Competencia desleal

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Por Héctor Barragán.-

ANTES DEL PROBLEMA.

Los manejadores de autos de alquiler de Saltillo, amenazan con manifestarse públicamente, obstruyendo el tránsito en diversas vialidades, en protesta contra las autoridades de vialidad y transportes, por permitir la competencia desleal de Uber e Indriver, empresas que prestan un servicio de transporte semejante, pero en condiciones económicas ventajosas.

El hecho de que se les autorice prestar un servicio similar, pero sin los gravámenes que se cargan a los taxistas, es una manifestación de inequidad, se les permite hacer una competencia desleal a los viejos operadores.

El problema por venir es serio, como lo han sufrido ciudades semejantes en el país, especialmente la capital del país, sin conocerse la forma en que se resolvió, caso de que así haya sido, el problema de las manifestaciones y sus consecuencias molestas y perjudiciales económica y socialmente.

Ahora se tiene la ventaja del aviso, de la advertencia de que crearan problemas, de manera que ha y tiempo, quizá no mucho, de turnar el problema a quien corresponda para solucionarlo.

Por supuesto que los operadores de taxis tienen razón en cuanto a que hay injusticia, competencia desleal y favoritismo que los perjudica al permitirles ofrecer a los Uber y similares, ofrecer un servicio un poco mas cómodo y tener un menor costo para ofrecerlo.

De manera que el gremio de los viejos operadores tiene en su contra la disminución de volumen de pasajeros y la reducción de los ingresos por su trabajo para subvenir a sus requerimientos económicos personales y familiares.

El asunto es relativamente difícil, en cuanto que implica la intervención de autoridades distintas a las municipales, competentes para modificar la legislación fiscal y hacerla comparable, equitativa para todos los operadores de autos de alquiler, taxis-uber y otros, y sobre, este hasta legisladores a nivel local o federal, pero es necesario y conveniente encontrar la equidad fiscal en un servicio público tan importante como el transporte de personas.

Por otra parte, la existencia de comisiones en el cobro a quienes operan en plataforma o como se les denomine, significa la existencia de un hueco en los ingresos fiscales, que de manera alguna se justifica. Es un medio legítimo del gobierno de cobrar por una concesión de un servicio público, ahora que tan urgido está el gobierno de recursos para sufragar sus crecientes costos y sin necesidad de crear nuevos gravámenes.

Sin embargo, en alguna parte se atrancan estas soluciones tan simples, porque hay un viejo asunto similar, de los autos chocolates, que abarcan camiones y otros vehículos, que se han importado sin pagar lo preciso para hacer las operaciones equivalentes a las que se efectúan con autos nuevos o usados.

Los impuestos de importación distan mucho de ser similares a los de igual capacidad de servicio que se ofertan en el país, los «chocolates» pasaron la frontera sin pago importantes o a base de protección de amparos o concesiones a organismos políticos importantes,

Lamentablemente esos autos «privilegiados» los chuecos transitan sin placas, ni verificación y no están registrados para responder de infracciones o accidentes.

Con lo cual los Estados no perciben ingreso alguno por los permisos de tránsito o la revisión anual de su situación de servicio, ni llevan a resolver problemas de accidentes.

Nuevamente el fisco sufre deterioro en sus ingresos, y no recibe compensación alguna por los servicios de calidad y mantenimiento de servicios públicos por estas unidades que están al margen del control desde hace demasiadas décadas, y amenaza con durar por siempre

Sin contar con que cada vez que amenaza la federación con regularlos se organizan sus propietarios mediante paradas, obstrucciones y aún destrucción de unidades, que por cierto les cuestan una bicoca y no contribuyen para nada con la sociedad. Supuestamente se les permite para uso de gente menesterosa, pero en muchos casos beneficia a personas que no necesitan de subsidio alguno.

Viendo similar el asunto, podría servir la solución del primero para desalojar los archivos de los autos chocolates, con el beneficio para el fisco, que corregirá tantos casos irregulares, producto de la corrupción y la demagogia, que ha alimentado a la flotilla de irregulares hace mucho más de medio siglo.

GUERRA CHICA

El Presidente Calderón, cuando lo fue, sintió el desmedido peso de la delincuencia formal contra la sociedad en general, de lo cual derivó su decisión tan grave de comisionar al ejército para erradicar los asesinatos. Con la mala fortuna de que en lugar de disminuir se aumentaron considerablemente.

Su explicación de los malos resultados seguramente le fueran dictados por los agentes del orden, que los crímenes aumentados eran producto de la lucha entre las distintas organizaciones delictivas. Pero los crímenes continúan luego de tanto tiempo y la violencia entre delincuentes, si fuera la explicación, continúa, si no es que aumenta.

Lamentablemente está afectando a la población civil y por supuesto sin respetar edad o sexo de las víctimas «colaterales»

A diferencia de la voz presidencial, la prensa y la opinión generalizada es que en cierta forma hay una guerra, aunque sea en pequeño.

Los delincuentes actúan en gran número y de las más diversas especialidades. Necesariamente hay que estar de acuerdo en que la mayoría del pueblo mexicano es bueno y pacífico, pero los infractores o delincuentes suman una gran cantidad, como para que se busque y encuentre en breve, la manera de detener sus actividades, de evitar que sigan aumentando, aunque sea preciso poner a trabajar a los cerebros más brillantes con que se cuenta y solicitarles su contribución material y física para solucionar tamaño problema.

Procurando que no se alimente desde los primeros años de la educación primaria y sucesivas, mejorando la situación de los padres y madres de familia, lo mismo que del profesorado, tal como ocurría hace no demasiadas generaciones.

Perfeccionando hasta donde sea factible la actuación de los agentes del orden, del personal directivo de los centros de reclusión y supuesta rehabilitación, para evitar que continúen siendo las universidades del crimen.

Mejorando a cuantos intervienen en la vigilancia de la sociedad, del orden público, lo mismo que los investigadores, jueces y magistrados, para que los asuntos se resuelvan en breve.

Llevar al sistema judicial el más hondo sentido humanitario, para que en caso alguno se lesione la dignidad ni se cometa injusticia, siendo está lo mismo castigar al inocente que perdonar al verdadero culpable, proclive a la reincidencia por lo regular.

Se evitaría desde luego el congestionamiento del sistema judicial, liberando a inocentes pobres en proceso y agilizando tramitaciones que impidan la circulación innecesaria de dinero entre los participantes en la larga tramitología de los juicios.

Y procurar la atención del control de armas, de los asesinatos, porque cada sacrificado es importante y siempre se considerará dolorosa la estadística de homicidios, por chica que ella sea.