Por Marco Tulio C.
Es de dominio público y de explorado derecho, que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente establece que en nuestro país todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en nuestra ley fundamental que es la Constitución, así como en los tratados internacionales en los que México es parte, en donde también se instituye que el libre ejercicio de dichos derechos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones en que la propia Constitución lo establece, debiendo de favorecerse en su interpretación a la protección más amplia a favor de las personas.
Ahora bien, tal ordenamiento constitucional dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos en que la ley lo establece, dado que en nuestro país está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad de cualquier tipo, condición social, de salud, religión, estado civil o de cualquier otra circunstancia, que atente en contra de la dignidad humana y que pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Bajo las premisas antes expuestas, resulta necesario denunciar y hacer pública la situación ilegal, arbitraria y criminal que están padeciendo un numeroso grupo de cubanos que llegaron a México, dizque contratados laboralmente por el gobierno de la República a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes estarían siendo copartícipes de una presunta violación a los derechos humanos, laborales y de tráfico humano de tales personas, equiparable a la esclavitud de esos individuos, en virtud de que hay serios y convincentes señalamientos, de que la forma de contratación de esos dizque servicios de salud que están brindando ese casi millar de cubanos, violenta su libertad y conculca en su perjuicio los derechos laborales que les pertenecen, principalmente el de recibir de forma directa e íntegra su salario por la relación laboral que tienen, dado que no están recibiendo sus pagos salariales en lo personal, sino que es el gobierno dictatorial de Cuba, quien recibe ilegal e indebidamente los depósitos de los salarios devengados de los servicios prestados de forma personal por dichos sujetos.
El hecho antes mencionado, resulta sumamente agravado porque estarían siendo copartícipes de esa ilegalidad y/o comisión de un posible delito, las autoridades gubernamentales mexicanas, la ahora candidata y títere presidencial, Claudia Sheinbaum, así como López Obrador, dado que tal circunstancia incide en una grave violación a la Justicia laboral de recibir cualquier trabajador, de forma directa y en moneda de curso legal, un salario oportuno, íntegro y justo, por parte del Sector Patronal, sin intermediarios ni reducciones ilegales.
Esta situación que configura, una nueva forma de esclavitud en perjuicio de esos cubanos, al estar trabajando en un país extranjero, pero subyugados salarialmente por el gobierno socialista de cuba, violándose así sus derechos fundamentales de justicia social, laboral y de esclavitud que está prohibida en nuestro país, ya que nuestra Constitución es categórica al establecer en su artículo 1º, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección y su pleno ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones en que la propia Constitución lo prevé, además, el artículo 123, de nuestra Carta Magna, dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, bajo los principios de retribución salarial, que debe de ser cubierta en moneda de curso legal, es decir en efectivo, además debe de ser, íntegra, directa, sin intermediarios, o retenciones ilegales, y bajo la premisa inviolable de que a trabajo igual salario igual,
En ese sentido, y como ya es evidente que los Cubanos, no están recibiendo directamente su salario, sino que a través de un mecanismo de contratación ilegal, se depositan esas prestaciones que solamente les corresponden a ellos y a sus familias, pero que indebidamente se pagan y depositan al gobierno cubano, tal acción es violatoria de derechos humanos y de la justicia laboral que debe de prevalecer en México, lo cual resultaría por demás delincuencial y agravante, porque es el propio Gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y la ex Jefa del Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quienes estarían encubriendo, alentando y fomentando, esa modalidad de explotación laboral, que puede constituir una nueva especie de esclavitud, en perjuicio de los cubanos que ya están en suelo mexicano.
Lo anterior, es equiparable al delito de trata de seres humanos que estarían siendo explotados en forma deliberada e ilegal, pero eso ya no es de sorprendernos, pues es categórico que los sistemas comunistas, socialistas y populistas, como el que hoy lamentablemente tenemos en México, no les importa la aplicación de la ley, ni los derechos constitucionales de los individuos, lo cual es de suma peligrosidad ante el riesgo inminente de que todos los mexicanos perdamos más libertades, como la de los cubanos, nicaragüenses o venezolanos, y si los dejamos seguir avanzando pronto no nos permitirán trabajar en lo que cada uno desee y le acomode, sino trabajaremos obligadamente en lo que el gobierno le indique, y bajo el misero salario que los comunistas decidan darnos, teniéndonos así como sus esclavos sin poder protestar, de ahí, que aun que estamos a tiempo, en la próxima elección federal, la mayoría de los mexicanos bien nacidos, amantes de la libertad, expulsemos a esos delincuentes de la Presidencia de la República y del Congreso Federal, y ni un solo voto debemos de darles a los delincuentes de Morena y sus lacayos serviles.
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