NOTICIAS DIVERSAS…
Por Héctor Barragán.-
Es tradicional considerar que la resolución de algún asunto penal se soluciona en la primera semana o se dificulta resolverlo cada vez más difícilmente a medida que el tiempo transcurre. En algunos casos la demora en solucionarlo se debe a intereses importantes en el ocultamiento y se sospecha que en el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Isidro Burgos en Ayotzinapa es uno de estos casos.
Porque son 9 los años transcurridos del lamentable suceso y no hay trazas seguras de llegar a una explicación aceptable.
El encarcelamiento del alcalde de Iguala Guerrero por algunos años y que podría ser liberado en cualquier momento, es el inicio del problema, por ignorarse hasta ahora la razón suficiente para la detención del grupo de 43 estudiantes, a la fuerza militar, las instrucciones que recibieron los soldados para transferirlos a otra municipalidad, Cocula y el por qué de esto, además de una siguiente entrega los jóvenes al Ayuntamiento de Huitzuco.
En el inter se menciona la entrega, igualmente sin razones, a la organización clandestina de los Guerreros Unidos.
Se mencionó la utilización de autobuses para el traslado, así como que en alguno de ellos se encontraron rastros o porciones de estupefacientes, de lo cual no se volvió a mencionar o referir cosa alguna.
La falta de claridad respecto de estas cuestiones resulta inexplicable cuando la cifra de entrevistados relacionados con los hechos, de la detención a la desaparición de los muchachos, se acerca a los 500.
Las preguntas no fueron las indicadas, faltó precisión a las interrogantes o los casi 500 entrevistados y entre ellos los detenidos legalmente salvo los mandos políticos, militares y funcionarios de los ramos correspondientes, fueron indebidamente señalados y sirvieron solamente para ganar tiempo, demasiado tiempo y desviar la atención.
Fuera del asunto legal, se menciona la posibilidad de que hayan sido reclutados por los cárteles, comisionados a tareas de alto riesgo y excelente remuneración por tratarse de jóvenes preparados, audaces, ambiciosos, en labores secretas, como es secreto el destino del importante grupo estudiantil.
La verdad seguramente se oculta entre la enorme documentación generada y por ello inútil, que no sirve ni siquiera para tranquilizar a los familiares y mucho menos a los interesados en mantener los conflictos vivos y a la opinión pública en contra de las autoridades a las que se les cuestiona su labor.
En el largo tiempo de este asunto han intervenido cientos de personas, especialistas, empleados técnicos y profesionales así nacionales como extranjeros, de Argentina y europeos, con objeto de investigar la identidad de diversos restos humanos encontrados en los sitios “probables “donde suponen dejaron los restos de los estudiantes asesinados. Años trabajaron y los familiares afectados no aceptaron los resultados, instigados por los abogados encargados del caso por los mismos particulares.
En el curso de tal tiempo se han erogado millones de pesos en sueldos, honorarios, viáticos y familiares y sus abogados se muestran totalmente inconformes con los resultados ofrecidos por conducto del gobierno.
Naturalmente que la mayor parte del interés de los defensores de los familiares son los honorarios y gastos supuestamente en que incurren en sus trámites (las famosas copias y certificados y gastos diversos de los defensores) lo que por cierto no corresponde a la deontología que debe ser el primer requisito que deben cubrir en su ejercicio profesional. Es decir la honradez y limpieza de actuación.
Pero es de reconocer que los millares de simpatizantes del asunto, incurren en gastos igualmente considerables, que se ignora quien aporta, pero que benefician a unos cuantos política y económicamente, al tiempo que perjudican a otros, pero en corto número.
Sin contar a los adheridos, quienes se suman a las manifestaciones y las vuelven multitudinarias y dañinas a la sociedad, pero sobre todo a la imagen que se tiene la ciudadanía en general de las ciudades en que se manifiestan y por supuesto en el resto del mundo.
Igualmente, motivo de responsabilidad y sancionarse económica y penalmente, los daños causados por el vandalismo y en particular por el desprestigio a personas en lo individual por un asunto demasiado oneroso que está a cargo de los buenos ciudadanos, los pagadores de impuestos, que directa o indirectamente cubren, adicionados a las pérdidas sufridas por ausencias injustificadas a sus labores productivas.
Pero esto de los daños y perjuicios no solamente son debidos a deficiencia policial, sino a que el Poder correspondiente no cumple con su tarea. La impartición de justicia.
Deja un comentario