CDMX., 13 de diciembre de 2025 — El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió de manera significativa sus facultades de fiscalización de cara a 2026, con una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación que han encendido alertas entre especialistas fiscales y defensores de derechos de los contribuyentes.
Fiscalistas independientes calificaron las nuevas reglas como abusivas e invasivas, al considerar que otorgan a la autoridad tributaria herramientas que podrían vulnerar derechos fundamentales y poner en riesgo la estabilidad de empresas y ciudadanos.
Entre los cambios más cuestionados figura la creación de procesos exprés para detectar y sancionar comprobantes fiscales presuntamente apócrifos, lo que reduce al mínimo los plazos de aclaración y defensa para los contribuyentes.
Además, las reformas armonizan delitos fiscales con supuestos que ameritan prisión preventiva, situación que, según críticos, abre la posibilidad de que jueces ordenen la cárcel a cualquier persona —desde quien emite hasta quien recibe una factura— relacionada con “factureras”.
Las modificaciones también facultan al SAT para suspender de inmediato la emisión de facturas, congelar operaciones mientras se define la situación legal de una entidad y publicar nombres de presuntos presuntos factureros.
Especialistas alertaron que estas medidas colocan a los contribuyentes en una posicion de desventaja procesal, amenazan la privacidad de personas físicas y morales, y pueden impactar negativamente en la economía, el empleo y la confianza empresarial.
También se incorporan facultades para imponer plazos estrictos de cumplimiento bajo presión, realizar visitas domiciliarias sin orden judicial y fiscalizar en tiempo real operaciones digitales, lo que ha generado preocupación entre asociaciones empresariales y despachos fiscales.
Algunos pronunciamientos oficiales, sin embargo, han rechazado interpretaciones de que la reforma implique una prisión automática para contribuyentes cumplidos o por mera sospecha, y han insistido en que el combate a la evasión fiscal respetará las garantías del debido proceso.
Las reformas entrarán en vigor a partir de enero de 2026, y organismos civiles vigilarán su aplicación ante el riesgo de afectaciones administrativas y legales a miles de personas físicas y morales en el país.
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