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Demandará Humberto Moreira a sus detractores; niega tratos con criminales

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Saltillo, Coah., 7 de noviembre 2017.- El exgobernador Humberto Moreira Valdés negó en forma categórica las imputaciones emitidas por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en el que se le señala haber recibido recursos provenientes del narcotráfico a cambio de permitir que los zetas sentaran sus bases en Coahuila.

Mediante un comunicado hecho llegar a El Demócrata, el también exdirigente nacional del PRI dijo que la propia Clínica, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, “atenta en forma grave, injusta y directa contra mi honor y el de mi familia, y la labor que ejercí como Gobernador del Estado de Coahuila hasta el día 4 de enero de 2011, y lo que es más grave, contra la seguridad de mi familia, esposa, hijos y la mía propia”.

Explicó que en reiteradas ocasiones ha desmentido las afirmaciones hechas por Rodrigo Humberto Uribe Tapia cuya credibilidad es nula y se hacen en el marco de una investigación llevada a cabo en EU por violencia en el ámbito familiar.

Dijo que llama poderosamente la atención que una institución como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y su director, cuya trayectoria indicaba hasta ahora su calidad de defensor de DDHH, no haya querido siquiera oír su versión, atender o rebatir el memorándum que le remitió directamente a su atención en fecha 31 de octubre, cuyo contenido, junto con el de una carta remitida al Sr. Dulitzky.

Moreira Valdés aseveró: “Asumo la crítica a las decisiones que, como servidor público que fui, tomé en su momento y en la medida de lo necesario, las aclaro o contradigo, como se corresponde a un sistema democrático. Es por ello que no llego a comprender el carácter sectario del informe en cuestión, cuyos autores no se han preocupado en aceptar la versión del que suscribe o haberme siquiera oído. Con ello, la parcialidad es evidente y queda descalificado el informe por sí mismo”.

Además dijo haber mostrado disposición absoluta para colaborar con la Corte Penal Internacional, ante la cual “ya en 2012 denuncié los graves hechos que por aquel entonces todos los mexicanos padecíamos.”

Explicó que tras la publicación del Informe de la FIDH el pasado mes de julio, no dudó en ponerse a disposición tanto de la Fiscalía de la CPI, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la propia FIDH y de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y su director Ariel Dulitzky, pero que “a pesar de esta disposición, nadie, ni en representación de ninguna de esas instituciones, ni a título personal tuvo el mínimo interés en ponerse en contacto conmigo, ni si quiera para declinar mi ofrecimiento y mucho menos para contrastar las informaciones. En función de este silencio, deduzco que son conscientes de la parcialidad de su actuación, frente a la que no voy a guardar silencio”.

Consideró que es clara la intención de perjudicarlo y producir daños irreversibles en su familia y persona por lo que se vio obligado a ejercer su derecho, no sólo para proteger su honor e imagen, sino para poner en marcha acciones de carácter civil y penal contra quienes de forma reiterada están socavando sus derechos, la seguridad de su familia y la suya propia, para que respondan ante la justicia.

“La coacción y las amenazas que estamos recibiendo ameritan una investigación seria y profunda con el fin de que se determinen los intereses de quienes tan gratuitamente me acusan de acciones y omisiones tan graves como las que se recogen en ese informe. Quien acusa debe probar las acusaciones y, desde luego, hacerlo con base en las manifestaciones de una persona como Uribe Tapia, demuestra que no quiere que se sepa la verdad, excluyendo otras hipótesis mucho más fundadas como las que se han puesto a disposición de los autores de ese informe.”

Subrayó que, a lo largo de su vida política, ha abogado por la lucha contra el narcotráfico mediante una tercera vía, basada en la construcción de una sociedad plena y próspera a través de un estado de bienestar fundamentado en la educación y el acceso a empleos con salarios dignos. “Prueba de ello son los casi 100,000 empleos creados en Coahuila al final de mi mandato, y que esa misma dinámica haya continuado hasta los más de 200,000 creados a día de hoy. Al final de mi mandato, en 2010, Coahuila fue el Estado que más creció de todo México, alcanzando más de 14% anual, cifra que demuestra que la inversión realizada en Coahuila estaba dando frutos e iba por buen camino.”

Sacó a relucir que 2005 al 2010 su gobierno invirtió 1,000 millones de pesos, estableciendo como objetivos principales la prevención del delito, la formación y capacitación de los elementos de la Policía del Estado, así como de los funcionarios adscritos a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, el adecuado equipamiento de los cuerpos de seguridad municipales y estatales y el progreso de nuestro sistema de reinserción y reincorporación social.

“El efecto de todas estas políticas públicas es palpable a largo plazo, algo que cualquier académico de la rama de las ciencias sociales sabe. Por lo que no dudo en afirmar que toda calumnia, o acusación que trate de poner en duda mi esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico es maniqueísmo en estado puro y una falsedad de dimensiones desproporcionadas y es por eso que me reservo las potestad de emprender acciones legales contra los responsables de estas acusaciones.”

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