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¿14, 150 o 300? No cuadran cifras «oficiales» sobre los muertos de Allende

*** Solo quedan vestigios de ese crimen aún más grande que el de Ayotzinapa y el más grande en la historia moderna de México.
*** Gobierno de Coahuila manipula las cifras y hace política con los «desaparecidos».

Asi quedaron decenas de residencias en Allende. ¿Y sus moradores? Fueron ejecutados en el penal de Piedras Negras.
Asi quedaron decenas de residencias en Allende. ¿Y sus moradores? Fueron ejecutados en el penal de Piedras Negras.

Cada vez que el gobierno de Coahuila, a través de su Procuraduría de Justicia, abre el expediente relacionado con el secuestro y asesinato de cientos de personas en el norte del estado, las cifras empiezan a no cuadrarles, como no le cuadran a ningún ciudadano que se jacte de ser egresado de la escuela primaria y haber pasado de panzazo sus estudios, sobre todo en lo que se relaciona a sumas y restas.
Y es que, del grueso expediente que existe en torno a las desapariciones forzosas, el procurador Ramos Gloria, por órdenes de su patrón Rubén Moreira Valdez, tuvo a bien mostrarle, nada más, una parte de éste al reportero del periódico La Jornada, Leopoldo Ramos quien, posiblemente emocionado con esta deferencia, jamás se percató que fue utilizado por el aparato gubernamental para mandarle un mensaje claro al ex gobernador Humberto Moreira para que se olvide de participar en política, sobre todo en lo que se refiere a la sucesión gubernamental y de una vez por todas se quede a vivir en España, donde se encuentra ya en estos días con que se abre el abanico del año 2016.
Solo una parte, mínima, muy mínima fue expuesta a los ojos del reportero, el platillo fuerte, la verdadera investigación, la que contiene nombres, datos, fechas, lugares, esa sigue ahí, guardada celosamente, lista para ser utilizada como arma «casi mortal» contra los enemigos políticos que tiene el gobernador Rubén Moreira.
Más, haciendo a un lado eso de los enemigos, de las venganzas, de las amenazas familiares y de los pleitos moreiristas, lo que conlleva de estos hace que los pelos se paren de puntas y que la gente se pregunte; ¿entonces, cuántos fueron… 150, 300, 400, 500? ¿Cuántos fueron los secuestrados y desaparecidos?
Porque la historia reciente de Coahuila indica que en el municipio de Allende se dio un «enfrentamiento» en el que el saldo fue de 300 personas «desaparecidas». Y en verdad es aplicable el verbo «desaparecidas», porque es fecha que no se les encuentra por ninguna parte. Ni vivos ni muertos. Tal parece que esa parte de la población de Allende a la que hoy, al fin que ya no pueden defenderse, la relacionan con el crimen organizado.
Solo quedan vestigios de ese crimen aún más grande que el de Ayotzinapa y el más grande en la historia moderna de México, que es conocido en todas las latitudes del mundo, menos en nuestro propio país, donde extrañamente no se le ha dado la difusión debida ni se ha puesto interés por resolverlo.
Lo curioso en todo esto es que fue la misma Procuraduría de Justicia la que en un principio habló de 300 «desaparecidos», luego que fueron 200, semanas después explicaron que no, que de acuerdo a las investigaciones eran 150 y terminaron asegurando que solo había diez o doce «desaparecidos», aunque las propiedades de las familias ejecutadas indican lo contrario. Son decenas de residencias lujosas las que fueron destruidas con potentes armas de fuego, tan potentes como las usadas en las guerras, que fácilmente desmoronan paredes y abren puertas y ventanas como si fueran de papel.
Ahí están esas edificaciones semiderruidas, algunas ya fueron demolidas con maquinaria del gobierno del estado para tratar de borrar de la mente de los ciudadanos ese capítulo sangriento.
Es tan mala la memoria del gobernador, del secretario de gobierno, Víctor Zamora y del Procurador Homero Ramos Gloria que, de pronto, se olvidan que ya nada más les quedaban diez muertos y vuelven a hablar de 150, seguramente mañana volverán a decir que se trató de 500 y no de 300 ejecutados en ese día aciago para los habitantes de Allende.
Es una manera extraña de mover los números, porque en eso terminaron convirtiéndose los muertos, para minimizar o maximizar, para atacar o para defender.
Esta forma de hacer política con los «desaparecidos», con las víctimas de la «delincuencia organizada» representa una verdadera suerte para el gobierno de Rubén Moreira, sobre todo cuando existen indicios de que fue él -si, el actual mandatario– quien entregó el territorio de Coahuila en manos de criminales en un afán por allegarse dinero, mucho dinero, como lo indica la periodista Isabel Arvide en su libro Mis Generales.
La periodista expone ahí sin enredos, lo siguiente: «La entrega de Coahuila a los zetas es responsabilidad de Humberto Torres Charles, hermano del exjefe de la policía estatal, y del actual gobernador Rubén Moreira Valdez, quienes se impusieron al ex gobernador Humberto Moreira Valdés.
Las decisiones del actual mandatario permitieron, según la periodista, que el crimen organizado controlara Coahuila e infiltrara la Procuraduría de Justicia y hasta el Poder Judicial.
Y sin duda, Isabel Arvide, que trajo a Coahuila su proyecto Modelo Coahuila, lamentó que éste no funcionara debido a que se privilegió la corrupción e ineptitud de los servidores públicos. Y va más allá cuando señala con índice de fuego que Rubén Moreira colocó a Jesús Torres Charles como Fiscal y éste impuso a su hermano en la Secretaría de Salud desde donde se realizaron cuantas fechorías podían realizarse para sacarles dinero a los coahuilenses.
Ya en la actual administración, que inició sin rumbo y sigue sin él, no existe voluntad para sanear las instituciones corrompidas por la corrupción y por los crímenes que se realizan al interior de los penales, añadiría la periodista que parece tener conocimiento de lo sucedido en Allende.
100, 200, 300 o hasta 500 ciudadanos de este municipio del norte de Coahuila fueron víctimas, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia, a la parte del expediente que expone, esas víctimas o sus cuerpos fueron trasladados al Centro de Readaptación Social de Piedras Negras donde los reos fueron obligados a incinerarlos en botes de acero desapareciendo con ello todo indicio de que alguna vez existieron esas personas.
En fin, lamentablemente eso ya es pasado, lo grave del caso es que los muertos sean usados como arma de venganzas políticas en lugar de esclarecer esos trágicos y criminales sucesos. Ahora resulta que los grandes maestros de la política coahuilense saben hacer sumas y restas. Restan «desaparecidos» cuando hay que restar y, sencillamente, suman muertos, muchos muertos, cuando es necesario sumar.

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