El tamaño del Poder Judicial

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Por: Héctor Barragán.-

Conocido es el hecho de que recurren al sistema judicial mexicano solamente la mitad de los afectados por hechos criminales y ello es resultado de que los trámites son pesados, las soluciones lentas y hay que incurrir en pérdidas de tiempo e inversiones de dinero demasiado elevadas.

Además de que se asegura que de esa mitad de los delitos que se denuncian, la retahíla de trámites se traduce en sentencias que significan el 5% de los asuntos. Esto es, un número insignificante.

Es conocido, entre tantos obstáculos que representan los trámites, por ejemplo, que hay delitos que generan soluciones En «abonos» que principian por una decisión de algún juez que determina la detención provisional, para garantizar que el presunto infractor o el sospechoso pueda escaparse del país y se estipula la retención «temporal» de 30 o 60 días o más, pero resulta frecuente que esa pena provisional se extienda 2 años o 7, como informan los noticieros de sonados casos.

Esto significa una injusticia o la falta de responsabilidad del sistema para dar trámite y finiquitar un asunto y es por supuesto una violación de derechos o simplemente una injusticia, que nunca sería castigada a la luz de la legislación vigente, con toda seguridad.

Resulta, desde otro ángulo de visión que al cuerpo judicial es demasiado modesto para el volumen producido por la criminalidad en su conjunto, suponiendo que el existente trabaja a plena capacidad. Sin embargo hay la posibilidad de que no suceda así, sino que la mayor parte del equipo está en condiciones económicas positivas y por lo mismo carece de alicientes para esforzarse en su labor, en tanto los altos mandos, sus ilustrísimas señorías del mando, perciben sumas estratosféricas y gozan de privilegios económicas que permitan beneficiar al equipo actual y amplificar su número y capacidad.

Llegó al conocimiento general por cierto, la oposición del Poder Judicial a la instancia del Ejecutivo, de moderar las percepciones económicas excesivas y algunas de enriquecimiento, con objeto de destinar la diferencia a finalidades más benéficas a la comunidad. Oposición fundamentada en la Constitución General de reducir sueldos, es decir con fundamento legal, ignorando la injusticia de ciertas significativas asignaciones salariales y prestaciones concomitantes y canonjías. Es decir, ignorando deliberadamente que su función, al más alto nivel de ese Poder Judicial, es la justicia y no el burocrático desempeño colgado de los instrumentos legales, los códigos y reglamentos.

Por supuesto que con ello se anticipaban a la sugerencia de moderar sueldos, altos y bajos, aplicados en la propuesta al IVE. se anticipan a recibir la sugestión de hacer lo propio dentro del Poder Judicial.

Volviendo a la estructura básica, de los primeros párrafos, resulta indispensable pensar y con la debida seriedad y sentido práctico, en que el poder judicial reestructurado y soportado por un Ejecutivo en su ramo policial sólido y capacitado, requiere de inversiones gigantescas para asemejarse al tamaño de los problemas sociales en lo que depende de la criminalidad existente.

Hablar de un incremento de por lo menos 20 tantos de su tamaño actual es por supuesto ilusorio, fantástico, pero sin mirar al tope, es preciso que el mismo poder Judicial se revise y proyecte, en etapas, para reestructurar salarios para ele- var los de la base y financiar su ampliación para así tener más capacidad de servicio; promover la ampliación presupuestal para proyectar su crecimiento, sugiriendo medidas que corresponderá al Ejecutivo y Legislativo, como es razonable suponer.

Es posible que un Gran Organismo como es el Tribunal Superior de Justicia carezca de la energía y ambición necesarias para iniciar un plan o programa de tal naturaleza y envergadura, pero su experiencia es más que suficiente para sugerir los modos de realizarlo, cubriendo las deficiencias que desde luego existen y las cuales compete resolver a los demás Poderes que constituyen el Gobierno de la República, el Ejecutivo y el Legislativo.

Es de suponer que lo anterior será comprendido por las personas que tienen la posibilidad y capacidad de participar en algo tan importante para proyectar al país, de manera sostenida, hacia la superación de todas sus carencias y problemas que es preciso controlar para lograr el objetivo mayor, como es la posibilidad de un país con justicia en todas sus manifestaciones e interpretaciones.

Donde hay justicia la equidad es parte inherente, el progreso partirá de esta base y se sostendrá en la misma equidad.