Por.- Edgar Silva.-
Parras, Coahuila, 28 de enero de 2025.- Desde la tarde del pasado lunes, los habitantes del ejido San Lorenzo decidieron alzar la voz ante una serie de abusos perpetrados por Casa Madero, la casa vitivinícola más antigua de América. El conflicto se desató debido a un cercado que cerraba el libre acceso al derecho de vía de los ejidatarios al cauce de la acequia, generando abusos en la repartición de aguas.
Según un decreto presidencial de 1943, los ejidatarios tienen derecho a 12 horas de riego al día, pero este se ha reducido a menos de 9 horas y con menos de 100 litros por segundo.
La situación se agravó cuando un grupo de habitantes del ejido San Lorenzo intentó intervenir en Casa Madero. El equipo de seguridad privada de la casa vitivinícola, liderado por un civil fuertemente arm4do de apellido Camarena, comenzó a intimidar a los concesionarios del agua, alegando que si entraban podrían incluso detonar arm4s de fuego y rociar con gas lacrimógeno a los presentes, incluidos niños, mujeres y adultos mayores. Estos actos de intimidación solo han exacerbado la tensión y el descontento entre los ejidatarios.
Ante esta situación, la Guardia Nacional se presentó en el lugar, pero lamentablemente no fue en apoyo a los ejidatarios, sino a Casa Madero. Esta acción dejó en claro la falsedad del lema de la Cuarta Transformación (4T) de «Primero los Pobres». Los ejidatarios se sienten traicionados y desprotegidos por las autoridades que, en teoría, deberían velar por sus derechos y bienestar
El conflicto por el agua no es nuevo en Parras de la Fuente. La escasez de recursos hídricos ha generado disputas históricas entre los ejidatarios y Casa Madero. Sin embargo, la situación actual ha alcanzado un punto crítico, con los ejidatarios denunciando que Casa Madero no respeta los horarios de distribución de agua acordados y que les impide verificar las compuertas o limpiar la acequia.
LA 4T AL SERVICIO DE LOS RICOS
La reciente llegada de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a las instalaciones de Casa Madero ha causado indignación entre los habitantes del ejido San Lorenzo. Los ejidatarios, quienes exigen que se respeten sus derechos de acceso y repartición del agua, se sintieron tratados como si fueran un grupo delictivo de alto nivel. La presencia militar ha generado tensión y cuestionamientos sobre el papel de las autoridades en este conflicto.
Los campesinos han manifestado que no son criminales ni tienen la intención de dañar la propiedad de Casa Madero. “No somos criminales, no venimos a dañar su propiedad, nosotros queremos que se respeten nuestros derechos,” mencionaron enfáticamente, expresando su frustración y descontento. Se sienten acusados injustamente de actividades delictivas cuando su única intención es lograr un trato justo en la distribución del agua.
El despliegue de la SEDENA en esta situación pone de relieve las profundas desigualdades y la falta de protección a los derechos de los usuarios del agua. La comunidad de San Lorenzo exige que sus reclamos sean escuchados y que las autoridades actúen de manera justa y equilibrada. Es imperativo que se encuentre una solución pacífica que garantice el respeto de los derechos de todos los involucrados, evitando la criminalización de quienes luchan por sus legítimos intereses.
¿UN CRIMEN MÁS?
Los ejidos del municipio de Parras de la Fuente han decidido unirse en una lucha contra los abusos cometidos por Casa Madero. Entre los ejidos más afectados se encuentra San José Patagalana, cuyos habitantes están siendo despojados de sus tierras a través de nombramientos apócrifos de supuestos ejidatarios. Estos individuos están autorizando la venta de lotes pertenecientes al ejido, situación que ha resultado en la venta de más de 100 hectáreas, acción que los verdaderos habitantes del ejido desconocen.
Uno de los individuos señalados en este conflicto es José Torres, quien se ha presentado como comisariado ejidal. Sin embargo, su nombramiento es desconocido por los habitantes del ejido, quienes sospechan que Casa Madero influyó en su puesto a través del Tribunal Agrario. Los ejidatarios acusan a Torres de firmar documentos que permiten la venta de las tierras, lo que ha generado una gran desconfianza y descontento entre la comunidad.
La unión de los diferentes ejidos es una muestra de solidaridad y resistencia ante lo que consideran una injusticia. Los habitantes exigen que se respeten sus derechos y se reviertan los despojos, que afectan no solo su patrimonio, sino también su modo de vida.
Con información de Tv Parras.
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