BAILE Y COCHINO…
Por Horacio Cárdenas.-
No ha habido decreto para la regularización de los vehículos que circulan ilegalmente en el país, que no venga acompañado de la consigna de: esta decisión del gobierno de la república es por única vez, y no se repetirá. Todo para que a la vuelta de los pocos años, más o menos hay uno cada sexenio, haya tanta carcacha, peltre, charchina y troca ilegales, que se haga indispensable otro decreto… que repite lo que el precedente.
En su descargo, podemos decir que ninguno de estos mecanismos que tienen lo suyo de político, algo de económico y mucho menos de social, se han dado en el mismo sexenio, y como no ha habido presidente en este país, desde Acamapichtli a López Obrador, que no se haya sentido no solo la mamá de los pollitos sino el mismísimo dios encarnado, pueden afirmar con toda seguridad que en el enorme trozo de historia patria que les tocó forjar (así se las gastan), solo hubo un decreto, por lo tanto fue único e irrepetible.
Examinando los programas de regularización de vehículos ilegales, los del pasado y el actual, nos topamos con un hecho que ya ha sido señalado por diversos analistas políticos y económicos, nacionales y extranjeros, el de Andrés Manuel López Obrador dista de ser el más “sensible” a la situación económica de la población, en efecto, contra sus discursos mañaneros, su literatura pretendidamente ideológica, se identifica más con el resto de sus acciones de gobierno, en cuanto que es todavía más conservador y neoliberal, suponiendo que en otro sitio que no sea la mente presidencial puedan caber juntos estos conceptos, que los de gobiernos anteriores que estos sí, eran declaradamente neoliberales, o que se portaban como tales sin entrar en cerebrales disquisiciones que no llevaban a nada, y que siguen sin conducir a nada.
En todo este asunto de la regularización de carros chocolate hay una base de fondo que rara vez, si es que alguien, se ocupa de mencionar siquiera, como buena parte de los problemas de esta nación, el de los vehículos ilegales tiene su origen en la corrupción… en este caso en el sentido de que ni uno solo de los carros, camionetas, camiones, tráileres, campers, y demás, pasaron volando por encima de la línea divisoria entre los Estados Unidos y México, todos, desde el primero hasta el último, desde el más lujoso hasta el que da más lástima, tuvieron enfrente a un agente del gobierno mexicano, antes aduanales, luego policías fiscales, y ahora se supone que honradísimos militares, que les dieron el visto bueno para la internación al territorio nacional.
Aquí hay de dos grandes tinacos de sopa: están aquellos que entraron tripulados por paisanos, aquellos ciudadanos mexicanos que migraron a Estados Unidos y a los que les ha ido bien, como para que cada año o cada seis meses visiten a sus parientes en el terruño viajando por tierra. Por las carreteras coahuilenses hemos visto infinidad de camionetas cargadas con lo inimaginable, no pocas jalando una traila para acarrear otras cosas más, para regalar a los que se quedaron acá.
Bien por ellos, que lograron un estándar de vida que buscaban, pero que además tienen permiso de residencia o ciudadanía, con lo que pueden ir y venir cuando gusten. El caso es que el mejor regalo que hacen estos paisas no es el refri, la estufa, el micro, los juguetes, sino la troca o el carro, que se queda en suelo mexicano, regresándose ellos en avión o camión, creándole un problema a las autoridades que carecen de capacidad para dar seguimiento a cada vehículo que pasa por la frontera. En algún momento se les pidió que pagaran fianza y cumplieran trámites engorrosos, pero aun con eso, se siguió haciendo hasta el día de hoy.
Esos son unos, están los otros, los que abiertamente transitan en caravanas trayendo carros ilegales, los más comunes son una camioneta jalando otra o un carro, allá mismo les hacen la adaptación, que perfectamente sirve para recorrer todo México o México entero. Estos son los que más problema representan, porque pagan una lana en la aduana y pasan, si los paran, pagan otra lana, y así hasta llegar a su destino, donde seguro hay una organización de carácter social… no pocas veces con fachada política, para otorgarle placas, un pegote, y una inscripción a un padrón de carros “pendientes de regularización”.
Lo hemos visto ya varias ocasiones, el tiempo que tarda entre que se da por cerrado el programa de legalización, y vuelve a aparecer la contabilidad de que hay más de un millón de vehículos en situación irregular, es cada vez más corto. ¿Y cómo no iba a ser así?, si los chocolates cuestan una fracción de lo que un carro legal, usado o nuevo?, además de que un vehículo chueco cuenta con muchas ventajas que los legales no tienen: son poco menos que impermeables a los reglamentos de tránsito, no los pueden multar porque ni siquiera están registrados, si chocan los dejan abandonados sacándole el bulto a pagar los daños o los heridos, el único problema allí es ingeniárselas para huir, y así por el estilo.
Desde luego que la industria automotriz se desgarra las vestiduras, los gobiernos se quejan de los problemas de todo tipo que crean, pero la decisión se toma en el centro, de acuerdo a la conveniencia política, real o imaginada, de que cada carro regularizado, aparte de los impuestos que genera, también representa uno, dos o más votos para el partido gobernante.
En esta ocasión el gobierno de Coahuila ha manifestado su desacuerdo con el decreto, toda vez que en nuestro territorio se asientan dos grandes armadoras de carros y muchas empresas de autopartes, que verán afectadas sus ventas por la baja en la venta de vehículos en el mercado nacional. Esto es cierto, pero solo hasta cierto punto, pues los carros que se fabrican en México no son de empresas mexicanas, sino de compañías extranjeras asentadas aquí, de hecho así como con el famoso programa “rápido y furioso”, no son pocos los coches fabricados aquí, exportados a Estados Unidos, que regresan al paso de los años convertidos en carros chocolate, y es que de lo que hablamos es de gente diferente: aquel que tenga dinero para comprar un carro de agencia, lo hará, y el que no tenga, buscará la mejor opción, un carro usado nacional o uno chocolate.
Pero lo que decíamos al principio. Los decretos anteriores otorgaban facilidades como que el registro podía hacerse en cualquier ciudad del país para los que ya estaban, y en la frontera para los que se estarían importando aprovechando el decreto. Ahora no, solo es en la frontera, ¿se imagina venir desde Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, hasta Ciudad Acuña para regularizar el mueble?, ese costo adicional no lo contemplan los creadores del programa, que pensaron que la gente se enloquecería de felicidad y agradecimiento, todo para que llegando le salgan con que… le faltó el comprobante del cambio de aceite de los diez mil kilómetros, o alguna cosa así.
Pero están los costos federales, que generosamente el presidente López Obrador cederá para tapar baches, más los estatales, las placas, más el citado viaje, más los moches, total que el trámite no le bajará de quince mil pesos, nada más para estar legal, y ya luego los costos de serlo, seguro, tenencias, etc.
Tiene razón el presidente cuando dice que No somos iguales. Antes era más fácil, más barato, ahora son muchos los que se la piensan si regularizar o no, ¿por qué?, pues porque es más cómodo y económico seguir de chocolate, que el pueblo bueno y sabio, que es ladino y canijo sabe que luego de un último decreto, seguirá otro, y a ver si el que viene sí les conviene.
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