Las personas desaparecidas se han convertido en una alarmante medida de la fallida estrategia de seguridad del actual gobierno. Nunca antes en la historia de esta nación habíamos contado con más desaparecidos como los primeros años de Enrique Peña Nieto al frente del país. En promedio 13 desaparecidos diarios, uno aproximadamente cada dos horas. 40% de los cuales son jóvenes entre 15 y 29 años y uno de cada 10 resulta ser un niño de entre 0 y 4 años de edad. Según cifras oficiales de la base del Registro Nacional de datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED por sus siglas) cuatro de cada diez desaparecidos en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de esta administración. Dicha base de datos fue creada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y contempla información desde el 2007 a la fecha.
En esta base de datos se muestra un crecimiento sostenido de las desapariciones desde 2007 que alcanzó un pico en 2011. Después de un muy breve descenso en 2012 se refleja un incremento a partir del 2013 estableciendo el 2014 con mil 936 y tan solo en lo que va del 2015 con 10 mil 836 como los dos años con más desapariciones en la historia de esta nación.
La base de datos indica que cinco entidades federativas concentraron 64% de los casos registrados como extraviados o desaparecidos del país: Distrito Federal con 29%, Estado de México con 11%, Tamaulipas con 10.5%, Jalisco con 8.5% y un poco honroso 5° lugar para Coahuila con un 5%.
De estos casos se puede definir un 30% de los casos como desapariciones forzadas y no simples desapariciones. El crimen de desaparición forzada definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación.
Muchos de los casos antes mencionados tienen en común en las versiones que dan los testigos, la participación de organizaciones gubernamentales de seguridad, policía federal, estatal y municipal así como soldados del Ejército y Marina Nacional. Uno de los ejemplos más representativos es el de la desaparición de 43 normalistas Guerrerenses de la localidad de Ayotzinapa, quienes el 26 de septiembre fueron detenidos por la policía municipal de Iguala, mismos quienes los entregaron más tarde a la organización delictiva Guerrero Unidos. De los 43 normalista en solo uno de los casos se ha comprobado el deceso mientras que los restantes 42 aún continúan desaparecidos.
Tampoco aparecen ocho hombres originaciones de Léon, Guanajuato, quienes el 4 de diciembre del 2010 viajaban en una camioneta rumbo a la sierra de Zacatecas para practicar caza deportiva, cuando a la altura del rancho El Plateado, municipio de Joaquín Amaro, fueron detenidos por policías estatales. Según las diferentes versiones los uniformados los entregaron tan solo unas horas más tarde a los miembros de un grupo de la delincuencia organizada de la cual se desconoce el nombre pero quienes vestían de negro, con pasamontañas y portaban armas largas de uso exclusivo del ejército.
Incluso el caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Jose Angel Alvarado Herrera y Rocío Alvarado Reyes tampoco ha sido resuelto. Ellos fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua por quienes se presume eran soldados del 35 Batallón de infantería al mando del coronel Elfego Luján Ruiz.
Muchos otros casos nunca pudieron ser documentados pues existe un factor que influye negativamente en la recopilación de información de este tipo: el factor miedo.
Muchas personas temen denunciar a miembros del Ejército, de la Marina o de alguna institución policial ya que saben que no existe un sistema efectivo que los proteja ante eventuales represalias. Eso provoca que muchos casos de desaparición forzada no se denuncien y, por tanto, queden sin registro alguno.
En febrero pasado, nuestro país fue examinado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Algunas de sus observaciones advierten un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.
«Una verdadera tragedia nacional», se expresa Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de las Naciones Unidas, a la dimensión que ha alcanzado el fenómeno de la desaparición de personas en México. El origen de la tragedia según el mismo Santiago, data de 2006, luego del «espiral de violencia» que desató la llamada guerra contra el narcotráfico», una política de seguridad aplicada por el expresidente Felipe Calderón a través del empleo de las Fuerzas Armadas.
El verdadero problema es que detrás de todos estos números se encuentran historias trágicas de familias que esperan a los seres queridos que no han regresado a sus hogares: el padre que salió de la oficina, la madre que venía del supermercado, la hija o el hijo que se encontraba camino a la escuela.
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