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Confirma Tribunal dictamen de fiscalización del INE en caso Coahuila

*** Las obligaciones de reportar ingresos derivaban de la ley y no del Reglamento.-

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Monterrey, NL., 29 de septiembre.- La Sala Regional Monterrey, entre otras cuestiones, confirmó el dictamen consolidado y resolución, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativos a las irregularidades derivadas de la revisión de los informes anuales, correspondientes al ejercicio dos mil quince, presentados por diversos partidos políticos en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Los integrantes del Pleno confirmaron, en lo que fue recurrido por diversos partidos políticos, entre ellos, Nueva Alianza, Partido Campesino Popular, Movimiento Ciudadano, Partido Joven, Partido de la Revolución Democrática y Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, los dictámenes y las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en relación con las irregularidades encontradas en los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a los cargos de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Los temas analizados en los recursos de apelación decididos en sesión pública, fueron entre otros, la aplicación de las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, que los partidos señalaban no les debía haber sido exigido por no haberse publicado las reformas en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, atendiendo al criterio que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral, se sostuvo por la Sala Regional que las obligaciones de reportar ingresos derivaban de la ley y no del Reglamento y que, lo que se modificó en éste no se trataba de una parte sustancial que modificara las obligaciones de rendición de cuentas de los recursos públicos que reciben por concepto de financiamiento.

A la par se puntualizó que el deber de informar en el sistema integral de fiscalización en línea los actos públicos realizados en campaña, impone que se den a conocer al menos con 7 días de anticipación a su celebración, sin que se releve de ese deber de informar, el hecho de que se trate de eventos que impliquen o no gasto, se decidió también que el solo reporte de una agenda semanal que no incluya, en tiempo y forma, cada evento, no constituye el cumplimiento del deber que les impone el Reglamento de Fiscalización, puesto que en esa medida y bajo este modelo es que se prevé que el INE despliegue su facultad de verificación del empleo de los recursos públicos, su monto, y objeto, elementos todos ellos que son importantes en la rendición de cuentas y en la fiscalización que se realizó a los ingresos y gastos del financiamiento que les fue otorgado a los competidores del proceso electoral.

Durante la sesión pública, este órgano jurisdiccional resolvió 1 juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 7 recursos de apelación.

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