BAILE Y COCHINO // Horacio Cárdenas Zardoni
La noticia habría pasado como tantas otras en los medios de comunicación, sin pena ni gloria, pero vino a suceder que un importante conjunto de colectivos en el estado de Coahuila, respaldados por otro mayor a nivel nacional, puso el grito en el cielo por la información aparecida en la prensa local, repito, como una noticia cualquiera, sí destinada a dar a conocer un hecho, pero para la cual no se le veía mayor trascendencia, mucho menos repercusiones como las que tuvo.
En síntesis, el asunto es este: un juez dictó vinculación a proceso a una mujer, a quien su esposo acusó de ejercer violencia vicaria en su contra, en lo que constituye el primer caso en Coahuila, y quizá en el país, en el que se procede contra alguien en los supuestos que están contemplados en jurisprudencia reformada en el año 2024.
Usted sabe cómo son esas cosas, en este país el camino de las leyes es extremadamente largo y complicado, además de tardado. Son muchas las leyes que se promulgan, luego de un arduo proceso de recabar información sobre el asunto, como para redactar una reforma que los diputados decidan incluir en el orden del día, votar y finalmente publicar para que adquiera vigencia. Después de eso, y con eso de que la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie, hay que esperar que se presente un caso que caiga en el marco del nuevo ordenamiento.
Pues bien, eso es lo que sucedió en el caso de Estela Guadalupe ‘N’, quien es la persona que se encuentra en estado de vinculación a proceso, en espera que corran los tiempos en el juzgado, que decidirá quién tiene la razón, si el esposo que la acusa, o ella en su defensa.
El asunto, del cual estamos tan enterados como cualquier otra persona que lea periódicos, no debería tener más trascendencia que lo que representa para los integrantes del núcleo familiar, los cónyuges y los hijos de la pareja.
A veces estos hechos llegan a oídos de la familia extensa y de algunos conocidos o vecinos, solamente en casos graves, en los que se llega a vías de hecho, o en los que alguna de las partes solicita la intervención de la autoridad, es que se conoce de estas situaciones de violencia vicaria, que en mi opinión, no deberían llegar a los medios de comunicación masiva, ni deberían salir del expediente que tenga la procuraduría especializada, la de la familia, y el juzgado. Porque en una sociedad como esta, todo se presta al chismorreo, en perjuicio, como no podía ser de otra forma, de la propia familia, limitando o cancelando las pocas o muchas oportunidades que pudiera haber de que exista una reconciliación.
En este caso, como en algunos otros que registra el supuestamente moderno sistema judicial mexicano, son más las cosas que se oscurecen que las que se aclaran, primero con la redacción de la ley y la manera en la que la interpretan las cada vez más tristemente célebres ‘personas juzgadoras’, acompañadas de la parte defensora, que suelen ser mucho más marrulleros que aquellas.
La impresión que nos da, es que los colectivos de mujeres que pusieron el grito en el cielo por la vinculación a proceso, es que tienen la idea de que la violencia vicaria es un asunto solamente de ida, de los hombres hacia las mujeres, y no de regreso, quienes quedarían como las víctimas reivindicadas en su lucha contra lo que no sin cierto gesto de asco llaman ‘el patriarcado’, primero habría que probar, legalmente si el denunciante en contra de la denunciada es efectivamente un macho represor, pleno ejemplar de ese patriarcado al que se le cargan todas las culpas, y no un simple ciudadano que apela a la justicia para que sea esta la que dirima a quien le corresponde la razón, a él o a su cónyuge.
El comunicado publicado en la prensa decía textualmente “la violencia vicaria no puede usarse contra quienes la nombraron para sobrevivir. Hacerlo es vaciarla de contenido, es traicionar la lucha de las madres, es sembrar el miedo y terror”… este… aquí hasta le están prohibiendo a quienes tienen cromosomas XY el utilizar lo que en opinión de los colectivos es exclusivo de las que tienen XX. Además, lo manejan como un asunto de sobrevivencia, la utilización de un término que ahora es jurídico y que quizá en su inicio sí tuvo otra connotación, pero ahora es legal. Y eso de la traición a la lucha… creo que ahora son ellas las que se están extralimitando en lo que cada término significa.
La nota se sigue por allí para rematar en lo de que el caso se desarrolla en un contexto de desigualdad estructural, sea eso lo que sea. Hasta donde sabemos, son cientos de casos de mujeres que se quejan por uno de un hombre que denuncia, y a eso llaman desigualdad. Bueno.
Ojalá el tribunal que tiene el caso le ponga una atención especial, pues algo que no debió de salir de la casa, o del juzgado, ahora es tema estatal y nacional, del que así como lo vemos, nada bueno va a salir.
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