RETRIBUCIONES
Por: Luis Enrique Morales.-
Hace algunos días, mis redes sociales se plagaron de comunicados en los que grupos de abogados lamentaron unas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJECZ), Miguel Mery Ayup, quien, en forma inesperada, se sinceró ante los medios de comunicación y dio una dura opinión sobre el trabajo de algunos abogados litigantes en el estado.
Las distintas barras de abogados se unieron para criticar duramente al magistrado presidente, acusando de inaceptables y erróneas sus aseveraciones.
Antes de prejuzgar, conforme a estos comunicados, que contienen casi la misma redacción, me di a la tarea de escuchar a fondo las declaraciones del funcionario, esas que tanto escándalo provocaron entre el gremio jurídico.
En resumen, Miguel Mery opinó sobre un caso en específico: el de una mujer que fue supuestamente acusada de violencia vicaria, caso en el que el juez en realidad imputó a dicha mujer por violencia familiar en modalidad psicológica. Derivado de ese caso, el magistrado acusó acciones y actitudes totalmente inapropiadas por parte de los abogados litigantes, y cito textualmente: “a veces hay juicios y procesos largos y los hacen así las partes, no nosotros. El conflicto es de dos partes y se atienden con nosotros… es un asunto que tiene que legislarse, en esa parte faltan a la ética profesional. Las acciones de las y los abogados entorpecen que pueda haber mediación, que las partes puedan llegar a un acuerdo, porque solamente establecen más irascibilidad, más enojo y más violencia en vez de encontrar la justicia. Me parece que en el tiempo ganan, económicamente. Mientras te tengan ahí atorado en un juicio te van a seguir cobrando.”
Además, detalla ciertos actuares de algunos abogados para entorpecer los procesos y alargarlos lo más posible, manipulando el sistema para ganar más dinero, a costa de la desgracia de sus clientes.
Lo peor de todo esto, aunque le duela a la abogacía coahuilense (y vaya que le dolió), es que el magistrado tiene razón. Justo al escuchar sus palabras vino a mi mente el caso de un compañero reportero en Parras de la Fuente, quien, al ir manejando su motocicleta, fue embestido por un imprudente joven que se pasó el alto a bordo de su camioneta. Hubo testigos, fotografías, croquis, evidencia al por mayor con que presuntamente responsabiliza a Royer ’N’. Ambas partes saben cuál será el desenlace. No hay otro; sin embargo, su defensa se ha dedicado a volver el proceso judicial un tema interminable.
La irresponsabilidad y poca ética del abogado defensor alcanzan un nivel nauseabundo: pelear con cada juez en cada audiencia, alegar detalles totalmente intrascendentes, aletargar los procedimientos y bloquear, a toda costa, cualquier posibilidad de negociación. En resumen, un cochinero. Tanto así que, pasada la audiencia intermedia, decidió interponer un amparo para frenar el proceso un año o dos más. Y este caso, producto de un accidente automovilístico, fue en enero de 2024. Hace ya más de dos años. Hubo un choque y una afectación, y el responsable tiene que pagar el resarcimiento de los daños, recordando los dogmas de la ley, la cual se rige por los principios de la razón y la lógica jurídica. Tarde o temprano, el presunto responsable, Royer ’N’, tendrá que pagar. Entonces, ¿por qué su abogado se empecina tercamente en aletargar lo ineludible?, ¿con qué objeto? Sinceramente, no he logrado comprenderlo. Solo ha logrado que su cliente acumule intereses y, cuando sea la hora de pagar, terminará pagando el doble o le triple de lo que hubiera pagado en un inicio.
Y así como el caso de nuestro compañero ¿Cuántos más no habrá en Coahuila? Miles de juicios aletargados, con amparos absurdos, con abogados ‘maleta’ que dañan a ambas partes, incluyendo a sus propios clientes, solo para exprimir sus recursos justo cuando están más vulnerables.
Es por ello que, parece cínico este acto de sentirse agredidos, como lo han señalado las Barras de Abogados, cuando estas mismas organizaciones no son capaces de medir y limitar el actuar de su gremio litigante.
En otros países, como mejor ejemplo, Estados Unidos, las barras de abogados vigilan activamente el actuar de los litigantes y abogados en general. Cada estado tiene su propia barra, que regula la licencia y el comportamiento ético, asegurando que los abogados cumplan con las normas profesionales. ¿Y aquí en México, quién lo hace? Todos sabemos que no son todos y que generalizar nunca ayuda, pero sí es un considerable porcentaje de abogados el que recurre a estrategias sucias y afecta a sus clientes y a las contrapartes con tal de ganar un poco más de dinero en el proceso.
A Miguel Mery hoy lo critican duramente por decir una verdad incómoda, una verdad que debería poner a pensar y a concientizar sobre la necesidad de crear un organismo que regule el actuar de los abogados, no solo en Coahuila, sino en todo México.
No queda más que darle la razón al magistrado: hay abogados que son una verdadera mafia gangsterial y así lo reza el viejo refrán: «Quien con abogados se acuesta, en los tribunales se levanta«.
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