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Honorable constitución

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Por: Héctor Barragán.-

Aparece como algo sagrado el conjunto de normas que integran la carta magna, como que con ella se hacía jurar cumplir y hacer cumplir los ordenamientos que la forman, pero no solo ello, sino y lamentablemente, las leyes y disposiciones que de ella emanan.

Pero resulta que en México y a la fecha, la Constitución está integrada por una serie de artículos básicos, de los cuales algunos son meros buenos propósitos, aspiraciones que no se han cumplido y entre ellas varias que no se cumplirán o no se tiene intención de llevar a término, como sería lo referente a democracia, república, representación -en rigor semántico- y algunos más. Pero muchísimas de esas disposiciones han sido restringidas o por lo menos limitadas, llegando en ocasiones a ser contradichas por las disposiciones bien precisas, que invalidan la intención original, mediante leyes, reglamentos, articulado transitorio y seguramente algunos artificios más; temas básicos como la prohibición de los juegos de azar, la apropiación o posesión de armas, la reelección, la facultad legislativa de los Congresos Locales y la subordinación a la homóloga Federal.

Con lo cual se puede concluir que no puede haber abogados constitucionalistas, como presumieron algunos presidentes de la República y juristas o legisladores, ministros, y por supuesto el sencillo ciudadano se encuentra inerme frente a su gobierno o su vecino. Sin contar que existen disposiciones que complican las cosas cuando hay necesidad de un litigio, de un negocio con instrumentación jurídica, sumamente amplia y complicada con códigos de diversas suertes y modalidades, procedimientos.

De estos enredos nace en ocasiones, material enorme para publicidad y propaganda política y negocios, si se trata de acciones y disposiciones que buscan el bien público, el patrimonio de la nación, integrada por supuesto por personas mexicanas, si hay leyes que ordenan considerar como tales a los extranjeros que llegan al país a invertir y hacer dinero. Extranjeros que por supuesto vienen armados con el prestigio de sus gobiernos, con tecnología y recursos económicos no sólo suficientes, sino aplastantes.

Es evidente que no puede existir una federación en tanto cada confederado no puede disponer de recursos para desenvolverse autónomamente; si se encuentra limitado para emitir la legislación necesaria para el mismo efecto, o sea estar sujeto en cuestiones propias de su interna jurisdicción, sujeto a las disposiciones del centro de la confederación; si carece de medios para garantizar su seguridad interna, no solo legales, sino materiales, de personal y técnicos.

Si el ordenamiento federal prohíbe los juegos, nadie puede autorizarlos, ninguno de los confederados y por supuesto el poder central, como es el caso mexicano, en que este se reserva la facultad de autorizar negocios de juego de azar y por su cuenta y para su beneficio, desempeña loterías, ferias, jugadas, y faculta a los casinos para trabajar.

También temen que prohíban los cobros para el tránsito, que el mismo centro se reservó sobre carreteras, puentes, barcos y en ocasiones otorga mediante concesión a particulares, a partir de la fecha, especialmente cercana al 1960 en que dejó de contar con recursos para construir carreteras, puentes, caminos y los pasó a particulares para su beneficio particular.

Sin contar desde luego que, por razones de seguridad nacional se mantengan prácticas monopólicas sobre los energéticos, aunque hay que reconocer que en este caso de contravenir la prohibición de monopolios, ha sostenido durante largos períodos el control de precios… al tiempo que no ha sido capaz de mantener la cordura de los comerciantes e industriales particulares en cuanto a su obligación social de moderar sus ganancias, a efecto de proteger el poder adquisitivo de los salarios (por un lado dolorosamente perceptible en la inflación y bien visible en el deslizamiento hacia abajo del tipo de cambio del peso frente el dólar) con lo cual por cierto se desvirtúa uno de los postulados constitucionales, de que el salario debe ser suficientemente remunerativo equivalente en todos los casos los esfuerzos necesarios para desempeñarlos. Tampoco se ha respetado el pago a las mujeres que desarrollan trabajos de personal masculino.

Es indudable que una parte de la sociedad se inclina a la violencia, como medio de resolver sus problemas y diferencias, por lo cual la propia comunidad ha determinado que otro grupo, se encargue de salvaguardar la disciplina e impartir los castigos cuando el abuso de la fuerza es excesivo.

También por ello los gobiernos han determinado restringir en lo posible la disponibilidad de armas, especialmente de fuego, sin embargo los grupos de poder han encontrado los medios de disponer de armamento y distribuirlo, si bien siguiendo su interés económico, con lo cual esos instrumentos de daño y muerte se han distribuido sin control, llegando a manos de personas sin responsabilidad, menores de edad, irresponsables y delincuentes.

Recuperar el debido control del armamento se ha vuelto entonces indispensables, lo cual corresponde al gobierno, haciendo valer los ordenamientos legales y con la fuerza necesaria, aunque será preciso también acelerar las demás medidas de fondo, las que inciden en la pobreza y el desempleo, propiciatorios de la violencia así como de una variedad de delitos.

Será prudente revisar la legislación y dejar claro que el derecho constitucional a contar con armas a los particulares, se refiere a elementos de seguridad solamente, de protección, con la responsabilidad al que se otorga el derecho a vigilar su guarda y el uso debido y conservar la severidad y estricta vigilancia a las infracciones, posesión, portación y comercialización.

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