Asesta SCJN duró revés al ambicioso gobernador de Coahuila

***  Invalida extinción de dominio a bienes incautados a los narcos

*** Propiedades están en manos de “las autoridades”, PGR las reclama.

*** El candidato del PRI Luna Canales se adueñó ¡hasta de cuatro ponys!

Saltillo, Coah.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un duro revés a los intereses financieros del gobernador Rubén Moreira, y sus principales colaboradores y “socios”, al invalidar la extinción de dominio de los bienes incautados a la delincuencia organizada.

La decisión de la SCJN causó sorpresa entre las autoridades de Coahuila que anunciaron, a través de su secretario de gobierno, Víctor Zamora Rodríguez que buscarán acciones para encontrar la manera de que los bienes incautados a miembros de la delincuencia organizada pase a “manos del gobierno de Coahuila”.

El funcionario explicó que el gobernador Moreira “Ya está trabajando para echar abajo la invalidación de las leyes estatales y que inclusive se ha reunido con titulares de diferentes organismos federales como la Procuraduría General de la República.

Molesto por la decisión que obliga a Coahuila –a los “servidores públicos” de la actual administración—a devolver los bienes que ya tenían en su poder, como son las diversas propiedades que se les incautaron a miembros del crimen organizado y que van desde casas, hasta ranchos, ganado  y grandes cantidades de dinero que nadie sabe en manos de quién quedaron, el secretario de gobierno explicó que se formó un grupo de trabajo para encontrar la manera de que “las entidades” puedan aplicar la extinción de dominio a los bienes incautados a personajes de la delincuencia.

Ese grupo, a decir de Víctor Zamora, lo encabeza el procurador de justicia del estado Homero Ramos Gloria quien “cabildea” con otros procuradores para hacer una propuesta generalizada que permita que la Suprema Corte de Justicia dé marcha atrás en su decisión que, supuestamente, “lesiona los intereses de los coahuilenses”.

“Tenemos que buscar la forma, no es posible que los bienes incautados a los capos del narcotráfico estén ahí y no podamos hacer nada nosotros. Estamos trabajando ya en esa figura y supimos lo de la declaración de inconstitucionalidad, pero estamos trabajando”, explicó en forma por demás cantinflezca el segundo hombre de a bordo durante una conferencia de prensa.

Con esta decisión de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, los funcionarios de Coahuila que se han apoderado de bienes que pertenecieron a miembros del crimen organizado, tendrán que devolverlos, incluyendo cuatro ponys que le fueron “obsequiados” por los Gates a Armando Luna Canales, candidato del PRI a una diputación federal, y que fueron sacados ilegalmente de una propiedad del norte del estado.

Hasta ahora nadie sabe el destino que tuvieron decenas de propiedades de importantes narcos que sentaron sus bases en Coahuila y que han sido detenidos o han muerto en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, pero al tratar de oponerse a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es seguro que estos bienes no han servido para beneficiar a la ciudadanía.

Como se recordará, el pleno de la SCJN dejó en claro que los congresos estatales no pueden legislar en materia de delincuencia organizada, pues hay aspectos de la extinción de dominio que solo competen al Congreso de la Unión.

La Procuraduría General de la República demandó la inconstitucionalidad del artículo 9. Fracción  V de la Ley de Extinción de Dominio mediante la que se autorizaba al estado  incautar bienes al acreditarse el delito de facilitación delictiva.

El artículo  del Código Penal de Coahuila  vulnera el artículo 22 de la Constitución, en razón a que limita  la procedencia de la extinción de dominio a los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, José María Fraustro Siller, al ser cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la entidad tiene leyes “muy adelantadas” y que la Ley de Extinción de Dominio tiene algunos aspectos importantes que no se contemplan en la legislación federal.

Sin embargo, pese a las declaraciones de Víctor Zamora y de Fraustro Siller, se sabe que el descontento e inconformidad del gobernador Rubén Moreira a esta decisión de la Suprema Corte se debe a que ahora tanto él como sus principales colaboradores tendrán que entregar a la Procuraduría General de la República los bienes que pertenecieron a miembros de la delincuencia organizada.