Por: Edgar Eduardo Tolentino Armendariz.-
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el instrumento rector, instrumentado por Salinas de Gortari, que ha validado la sobre explotación en el país y en el municipio de Parras. Es una Ley neoliberal, que promueve el acaparamiento, y con una visión mercantilista que sitúa al agua, en primer lugar, como un elemento de generación de riqueza y no como un derecho humano.
Si bien ha habido modificaciones a la legislación, las concesiones otorgadas desde su promulgación (1994) hasta la fecha, sumadas a la incapacidad de la Conagua para vigilar y controlar las extracciones, han generado zonas, como la parreña, en las que es evidente el daño ambiental ocasionado por la sobre explotación: acuíferos agotados, perforaciones cada vez más profundas, contaminación por metales pesados, costos elevados de saneamiento y purificación, entre otros problemas.
Además de las concesiones que se otorgaron a quienes eran afines al régimen priista-salinista y, posteriormente, al régimen panista, durante el sexenio de Peña Nieto se intentó regularizar o validar perforaciones adicionales ya existentes a través de los “registros de libre alumbramiento” , también conocidos como “folio 8”. Dicho mecanismo se utilizó ampliamente —principalmente en Chihuahua, pero también en Coahuila—, y está plenamente documentado el daño ambiental, el favoritismo y la corrupción desmedida que operaron bajo este esquema.
Según diversos acuerdos emitidos por Peña Nieto, las aguas subterráneas -que por décadas se consideraron de ‘libre alumbramiento’, es decir, que cualquiera podía cavar un pozo en su propiedad y extraer agua sin pedir permiso- ya no pueden ser extraídas libremente y debían registrarse todas las obras existentes hasta el 2013. De ahí nacieron estas constancias de registro, las cuales terminaron traduciéndose en un esquema que permite «hacer fila» para que, en el futuro, se otorgue una concesión formal con un volumen de extracción establecido.
Justo en esa parte es donde está el vacío legal, o “el truco” , como se conoce en el rancho: las constancias de libre alumbramiento son únicamente para fines estadísticos y de control; no autorizan la extracción de agua. Sin embargo, la Conagua no las clausura ni les impone un medidor volumétrico y, por otro lado, la CFE les otorga una tarifa eléctrica preferencial, la 09 (tarifa de es`mulo para bombeo agrícola).Mientras la Conagua no vigila ni clausura, la CFE promueve la sobreexplotación mediante estas subvenciones.
¿Y quiénes son los poseedores de dichas constancias? En su mayoría, políticos de alto nivel, empresarios acaudalados y personajes afines al poder político y económico del estado y del país en aquellos tiempos; y, en menor medida, algún pequeño productor aferrado que no tuvo los contactos ni los medios para acceder a una concesión, pero sí algo de suerte en el 2013.Según las recientes modificaciones a la LAN, el libre alumbramiento debió regularizarse en un plazo que ya venció. De eliminarse las constancias o suspenderse la extracción, las implicaciones serían considerables, ya que para diversas agroindustrias este es el único mecanismo que tienen para extraer agua. Empresas de hortalizas, legumbres, nuevos viñedos, nogaleras, ranchos y demás actores que, a la par del discurso del progreso y la generación de empleos, generan riqueza para sí mismos y daños ambientales irreversibles para la región.
Un primer paso para mitigar la sobreexplotación es eliminar todos aquellos registros de libre alumbramiento que estén repetidos o que no se encuentren en operación. Adicionalmente, se debe otorgar a todos los usuarios un volumen de extracción que contemple la capacidad real del acuífero. Es decir, un reajuste o una distribución justa de volúmenes entre todos los usuarios, incluidos quienes ya cuentan con una concesión formal.
¿Querrán los concesionarios ceder parte de su volumen? Es obvio que no. ¿Querrán los poseedores de constancias de libre alumbramiento cerrar sus pozos por el bien de la región? Tampoco. ¿Quién va a ceder? Nadie. ¿Pondrán orden la Conagua y la CFE eliminando los registros de alumbramiento y dejando solo las concesiones? Deberían, pero el costo político, social y económico es sumamente alto.
¿Quién cederá o actuará realmente? ¿Los concesionarios, los poseedores de registros o la Conagua? La moneda está en el aire y la respuesta, a la vista de todos: los nuevos viñedos se multiplican en cantidad y extensión mientras los tajos de agua se secan y las plagas devoran las huertas de los campesinos. Al final, no sobrevive el más fuerte, sino el que tuvo mejores contactos y el dinero para perforar el pozo más profundo.
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