Saltillo, Coah., 27 de Febrero 2023.- Imponen sanciones a El Heraldo de Saltillo, Zócalo Monclova y RCG Media, violentando el derecho de estos medios de comunicación a difundir información amparados en lo que dispone nuestra Constitución
En una inédita e inexplicable sentencia, los magistrados electorales Sergio Díaz Rendón, Alejandro Santos Contreras y Tania Liudmila Ramírez Padilla, integrantes del Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ), declararon por unanimidad la existencia de supuestos pero jamás demostrados actos constitutivos de violencia política por razón de género cometidos en 2022 por diferentes medios de comunicación de la entidad, emitiendo sanciones en contra de los periódicos El Heraldo de Saltillo, Zócalo Monclova y la televisora RCG Media, violentando con ello flagrantemente y con total descaro el derecho a la libertad de expresión que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En sesión ordinaria pública celebrada el pasado viernes 23 de febrero en Saltillo, los magistrados de ese órgano judicial resolvieron de forma definitiva el asunto TECZ-PES-03/2023, al declararse la supuesta aunque nunca demostrada existencia de estos actos cometidos por el medio de comunicación El Heraldo de Saltillo y su director editorial por una publicación difundida del 19 de abril de 2022, así como también por el periódico Zócalo de Monclova por otra publicación difundida en esa misma fecha, y a RCG Media por una publicación del 25 de abril de 2022.
Omitiendo los postulados plasmados en nuestra Constitución, y pretendiendo estar por encima de los mismos, el Magistrado Sergio Díaz Rendón, el Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Santos Contreras y la Secretaria General de Acuerdo y Trámite como Magistrada por ministerio de ley Tania Liudmila Ramírez Padilla del Tribunal Electoral determinaron de forma arbitraria y sin sustento legal alguno imponer una amonestación pública a estos medios de comunicación y ordenaron cumplir con las medidas de reparación del daño contempladas en el Código Electoral.
Entre estas medidas se incluye la publicación de una disculpa pública a la parte supuestamente afectada —la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra—, así como también la participación en el curso en línea denominado Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente no sexista, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la inscripción en los registros de personas sancionadas por actos de violencia política de género única y exclusivamente del director editorial de El Heraldo de Saltillo, dándole de esta forma el trato de delincuente a quien lo único que hizo fue ejercer su derecho a la libertad de expresión plasmada en nuestra Constitución como parte de su trabajo periodístico.
Los magistrados en mención no solamente violentaron nuestra Constitución, sino que además incurrieron en actos en los que dejan en evidencia su total y absoluto desconocimiento de nuestras leyes, al calificar como violencia de género la información publicada como parte de un ejercicio periodístico que en ningún caso de los medios sancionados violentó en modo alguno los derechos de la alcaldesa de Múzquiz, quien, como funcionaria pública que es, está por supuesto bajo el escrutinio público.
No es esta la primera ocasión en que los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila demuestran su incompetencia para ejercer su cargo y su ignorancia de las leyes que rigen a nuestro país. Basta “googlear” la frase: “sala regional revoca sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila” o “sala superior revoca sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila” para darse cuenta que en muchas ocasiones los órganos superiores le han tenido que enmendar la plana a los magistrado de Coahuila por no haber sustentado correctamente sus sentencias e incluso por omitir ordenamientos legales que cualquier magistrado electoral debió haber atendido.
Preocupa entonces la simpleza con la que los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila interpretan la ley a su antojo violentando disposiciones establecidas en nuestra Constitución, y con ello ponen en grave riesgo el buen desempeño del proceso electoral en que nuestro estado está inmerso, ya que ante su manifiesta incapacidad para resolver los juicios que en sus manos habrán de recaer, se le resta certeza al proceso en sí y se pone en entredicho la imparcialidad con la que estos magistrados en su momento habrán de actuar.
Ante esta situación, sería imperante que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomara medidas urgentes para sancionar o incluso sustituir de inmediato a este cuerpo colegiado y garantizar que cumplan con su trabajo tal como lo dispone la ley.
Con información de El Heraldo de Saltillo.
Pues de mi parte bien merecido aún recuerdo esa guerra que se inició cuando la alcaldesa no permitió la entrega de apoyos de Manolín y en represalias se le fueron con todo a la alcaldesa la hicieron famosa y ahora hasta sancionan muy merecidamente a quienes participaron en la guerra prriodistica