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«Fuego Amigo» alcanza a Luis Fernando Salazar, descubren gastos por $90 MDP en campañas

La Revista Proceso cuenta con documentos de los manejos del expanista; él acusa al PRI de «filtrar» esa información.

CDMX, 19 de septiembre 2022.- “El Fuego Amigo” alcanzó ahora Luis Fernando Salazar Fernández pues la “mano negro” de uno de sus contrincantes en la búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, utilizando cuantos datos tiene a su alcance denunció abiertamente el gasto millonario que realiza el lagunero a través de una tarjeta de crédito.

La información que la revista encabezó como “En Coahuila, un madruguete a manos llenas por la gubernatura” fue entregada a la periodista de Proceso Camelia Muñoz  Proceso y son datos duros sobre el manejo de 90 millones de pesos o más que el joven político, suspirante a suceder en el cargo a Miguel Ángel Riquelme, ha gastado para darse publicidad.

Por considerar de importancia para la vida política de Coahuila, damos difusión a esa importante noticia.

(Tomada de Proceso)

“Lejos de la austeridad que pregona López Obrador como postulado de la 4T, en Morena surgen figuras políticas como el expanista Luis Fernando Salazar Fernández, quien en el periodo en el cual realizó millonarias operaciones ha intensificado su presencia en medios publicitarios y redes sociales en busca de la nominación para la gubernatura de Coahuila, cuyo proceso electoral se iniciará en enero próximo.”

SALTILLO, COAH.— Mientras se apuntala como aspirante de Morena a suceder a Miguel Ángel Riquelme Solís en la gubernatura, surgen los claroscuros del expanista Luis Fernando Salazar Fernández: gastos por más de 90 millones de pesos aparecen registrados en una tarjeta de crédito a su nombre, de los cuales 67.8 millones se pagaron entre 2019 y 2022, periodo en el cual el exdiputado federal y exsenador intensificó su presencia en redes sociales y publicidad diversa.

Documentos en poder de Proceso establecen que entre las operaciones financieras figuran como destinatarios de los recursos un grupo de empresarios del sector inmobiliario, medios de comunicación, una agencia de vehículos, notarios y colaboradores diversos, además de negocios de la familia de su esposa, Karla Matilde Villarreal Villarreal, quien también aparece como beneficiaria de la tarjeta de crédito con la cual se pagaron consumos de 20.9 millones de pesos entre 2017 y 2022, con 58 operaciones.

A esos gastos se suman al menos 1.8 millones de pesos en publicidad pagada en la plataforma de Facebook, del 4 de agosto de 2020 al 11 de septiembre del presente año en dos de sus páginas, identificadas como Luis Fernando Salazar Fernández y Luis Fernando Salazar.

Un total de 554 mil 988 pesos fueron pagados directamente por él, mientras que el resto fue financiado por cinco distintas empresas y organizaciones, como Comunicando Ideas, Comunicación Disruptiva y Cada día un mensaje, de las cuales no hay rastro. Hay otras como Movimiento Progresista, que impulsa la imagen de Marcelo Ebrard, así como la empresa Red Marketing, con oficinas en Torreón.

Otro millón de pesos se ha invertido en su imagen, pero mediante una “organización no gubernamental” denominada La Fuerza Social, que lleva las mismas siglas de Salazar y que en sus redes sociales pide un registro de afiliación, como si fuera una institución con fines político-partidistas, según constató esta reportera.

Pese a las operaciones millonarias que suele realizar el expanista en el municipio de Torreón, de donde es originario, no existen propiedades a su nombre.

De acuerdo con el registro catastral de dicho municipio, hay una vivienda a nombre de su esposa, con un valor de más de 5 millones 49 mil pesos en el exclusivo sector de Las Villas, un complejo residencial construido por la familia Villarreal Gómez, reconocida por millonarias inversiones en el sector inmobiliario no sólo en la región lagunera de Coahuila, sino también en ciudades vecinas de Durango.

A uno de los integrantes de dicha familia, Alberto Villarreal Gómez, Salazar Fernández le había transferido más de siete millones de pesos.

Por su parte, el padre del político lagunero Luis Fernando de la Asunción Woolfolk tiene registradas cuatro propiedades valuadas por al menos 8.6 millones de pesos; todas se encuentran en la colonia Ejido La Concha, cerca del estadio Territorio Santos. Fue él quien lo sustituyó cuando le cancelaron la candidatura a la presidencia municipal de Torreón en 2020, por no presentar los informes de gastos de precampaña.

Su madre, María del Carmen Fernández Ugarte, considerada con amplio poder dentro de las filas de Acción Nacional en la Laguna, también cuenta con cuatro propiedades con un valor catastral superior a los 12 millones de pesos. La mitad de dicho monto la representa una sola propiedad también ubicada en el sector de Las Villas decimoprimera etapa.

En tanto, a su concuño Roberto Ramírez Mier se le transfirieron 150 mil pesos vía la empresa BMI Capital, S.A. de C.V. Dicha firma fue inscrita en el registro Público de Comercio en 2010 y cuenta con 26 diferentes actividades, que van desde el ámbito hipotecario, además de la obtención, autorización y uso de patentes y marcas, a hacer estudios y proyectos, sistemas computacionales, otorgamiento de franquicias, derechos de autor, entre muchos rubros que no están relacionados entre sí.

La empresa fue creada en 2010 con la participación de María Estela Mier Fernández, madre de Roberto, pero en 2020 se hicieron cambios y éste quedó como administrador único junto con su pareja, Kattia Marcela Villarreal Villarreal, hermana de la esposa de Salazar Fernández.

El mismo objeto social lo realizaba la empresa Operadora Afin, creada en 2005 con la aportación del capital de madre e hijo, pero fue disuelta en 2013.

A Roberto se le menciona en una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría entregado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Combate a la Corrupción, por los sobornos que supuestamente aceptó un grupo de senadores del PAN para aprobar la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y entre los cuales se encuentran Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle, quien la semana pasada obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria en el proceso penal que se le sigue por ese caso.

Este último aparece como accionista en la empresa Casa Sierra Santa, S.P.R. de R.L., cuyos otros socios son Ramírez Mier y Salazar Fernández, y la cual, según el propio senador, se disolvió.

Otros empresarios que recibieron transferencias por parte de Salazar Fernández son el notario público Armando Martínez Herrera, la excolaboradora del torreonense Ana Isabel Godina Murillo, el actual regidor por Morena y también expanista Jesús Javier Gómez Ledezma, quien no respondió a las llamadas de Proceso.

“Tengo las manos limpias”

En entrevista telefónica, Luis Fernando Salazar tacha de noticias falsas la información sobre las investigaciones en manos de la UIF y la Fiscalía Anticorrupción, relacionadas a las cuantiosas sumas de dinero recibidas y gastadas en distintas operaciones.

“Tengo mi constancia de cumplimiento. No necesito más; tengo mi constancia ante el SAT. No tengo nada de depósitos ilegales; no sé a qué te refieras”, dice.

Pero el político reconoció que el pasado lunes 12 debió subir un video en sus redes sociales para desmentir información que se difundía vía WhatsApp sobre sus operaciones bancarias, con cantidades que van desde 150 mil hasta más de siete millones de pesos que habría transferido a un grupo de empresarios de Torreón, dedicados al sector inmobiliario, automotriz y medios de comunicación, entre ellos la familia de su esposa.

Salazar asegura que no hay ninguna investigación en su contra y niega haber participado en actos de soborno junto con otros exsenadores panistas.

El político coahuilense justifica la relación que se hizo de su persona, de su esposa y demás familiares porque formaba parte de la bancada del PAN en ese entonces, pero asegura que ni ha recibido citatorios ni tampoco ha acudido ante alguna autoridad a conocer si existe o no algún señalamiento.

“Jamás he sido denunciado por autoridad alguna ni hacendaria ni del SAT, evidentemente, ni de la UIF… Nada. No aparezco ni como indiciado ni como mencionado ni como testigo ni como que iba pasando por ahí en la denuncia de Emilio Lozoya… Cuento con todas mis declaraciones y mis constancias de cumplimiento. No soy servidor público, no manejo recursos públicos, tienes que anotar eso en grande”, insiste en varios momentos de la entrevista.

El exsenador y exdiputado federal sostuvo que sus ingresos provienen del despacho de su padre, Woolfolk y Asociados, A.C., en el que participa desde 1999, además de tener acciones en una empresa dedicada a la comercialización de forraje denominada Valle Cuatro Sierra, desde 2013. Aunque la empresa no fue localizada y el nombre del exsenador tampoco aparece en alguna empresa ante el Registro Público del Comercio.

De acuerdo con Salazar Fernández, el gasto que ha tenido en redes sociales data de años anteriores, principalmente. La organización no gubernamental La Fuerza Social lo nombró embajador, y los monclovenses César Flores Sosa y Alfonso Almaraz lo invitaron a ser su vocero.

El primero de ellos tuvo cargos de elección popular por el PAN, de donde fue expulsado y se ha dedicado a impulsar al partido Fuerza Social por México, mientras que el segundo es un empresario, socio de Inmobiliaria y Proyectos Gentem y Almeraz Especializados, creadas en 2020 y 2018, respectivamente, aunque contaba con organizaciones sociales anteriormente y daba el servicio de grúas.

La ONG mediante la cual se entregan despensas y el servicio de internet itinerante en vehículos con la imagen de Salazar Fernández ha gastado alrededor de 1 millón de pesos sólo de junio a septiembre. En su página de la red social de Facebook sólo aparece la imagen del expanista en varios actos públicos, mientras que en diversos puntos llevan a cabo una campaña de “publicidad itinerante” al colocar una enorme lona del político que permanece varias horas en plazas, cruceros y bajo puentes vehiculares.

“Yo soy embajador. Eso (los gastos de la ONG) tienes que cuestionarlo directamente a la asociación civil, a mí no. Yo no tengo responsabilidad ni tengo la respuesta. Yo celebré un documento, me contrataron para eso, para gratuitamente dar a conocer acciones, pero es harina de otro costal. Lo que yo he gastado son con recursos propios, punto.”

Pese a que están identificadas plenamente por el senador las personas que iniciaron la organización de La Fuerza Social, ninguna de ellas aparece entre los financiadores de la publicidad que inunda las redes sociales durante el contexto preelectoral en Coahuila.

Quien ha financiado el casi millón de pesos (916 mil 751 pesos) para la difusión de 54 anuncios que han estado vigentes en la red, es alguien que se identifica con el sobrenombre de “Prometeo”.

La ONG de los coahuilenses se ubica en sexto lugar de entre los anunciantes que más ha invertido en la red de Facebook durante los últimos tres meses. Antes se ubica la organización Save the Children México, con más de 3 millones de pesos pagados en anuncios, seguido por el sitio Buenas Noticias México y después el gobierno de Nuevo León, posteriormente el gobernador de dicho estado Samuel García y Greenpeace México.

Salazar Fernández dijo desconocer por qué no hay información sobre la operación de dicha organización y aseguró que no tiene conocimiento del origen de los recursos con los que se mueve por todo el territorio coahuilense, haciendo valer lo que llamó “libertad de expresión y el derecho de asociación”.

“Lo que no se vale es pedir el voto. Eso está prohibido. Ni usar recursos públicos, pero si yo que he sido servidor público y me interesa tanto mi estado, y soy una persona activa en redes sociales y me gusta opinar, porque sí tengo derecho a opinar respecto a los asuntos públicos, pues lo puedo hacer”, afirma.

–¿Cómo se puede transparentar el manejo de los recursos?

–A mí no me corresponde hacerlo. La organización existe desde hace varios años. Yo no pertenezco a la organización ni he sido fundador ni integrante de consejo.

En el video publicado por Salazar Fernández el lunes 12, el aspirante coahuilense a gobernador comienza diciendo: “El PRI tiene miedo, saben que ya se van y están desesperados, por eso andan circulando noticias falsas en mi contra: que si me investiga la UIF, que si recibí transferencias millonarias, que si compré una casa. Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Pero no, no somos iguales… no soy como ellos, yo tengo las manos limpias”.

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