- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa ya no aparece recluido en ningún penal federal; su salida ocurre mientras mantiene conversaciones con fiscales estadounidenses para alcanzar un acuerdo de colaboración.-
Nueva York, EU., 17 Agosto 2026.- El proceso contra Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dio un giro que podría tener repercusiones para varios funcionarios y exfuncionarios señalados por sus presuntos vínculos con Los Chapitos.
Después de permanecer tres meses recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Mérida Sánchez abandonó el penal el pasado 11 de agosto y, hasta ahora, no aparece registrado en ningún otro centro penitenciario federal de Estados Unidos.
La salida no significa necesariamente que haya recuperado su libertad. De acuerdo con fuentes judiciales, el escenario más probable es que permanezca bajo custodia federal en una ubicación confidencial mientras negocia su posible incorporación al programa de testigos colaboradores del gobierno estadounidense.
El movimiento ocurre después de que la audiencia de seguimiento programada para el 4 de agosto fuera aplazada de manera indefinida por la jueza Katherine Polk Failla. La suspensión coincidió con las conversaciones que mantienen la defensa y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York para buscar una salida negociada al proceso.
Mérida Sánchez podría declararse culpable y proporcionar información útil para otras investigaciones a cambio de beneficios en la condena. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de que el acuerdo haya sido concluido ni de que haya ingresado formalmente a un programa de protección.
Una negociación que podría alcanzar a funcionarios de Sinaloa
El exsecretario forma parte de una acusación presentada contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre quienes se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos durante su gestión al frente de la seguridad estatal, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
A cambio, presuntamente ordenaba a policías estatales no intervenir contra integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa, perseguía a grupos rivales y proporcionaba información anticipada sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
Las autoridades estadounidenses aseguran que durante 2023 el entonces funcionario habría advertido con anticipación sobre al menos diez redadas, permitiendo que integrantes de la organización retiraran drogas, equipo y personal antes de la llegada de las fuerzas federales.
El general en retiro enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para utilizar ese armamento durante actividades relacionadas con el narcotráfico. De ser declarado culpable sin alcanzar un acuerdo, podría recibir una condena de entre 40 años y cadena perpetua.
Bajo resguardo y fuera de los registros penitenciarios
La situación de Mérida Sánchez sería similar a la de Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes dejaron de aparecer en cárceles federales mientras colaboraban con las autoridades y permanecían bajo protección en ubicaciones reservadas.
La defensa del exfuncionario está encabezada por Sarah Rebecca Krissoff, abogada que anteriormente trabajó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y cuenta con experiencia en negociaciones de culpabilidad.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también se habría entregado a Estados Unidos y estaría negociando su incorporación como testigo colaborador. A diferencia de Mérida, Díaz Vega no ha aparecido públicamente en los registros de ninguna prisión federal desde que se informó sobre su entrega.
La eventual colaboración de ambos exfuncionarios podría resultar relevante para el gobierno estadounidense, debido a los cargos que ocuparon dentro de la administración sinaloense y al conocimiento que podrían tener sobre las presuntas relaciones entre autoridades estatales y Los Chapitos.
Por ahora, la salida de Mérida Sánchez de la prisión de Brooklyn representa una pista importante, pero no una confirmación definitiva de que haya cerrado un acuerdo. El general continúa sujeto al proceso penal y las acusaciones formuladas en su contra deberán acreditarse ante los tribunales.
Lo que sí resulta evidente es que el caso comenzó a moverse lejos de los reflectores: sin audiencia programada, fuera de la cárcel y en medio de negociaciones que podrían convertir a quien fue responsable de la seguridad de Sinaloa en una fuente de información para la justicia estadounidense.
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