Noticias Diversas.
Escribe: Héctor Barragán.-
Atrapados entre la libertad de tránsito y la de manifestarse.-
El libre tránsito es algo tan sencillo como el derecho a trasladarse sin contra pisa alguna, de un sitio a otro, según el gusto o la conveniencia particular de cada quien, libremente y sin limitación de ninguna clase.
Lo que significa desplazarse al gusto, sin trabas, sanciones y por supuesto sin cobro alguno.
Tal derecho, bien importante por cierto, se cuenta entre las garantías constitucionales que son base de la carta magna, la constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
De manera que está por encima de las leyes, reglamentos y disposiciones que forman la pesada suma de disposiciones que pretenden regular correctamente la convivencia social de la República Mexicana.
Lo cual significa que están prohibidos las alcabalas, los cobros y demás disposiciones y acciones que se utilicen para restringir el uso de las vías, calles, carreteras nacionales.
Y sin embargo, desde hace no muchas décadas ocurre que algunos grupos, toman el espacio público demasiado frecuentemente y sin limitaciones de tiempo, para exponer su descontento, manifestarse contra supuestas o reales injusticias.
Con lo que se pretende cumplir con la otra obligación constitucional, la de permitir la libre expresión de voluntades e ideas, manifestándose la falta de respeto a los intereses de las mayorías y la ignorancia de las leyes básicas del país. Hay caminos legales para exponer esas ideas, las injusticias y arbitrariedades que los aquejan.
Porque en otros tiempos, no más de medio siglo hace, que la libertad de tránsito era cuidada por la autoridad, con marcado celo, con rigor, severamente, a pesar de los gritos de protestas.
Los atentados contra las vías generales de comunicación se castigaron con largas condenas en prisión, no contra los manifestantes sino participantes destacados, con lo que se conseguía la paz general, el desarrollo normal, pacífico de la comunidad.
Esa excesiva tolerancia con los manifestantes contradice inclusive los reglamentos municipales de antaño, en los cuales se obligaba a la gente a comprobar con suficiencia, tener un modo honesto y honrado de vivir y contar con ocupación. O sea que a los ocupantes de calles y plazas se les exigiría desplazarse.
Se entiende el porqué del cambio de actitud hacia las masas, dar al mundo una imagen de liberalismo, respeto a las opiniones de grupos, la ostentación de libertades plenas y sobre todo las opiniones, pero han caído en la demagogia, porque las manifestaciones tienen un sustento, un substrato de injusticia y que no se han atendido peticiones fundadas, legales.
Y por otro lado, las manifestaciones han degenerado, a su amparo de masas, anarquistas, alborotadores profesionales se dedican a promover desórdenes y daños, muchas veces cuantiosos.
En manifestaciones públicas, las masas son controlables, promueven el desorden y los daños y son protegidas por autoridad, seguramente por temor, ineptitud o falta de elementos.
El afán de presentar una faz de benevolencia vuelve interminable los conflictos, multiplica los perjuicios, produciendo automáticamente la imagen de irresponsabilidad, al no cumplir los derechos de proteger a la ciudadanía, sus intereses, no guardar el, orden, permitir la suspensión de actividades normales y productivas sin vías de compensación.
Es decir, que el gobierno ha permitido autoridad al permitir los desordenes, las exacciones y explotaciones de la gente, los robos.
Y resulta irresponsable al dejarse presiones por la masa agrupada que protege a los delincuentes probados, a los que transforman en presos políticos, cuando no lo son. O es que sus investigaciones sobre tales delincuentes son falsas o simplemente incompetentes.
Liberan a los sospechosos de acumulación de riquezas por medios ilegales, sin que se culminen las investigaciones y se les libera para que continúen sus actividades antisociales.
Así quedan impunes los ladrones, empleados públicos (como son los profesores) que disponen de recursos públicos también y de sus representados, porque las cantidades sustraídas las califican los jueces de delitos menores, aún cuando lleguen a cantidades millonarias.
Se llegan a solapar los asesinatos, por las razones que usted prefiera, sin que se den a conocer los resultados de investigaciones y pruebas, cuando convierten a los criminales en reos políticos.
La portación de armas, sean o no de exclusivo uso de la fuerza armada, es tolerada a los manifestantes o sus acompañantes o infiltrados, por temor o cobardía, aunque a los particulares en lo individual se les carga algo más que todo el peso de la ley.
Los daños a la propiedad ajena, son pronto olvidados, pasados por alto, a pesar de contar con fotografías de los responsables, pero peor aún es la frecuencia de daños a la propiedad pública, las sustracciones, destrucciones de instalaciones y documentos, sin que se logre hacer detenciones y mucho menos, obligar a los culpables a resarcir los daños causados.
Se ha vuelto público la controversia acerca de la ingobernabilidad, que en sentido estricto no es otra cosa aunque la falta de orden, de gobierno, que es la primera obligación de los empleados públicos.
El gobierno es el patrón, el jefe de los profesores y como tal es quien debe dictar las normas, Las condiciones de trabajo, que deben ser semejantes a las que la ley exige a los trabajadores que prestan servicio a los particulares y por tanto están obligando a suprimir todo privilegio que impida el cumplimiento de un buen servicio público.
Servicio público que ha venido perdiendo eficiencia al grado tal que los que se han beneficiado con la educación, los alumnos, han, han sido incapaces de garantizar que todo egresado encuentre al culminar su preparación sea eficiente en su desempeño, entre cuyas obligaciones encontrará la de generar sitios de trabajo bien remunerados y de acuerdo con su especialidad.
Es decir que la educación debe producir profesores competentes, abogados honrados, jueces igualmente, policías respetuosos e insobornables, magistrados…
Y básicamente diputados responsables, que generen leyes asequibles, pocas pero suficientes, disposiciones comprensibles para todo el pueblo y que dispongan la autorización de puestos de trabajo público indispensable, nóminas razonables y adecuadas a las necesidades del país y situación económica.
Algunos profesores se manifiestan abiertamente contra el gobierno, pero son incapaces de diseñar un sistema que supere considerablemente los niveles del que actualmente existe, al cual le quitan facultades indispensables.
POR LOS FRUTOS LOS CONOCEREIS.
Es una sentencia bíblica, que posee toda una serie de interpretaciones y valiosas enseñanzas, como tantas partes del más famoso código.
Se recuerda fácilmente cuando se cae en las garras publicitarias cuyo gancho son las olimpiadas, al contrastarse opiniones de expertos relacionados con la organización de los eventos.
Posiblemente sea verdad que la selección no corresponda a los mejores elementos enviados a la justa deportiva y se favorezca a parientes o aún parientes que no tengan que ver con las competencias. Es decir, se deja de apoyar a un buen prospecto para que pase el amigo o familiar. Es posible aunque no sea esta una acusación.
De manera parecida, se haya contratado a los instructores inadecuados, por la razón, alejada de su capacidad real para producir campeones olímpicos; o faltó dinero para contratar a los mejores, tal como sucede con los técnicos del futbol, en quienes se ha invertido una fortuna inconmensurable en tantos años, sin producir un equipo ganador. Y se sigue gastando sin medida contratando jugadores, que no han podido influir en mejorar la capacidad y habilidades de los expertos mexicanos en vivir bien del juego de pelota.
En su defensa, los técnicos han declarado su incapacidad de conseguir que los participantes se decidan a trabajar en equipo, de aceptar la disciplina necesaria para llegar a ser, todos y cada uno de los participantes, en un profesional de la más alta calidad.
Puede ser que tengan razón estos, como el que hayan sido engañados al seleccionar a los técnicos, que no son precisamente lo mejor de lo mejor (que es lo que se paga) o lo más conveniente para las características de los prospectos mexicanos.
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