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En 2022, la SCJN determinará si los diputados están obligados a financiar las facultades del INE.
Ciudad de México, 23 de diciembre 2021.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha impuesto nada al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la revocación de mandato, y será en 2022 que determine si la Cámara de Diputados está obligada a financiar sus facultades, consideró el exministro José Ramón Cossío, en entrevista con “La Silla Roja”, de El Financiero Bloomberg.
“No hay todavía la imposición de una obligación en ese caso. El ministro (José Fernando) Franco acaba de retirarse, se le turnará a la nueva ministra Loretta Ortiz, que tomará posesión en enero, y tendrá que pronunciarse sobre el tema de fondo, pero esto que se está haciendo muy celebratoriamente cuando se dice ‘la Corte le ordenó al INE que, independientemente del dinero, lleve a cabo la consulta’, no es una apreciación correcta, porque lo único que se ha hecho es negar la suspensión”, detalló.
Recordó que, con la consulta popular, el INE también recurrió a la Corte para tener más presupuesto, y se lo negó, y ello derivó en una consulta “mal hecha, pequeñita”, por lo que ahora amplió la petición.
“Los argumentos son diversos, está diciendo no sólo te vengo a pedir dinero, sino quiero que me contestes Corte si hay una obligación de la Cámara de Diputados de financiar o no mis competencias, creo que es una discusión mucho más rica, con una pregunta más sofisticada que forzará a la Corte a argumentar”, estimó.
El también investigador del Colegio de México agregó que otro tema para 2022 en la Corte será la argumentación que se dé en torno al acuerdo del Ejecutivo federal para declarar todas las obras como de seguridad nacional.
Desde su perspectiva, el decretazo no sólo es violatorio del artículo sexto constitucional, sino también del artículo 135, que “tiene un régimen particular que dice que todas las obras se tienen que licitar”.
Al ser cuestionado por la postura de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y quien indicó que la Cámara alta no tenía interés legítimo para presentar una controversia, el entrevistado consideró que sí existe tal.
“Sí recibe una afectación, porque el decretazo está haciendo exigir a las autoridades que hagan una serie de trámites, sin sujetarse a las normas que están establecidas por el propio Congreso”, indicó.
Agregó que la Corte tendrá que abordar la afectación del acuerdo de manera integral y establecer de dónde proviene la facultad del Presidente para emitir algo así. (Con información de El Financiero)
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