivar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continuó su ofensiva: “…alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres… En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, seudodefensor de la sociedad civil… también el exministro José Ramón Cossío, quien, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial, legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades.”

Sin guardar ninguna forma y sin recato alguno, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Poder Ejecutivo de la Nación mexicana, en un atropello de la independencia judicial y transgrediendo el principio de legalidad, lanzó un duro ataque no sólo contra el juzgador federal, sino contra un Ministro de la Suprema Corte en retiro y un ciudadano particular que se ha dedicado al activismo de defensa de derechos, en especial a la educación, al impulso a la democracia y la lucha contra la corrupción.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larre, ha salido en defensa de la independencia judicial. En su cuenta de Twitter publicó: “Que no haya duda. El #CJF seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La #IndependenciaJudicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional. “

La independencia judicial es un presupuesto sine qua non para el cumplimiento del derecho humano a la impartición de justicia que protege el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político que en su artículo 14 dispone que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. Derecho humano de administración de justicia que la propia Constitución Política reconoce en su artículo 17, mismo que mandata garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

El abierto desafío del presidente López Obrador constituye una afrenta a la Constitución, a las obligaciones convencionales internacionales del país y a la República democrática.

En su Observación general Nº 32 el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que “el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley.”

Como he mencionado, para la administración de justicia el Poder Judicial, en lo institucional, y los jueces en lo individual, deben contar con independencia. Sólo mediante tribunales competentes e independientes es posible hacer justicia. Por ello, el Comité de Derechos Humanos agrega: “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones.”

Un Estado constitucional democrático requiere contar con juzgadores independientes que no reciban presiones ni injerencias de ningún agente, ni al interior del Poder Judicial y mucho menos de otro de los Poderes del Estado.

Por ello, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,, afirmó que “el requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del estado de derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Como tal, la independencia del poder judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas.

Pero los ataques del presidente López Obrador en lo que pareciera un arrebato de furia por ser cuestionada su reforma legal en materia energética, va más allá. En la conferencia de prensa del 17 de marzo, dos días después de los ataques a la independencia judicial, y un día antes del aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente afirmó: “estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros, que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco…si declaran inconstitucional la ley, va la reforma a la Constitución. Que necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción; nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo por más campañas que haya.”

En menos de dos días López Obrador dejó ver su estrategia. Hábil como es en explotar el discurso populista, la creación de enemigos imaginarios del pueblo, que es sabio, y la invocación al nacionalismo energético, llama su bastión electoral a votar por su partido en las elecciones del presente año 2021.

Abiertamente afirma que para poder combatir a lo que el presidente representa como un frente que atenta contra los intereses de ese pueblo, necesita contar con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Mayoría que le serviría para poder reforma la Constitución a su voluntad, incluso, en lo que respecta a la posibilidad de reelección presidencial.

El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, es la frase del historiador Lord Acton que viene como anillo al dedo, en palabras del presidente López Obrador, a quien, desde aquí, le exhorto a comportarse como jefe de Estado, a respetar la Constitucionalidad, la convencionalidad, los derechos humanos y el estado de derecho.

A la ciudadanía, va un llamado a votar este 6 de junio de manera razonada, ejerciendo los derechos políticos para contar con un Congreso de la Unión que no se encuentre a la orden del Ejecutivo. Para renovar la Cámara de Diputados con representantes de los intereses de la ciudadanía, que a la vez sean un contrapeso al poder Presidencial, máxime, con las prácticas totalitarias del actual mandatario.

Por último, no me resta más que expresar, ante la injusta e ilegal embestida que recibió con los señalamientos desde el púlpito presidencial, al jurista destacado, juzgador garantista, profesional probo y comprometido con los derechos humanos, quien fuera mi maestro de Derecho Constitucional en la carrera de derecho, a quien respeto y admiro, al Ministro en retiro José Ramón Cossío, mi solidaridad y apoyo.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 por Anders Noren.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: