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El Partido Revolucionario Institucional que dirige en Coahuila David Aguillón Rosales sufrirá, en la próxima contienda electoral, una de sus más escandalosas derrotas de que se tenga memoria en las actividades electorales de ese organismo político.
De acuerdo con estudios realizados por investigadores políticos, los candidatos del PRI a las diputaciones federales serán derrotados en las urnas no por los candidatos opositores, u otros partidos políticos, sino por unos electores que buscan «ajustarle las cuentas» al gobierno de Rubén Moreira, mandatario que no solo ha incumplido sus promesas de campaña sino que además mantiene el abuso constante contra la población a la que ya han saqueado hasta el cansancio, sin importarle que los daños patrimoniales que ocasiona lleguen a perjudicar seriamente a las familias coahuilenses.
Así sucedió primero con su promesa de eliminar la tenencia vehícular –como sucedió en la mayor parte de los estados del país–, no solo no terminó con ella sino que incrementó los impuestos y subió las tarifas de todos los servicios que presta el estado a la ciudadanía, aduciendo que su hermano, Humberto Moreira, había dejado en bancarrota las finanzas públicas y que había pagar el servicio de la deuda, en la mentira más grande de su administración porque bajo esa argucia se ha dedicado a saquear el estado.
Posteriormente, hasta hace apenas unas semanas ordenó una verdadera cacería de deudores de tenencias y cambio de placas. Todo aquel que no liquidó esos impuestos terminó con su carro en el corralón y con más deuda qué pagar porque a las tenencias hubo necesidad de agregar el pago de multas y el uso de la grúa.
Ante esta serie de arbitrariedades que tanto daño causaron a la población con menores recursos, y que son el cimiento del PRI, los analistas afirman que la posición de ese partido político es desastroza y que es muy poco lo que podrá hacer su dirigente estatal por sacar adelante una victoria, además de ser el artífice de la imposición de un puñado de candidatos impopulares, partícipes de las decisiones abusivas y de la corrupción del gobernador Moreira.
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