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Por mal diagnóstico en IMSS, mujer de 27 años pierde el útero, un ovario y ambas piernas

Querétaro, Qro., 06 de Julio 2022.- Por un diagnóstico erróneo, una mujer de 27 años perdió el útero, un ovario y ambas piernas, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2022 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, pidiendo una reparación integral del daño causado a la joven.

Y es que la CNDH determinó que personal médico adscrito al Hospital General Regional número 1 (HGR-1), y a la Unidad de Medicina Familiar número 9 (UMF-9) de ese instituto en Querétaro, «dañaron el proyecto de vida» de la joven debido a un diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados de un Dispositivo Intra Uterino (DIU) «traslocado».

Este error provocó que la paciente tuviera una infección generalizada, que la llevó a un paro cardíaco con 30 minutos de reanimación asistida, choque séptico, extirpación del útero, un ovario, y la amputación de ambas piernas.

Esta recomendación fue emitida luego de que la víctima presentó una queja ante la CNDH, en la que señaló que en septiembre de 2018, acudió en al menos tres ocasiones a la UMF-9 debido a un dolor abdominal.

Los médicos le diagnosticaron infección en las vías urinarias y colitis, y sin solicitar estudios de laboratorios le dieron un tratamiento.

Luego la joven acudió al área de gineco-obstetricia del hospital del IMSS, para que le retiraran un DIU que estaba colocado en una posición inadecuada, el cual le fue extraído sin haberle realizado un ultrasonido o estudios de rayos X previamente.

Tres días después de este procedimiento, la joven se presentó de nueva cuenta en la clínica del IMSS debido a que tenía dolor en el área lumbar, y otra vez, sin llevar a cabo algún análisis, se le diagnosticó lumbalgia aguda.

Debido a que el estado de salud de la joven no mejoró, ingresó a urgencias de la UMF-9 y de ahí fue trasladada al HGR-1, esto por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa.

La CNDH detalló a través de un comunicado, que el organismo pudo acreditar que al llegar al HGR-1, «la víctima se encontraba en una condición grave que ponía en riesgo su vida, y que la pérdida de sangre se debió a una infección generalizada (sepsis), por lo que fue necesario proporcionarle respiración mecánica, ser intubada y una trasfusión sanguínea y, debido al paro cardíaco que sufrió, requirió reanimación por 30 minutos, se realizó extirpación de útero y ovario y, posteriormente, se le tuvo que realizar la amputación de ambas piernas».
Fue así que en la recomendación emitida, el organismo resaltó que la atención otorgada en el IMSS, «no fue oportuna ni adecuada», pues el diagnóstico que se le dio a la joven fue emitido sin estudios clínicos y sin tomar en cuenta el procedimiento de retiro de DIU que se le había practicado.

«…con lo que se constata un inadecuado seguimiento e indebida atención del dispositivo como método anticonceptivo, sin pasar por alto que la víctima podría presentar trastornos fisiológicos secundarios de su función reproductiva, alteraciones de la función sexual y trastornos psicológicos relacionados a la pérdida del útero», se lee en la recomendación.

La CNDH consideró además que el pronóstico de vida de la víctima es grave por las complicaciones derivadas de la inadecuada atención médica que le dejaron secuelas permanentes en la función deambulatoria, al amputársele ambas extremidades inferiores y obligándola a usar prótesis.

Y es que si bien la amputación de las extremidades se llevó a cabo para salvar la vida de la víctima ante el avance de la infección, «este procedimiento fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y de un inadecuado seguimiento de control, que permitieron el avance importante de la infección que pudo prevenirse», resaltó el organismo.

Ante tales hechos, se solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, que proceda a la inmediata reparación del daño, incluyendo el pago de una compensación económica suficiente; se procure a la víctima el acceso a programas sociales que le brinden oportunidades de desarrollo, y se le otorguen becas en favor de sus dos familiares directamente afectados.

Además, el IMSS deberá proporcionar atención psicológica y psiquiátrica que requieran las víctimas y otorgar a la mujer, de forma vitalicia, la atención médica que requiera como consecuencia de la discapacidad permanente y así como todos los dispositivos de prótesis requeridos que le permitan su desplazamiento adecuado.

Con información de Expansión Política.

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