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Ackerman, el ariete de López para irrumpir en el INE

PALCO DE DERECHOS

Por: Fernando Mendoza Elvira.-

El proceso para la elección de cuatro personas para ocupar igual número de posiciones en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es un tema de gran trascendencia para el Estado mexicano dado el contexto político imperante desde el arribo a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. El presidencialismo mexicano en tiempos del partido hegemónico causó mucho daño al país – el más visible
en el aspecto económico de crisis recurrentes que desembocaron en una multiplicación de la pobreza – pues concentraba el ejercicio del poder en una sola persona. La Presidencia Imperial, de Enrique Krauze, da cuenta de la relación inseparable del devenir histórico del México postrevolucionario con el presidente en turno. Por la narrativa del libro puede uno apreciar los sucesos históricos en torno a quienes ocuparon la Silla del Águila, con lo que ello implica. Gabriel Zaid en la Economía Presidencial incluso describe el colapso de la economía mexicana en las últimas décadas del siglo XX con una caracterización del progreso improductivo generado por las decisiones económicas del presidente de la República, dadas las facultades meta
legales que el presidencialismo mexicano depositó en su titular, quien de acuerdo con su estilo personal de gobernar iba determinando omnímodamente los destinos de la Nación, para bien o para mal.

El arribo del presidente López al poder se da con una fuerza de legitimidad de más de 30 millones de votantes que, cansados de los regímenes anteriores, decidieron no sólo depositarle el mandato presidencial, sino una cómoda mayoría en el Congreso de la Unión a su partido político -MORENA- y varios ejecutivos en importantes estados de la República. Ello le da a la presidencia de López un poder que no solo él conoce – al haber formado parte del sistema Priista -, sino que además explícitamente pretende
afianzar, e incluso incrementar, para pasar a la historia como el padre de un movimiento histórico en México, eso que López llama la Cuarta Transformación. Movimiento que sin duda tiene que ser obra y gracia del Mesías Tropical al que se refirió desde hace años el propio Krauze, para lo cual requiere concentrar más poder, uno que será clave en el próximo año 2021 y dentro de tres más: el electoral.

López conoce la importancia del órgano electoral para arribar al poder, él tuvo múltiples tropiezos en elecciones, tanto para gobernador de su natal Tabasco como para la presidencia de la República, en las cuales López fue el candidato perdedor. Intentó por todos los medios legales, políticos y de resistencia civil revertir los resultados que dieron triunfo a los candidatos triunfadores sin éxito: formalmente fueron declarados electos sus adversarios. López sabe que decidiendo la asignación de recursos presupuestales para beneficio del público electoral que le es afín a su
partido y su movimiento y tener injerencia en el órgano electoral, le significa una ventaja inmensa con respecto a quienes él claramente percibe como sus adversarios, aquellos a quienes denomina los conservadores, los fifis, los neoliberales, en suma, los traidores a la patria según su maníquea visión de la realidad política mexicana.

El Instituto Nacional Electoral -INE- es fruto de una lucha de notables personas mexicanas que por décadas demandaron contar con una institución diseñada de tal modo que pudiera dar certeza de que la organización de las elecciones, el financiamiento a los partidos políticos y la fiscalización a sus ingresos y egresos, la administración de los tiempos oficiales de radio y televisión para los partidos y candidatos, así como la emisión de reglas en la materia electoral, se encuentre a cargo de un órgano del Estado mexicano imparcial, autónomo e independiente que pueda garantizar la democracia formal.

En la concepción del Estado Constitucional mexicano surgido de la Revolución en los inicios del siglo XX, el control de las elecciones fue depositado en el Poder Ejecutivo, facultad que durante casi todo el siglo ejerció a través del secretario de Gobernación quien era a la vez el titular del órgano electoral: primero Comisión Federal de Vigilancia Electoral, luego Comisión Federal Electoral y posteriormente el Instituto Federal Electoral -IFE-.

Es hasta el año de 1994, después de la cuestionada elección de 1988 -conducida por Manuel Bartlett-, el levantamiento armado en Chiapas por el EZLN y el homicidio de Colosio, candidato presidencial del PRI, en que la reforma política que se auto impuso Carlos Salinas de Gortari, que abrió la puerta a Consejerios Ciudadanos de reconocido prestigio e imparcialidad: en este Consejo participaron José Woldenberg, Santiago Creel-Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas y Fernando Zertuche Muñoz; sin embargo su Consejo seguía siendo presidido por el secretario de Gobernación. Es hasta 1996, casi al finalizar el siglo XX, que una nueva reforma constitucional reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración. Deslindar al órgano electoral del presidente de la República implicó no sólo restar el gran poder del titular del Ejecutivo, sino impedir el uso del mecanismo electoral para el reparto de cuotas y cargos, y de esa manera poder contar con un mínimo de democracia, al menos en el aspecto formal. John Ackerman también lo sabe, en sus propias palabras: “si el IFE ya no dependiera del presidente de la República sería más difícil negociar los cargos y las candidaturas con el presidente a
cambio de lealtad política” (Ackerman, J, Autonomía y Constitución, el Nuevo Estado Democrático, IIJ-UNAM, 2016)

John Mill Ackerman Rose es un filósofo, nacido en Pennsylvania, Estados Unidos en el año de 1973, que arribó a México inicialmente para realizar sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-. Quienes lo conocen de sus tiempos de juventud y principio de su activismo político en México, lo recuerdan como un ser peculiar, de voz alta y con el sueño de constituirse en un norteamericano converso con ideas de izquierda en suelo mexicano que, iluminado por su sapiencia, junto con una pareja que fuera una guerrera azteca, pudiera liberar del yugo a los
tenochcas y demás pueblos originarios y mestizos pobres de la opresión del sistema neoliberal impuesto por mexicanos adoctrinados en universidades extranjeras, vamos, una especie de Chomsky pero con trabajo de base. John Ackerman militó en Alianza Cívica. Conoce los claroscuros de los mecanismos electorales. Sobre el órgano electoral se ha pronunciado en su ámbito de influencia, la academia. “El IFE ha sido notablemente exitoso. La ausencia de conflictos postelectorales y movilizaciones en el año 2000 no
tiene precedentes en una elección presidencial en México” (Ackerman, J, Social Accountability in The Public Sector, Social Development Departament, World Bank, 2005).

Más allá de la discusión sobre el exitoso papel del ahora INE en la consolidación de la incipiente democracia en México, de la larga lucha por contar con democracia formal con un órgano autónomo del Ejecutivo -democracia que costó incluso muchas vidas como la de Xavier Ovando-; más allá del debate sobre la prevalencia de la democracia electoral sobre la
económica y la política -en términos de la disertación que sobre democracia nos legó Giovanni Sartori- o de la importancia de un Estado Constitucional
democrático para la justicia, en términos de Rawls, es mi opinión que los avances en la integración de un Consejo General del INE que cuente con personalidades técnicamente preparadas pero también moralmente de reconocido prestigio, abonará sin duda al equilibrio político y a la ya dañada democracia en el país, especialmente ante un presidencia como la de López que ha retomado un poder concentrado que parecía ya haber sido superado.

Los derechos políticos de las personas ciudadanas contenidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son: votar en las elecciones populares; ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección; asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; tomar las armas para la defensa de la República y de sus instituciones; ejercer el derecho de petición; poder ejercer empleo o comisión del servicio público; iniciar leyes; votar en las consultas
populares y participar en los procesos de revocación de mandato. Convencionalmente se encuentran contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La mayoría de los derechos enunciados, para su realización, dependen de un órgano electoral del Estado que así lo garantice. Precisamente el INE ha sido diseñado para ello.

El proceso para el nombramiento de cuatro personas está en curso. El procedimiento se encuentra en la propia Constitución que dispone que, en una primera etapa, un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Dicho comité tiene la
función de seleccionar a los mejor evaluados y remitir quintetas de personas idóneas al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados
El INAI designó para tal efecto a Ana Laura Magaloni Kerpel y a José Roldán Xopa, ambos juristas destacados de excepcional prestigio académico y larga trayectoria como juristas; la Junta de Coordinación Política (Jucopo) designó a Silvia Giorguli, presidente del Colegio de México (Colmex); a Blanca Heredia, responsable del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); así como a Diego Valadés, jurista destacado extitular de
la Procuraduría General de la República (PGR). Por su parte, la señora Rosario Piedra, designó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la periodista Sara Lovera López y a John Ackerman.
Desde un inicio los nombramientos de la CNDH causaron polémica. Inicialmente había propuesto a Ackerman y a Carla Humphrey; el primero fue objetado por amplio sector de la opinión pública por su abierta filiación a la Cuarta Transformación, su cercanía con el presidente López y su posición familiar al ser esposo de Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Carla Humphrey por su parte hizo pública su
declinación. La ombudsperson, quien es también incondicional del presidente López y fue designada en la CNDH, con el apoyo de este, en un muy cuestionado proceso en el Senado de la República, retiró el oficio inicial, lo desconoció y mando un nuevo documento en el que designó a Sara Lovera e insistió con el nombramiento de Ackerman, a pesar de las críticas. Pero además la CNDH se extralimitó, pues intentó sugerir a la Junta de Coordinación Política “agregar dos elementos más” a los requisitos
para las personas candidatas, a saber:

• Acreditar participación y compromiso en la defensa del sufragio y la
transparencia electoral, y en general en la defensa de los derechos civiles y
políticos.

• No haberse desempeñado en algún cargo en el Instituto Federal Electoral, ni el Instituto Nacional Electoral, en los últimos 14 años.

Nuevamente criticada la institución cuya misión es la defensa de derechos por establecer algunos candados para limitar la posibilidad de participación a determinadas personas, en contra precisamente de los derechos políticos de la ciudadanía. Así, comenzó la participación de John Ackerman en el proceso quien, desde el Comité Técnico, ha buscado favorecer a las personas que le son afines a sus intereses personales y de grupo, en especial a Diana Talavera Flores quien labora en el Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo titular es el cuñado de Ackerman, Netzai Sandoval, hermano de Eréndira, la poderosa secretaria
anticorrupción del régimen de López. Desde luego no descalifico los méritos de la licenciada Talavera, ni por supuesto su derecho político para contender para ser designada Consejera del INE, lo que se cuestiona
desde aquí es la parcialidad de John Ackerman y su insistencia para proponer a su candidata, al grado que al no ser seleccionada por el Comité Técnico en una reñida votación, trinó con una gran pataleta, se levantó de la mesa y vociferando impugnó públicamente la actuación del Comité Técnico descalificando el trabajo de las demás personas integrantes, todas ellas, de reconocido prestigio como aquí ya se mencionó.

La CNDH al inicio del proceso manifestó que su compromiso democrático “no se agotará en la elección de sus dos integrantes del Consejo, sino que será vigilante en su desempeño del papel al que están llamados a cumplir, y garanticen no sólo un absoluto apego a la legalidad en su actuar, sino que además promuevan la participación ciudadana en todas sus decisiones”. La CNDH ya tuvo que hacer un exhorto a John Ackerman a conducirse con civilidad y respeto hacia periodistas por sus “expresiones estigmatizantes que pueden contribuir a agravar las condiciones en que los periodistas
desarrollan su tarea, fundamental para la democracia”. En este contexto, es que válidamente podemos exhortar a la señora Piedra para que, desde su papel como ombudsperson honre ese compromiso democrático de la CNDH y ponga un alto a la parcial actuación de su representante John Ackerman.


La actitud de Ackerman durante el proceso de selección ha sido fuertemente cuestionada por actores políticos clave, como el diputado Romero Hicks que declaró que debió haberse excusado en el caso de su candidata, en vez de apoyarla; pero sobre todo, por la ciudadanía que ve en Ackerman el ariete del presidente López para irrumpir en el INE.

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